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Lunes, 25 de noviembre de 2024

Ley de Medidas Tributarias para que los servicios públicos puedan mantenerse y crecer

El “mantenimiento y crecimiento” de las políticas sociales es el argumento sobre el que el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, basó la aprobación esta mañana en Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos.

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Con un saldo negativo a final de este ejercicio en el entorno de los 700 millones de euros y un déficit que se situará en aproximadamente el 2,01%, el consejero Gimeno insistió en que, a pesar de las importantes operaciones de refinanciación de la deuda, “si queremos garantizar el mantenimiento y el crecimiento de servicios públicos como la educación, la sanidad, las ayudas a la dependencia, los servicios sociales, la renta básica, la vivienda y la investigación hay que aportar recursos procedentes de las competencias de la Comunidad Autónoma, toda vez que el estado va aportar el año que viene 180 millones de euros más como consecuencia de la mejora de la economía”.

Fernando Gimeno, tras dejar claro que Aragón es la segunda Comunidad Autónoma, tras Madrid, con una menor presión fiscal, afirmó que la Ley de Medidas Tributarias aprobada hoy en Consejo de Gobierno “es un paso más en los compromisos asumidos para la investidura del presidente Lambán” y matizó igualmente que “estamos haciendo lo que ya han hecho otras comunidades autónomas” con la salvedad de que estos impuesto “no afectan a la amplísima mayoría de los ciudadanos aragoneses”.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, destacó que “sin esta Ley sería imposible garantizar el estado de bienestar en el futuro, contar con unos presupuestos de justicia social y cumplir con los acuerdos de investidura de PSOE, CHA, IU y Podemos”.

Tal y como ha explicado José Luis Soro, la clave de esta reforma está en que los impuestos, que recaerán en las rentas más altas, servirán para beneficiar al conjunto de la ciudadanía, jugarán la función redistributiva desde la que mantener los servicios públicos de una forma solidaria y con justicia social.