Repunta en 2017 el número de reclamaciones planteadas a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de Aragón

Según recoge el informe anual de 2017 de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de Aragón, durante el año pasado este organismo registró un repunte de las reclamaciones presentadas para su estudio. Ello supone un cambio en la tendencia puesto que, mientras que durante los años 2014-2016 hubo un descenso notable del número de asuntos planteados ante la Junta de Reclamaciones, en 2017 se ha producido un repunte considerable para alcanzar cifras similares a los años 2012, 2014 o 2016.   Por lo que se refiere a las reclamaciones resueltas, se mantiene un número constante a partir de 2012, consecuencia del incremento de la periodicidad de las reuniones de la Junta y del mayor esfuerzo del personal dedicado a la elaboración y aprobación de resoluciones.   Del análisis de las materias objeto de las reclamaciones presentadas se constata la consolidación de una de las tendencias que ya se puso de manifiesto en informes previos y es el hecho de que más de la mitad de las reclamaciones presentadas durante 2017 se refieren a Impuestos medioambientales, principalmente, al Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por las Grandes Áreas de Venta.   Este hecho coincide con la admisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, relativas a la posible oposición del citado impuesto a los artículos 49, 54 y 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, referentes a la libertad de establecimiento y posible ayuda de Estado. Un asunto sobre el que recientemente se pronunció la abogada general del Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo, Juliane Kokott, asegurando que el Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por Grandes Áreas de Venta que se aplica en la Comunidad Autónoma no constituye una ayuda de Estado. Aunque se desconoce cuándo se dictará la sentencia, todo parece indicar que resultará favorable a la posición defendida por Aragón. En el informe emitido reconocía también el carácter medioambiental del impuesto así como su carácter redistributivo, asegurando que no perjudica a las grandes empresas extranjeras.   Como novedad respecto a años anteriores, el segundo gran bloque de reclamaciones presentadas se refiere a la categoría “Otras materias”, aunque prácticamente todas las reclamaciones son presentadas por el Ministerio del Interior contra facturas de centros hospitalarios del Servicio Aragonés de Salud en concepto de asistencia sanitaria prestada a internos de centros penitenciarios. Parte de estas reclamaciones ya han sido resueltas por la Junta en el año 2017, inadmitiéndolas al considerar que dichas facturas no se encuentran entre los actos susceptibles de reclamación económico-administrativa por no participar de la naturaleza de un ingreso de Derecho Público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o de alguno de sus organismos públicos.   La tercera materia que concentra la litigiosidad ante la Junta de reclamaciones son los asuntos relacionados con el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, si bien el número de asuntos es muy similar al de años anteriores. Por otra parte, del análisis del fallo de las resoluciones dictadas por la Junta de Reclamaciones es posible concluir que, como en años anteriores, la gran mayoría tienen un sentido desestimatorio de las pretensiones formuladas por los reclamantes.

Finalmente, por lo que se refiere al estado de las reclamaciones, a fecha 1 de enero de 2018, están pendientes de resolverse 176 reclamaciones.