La responsabilidad social se incorpora a la Administración autonómica

El Gobierno de Aragón promoverá este mismo año la responsabilidad social en la Administración autonómica, con el objetivo de contribuir a integrar las demandas de las buenas prácticas en los distintos ámbitos de gestión pública. Ésta es una de las principales novedades del Plan Anual de Inspección de Servicios que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno, junto a la elaboración de un estudio de gestión de la edad en la Administración.

Además, este plan prevé sondear en este año la percepción sobre el Servicio de Autorizaciones Administrativas y Sanciones de la Dirección General de Justicia e Interior entre otras acciones para promover la calidad de los servicios, y también revisar el plan de racionalización del gasto corriente que se puso en marcha en 2011.

El acuerdo aprobado sitúa el plan anual de Inspección en el marco del compromiso del Gobierno de reforma de la arquitectura institucional de la Comunidad y el Plan general de mejora de la calidad de los servicios que está en elaboración -fruto de la ley de Calidad ya aprobada- y se someterá en su momento al conocimiento de las Cortes de Aragón.

La Inspección de Servicios, como unidad horizontal y transversal en el conjunto de sus actuaciones, centra gran parte de su trabajo en la calidad, pero también en organización y personal, así como en evaluación y mejora de los servicios. Es en el segundo apartado de organización y personal donde se producen las principales novedades de este año.

La responsabilidad social será objeto de planificación para su impulso en la Administración autonómica, como en otras organizaciones públicas. El Gobierno espera que se puedan consensuar los contenidos preventivos, organizativos o institucionales en principio con los sindicatos y a posteriori también con los partidos políticos.

La otra gran novedad en este ámbito -también ligada al Plan d Calidad así como a las propuestas de Administración saludable-, es la elaboración de un estudio de gestión de la edad en la función pública. Su objetivo es el reconocimiento de los nuevos escenarios que entraña el envejecimiento de la población activa, analizando la situación sociodemográfica y las actitudes, expectativas y hábitos de los empleados públicos.

Y, en última instancia, formular propuestas tanto para mejorar la calidad de vida de los trabajadores como para adaptar la estructura funcionarial a las necesidades que se perfilen para el futuro y mejorar en definitiva la prestación de servicios a los ciudadanos.

En cuanto a actuaciones en materia de calidad, este año se pulsará mediante encuestas la opinión de los usuarios específicamente del Servicio de Autorizaciones Administrativas y Sanciones de la Dirección General de Justicia e Interior, encargada del juego o los espectáculos públicos, tras el reciente cambio de normativa en la materia.

Ahora hay que definir la muestra representativa por sexo o edad y número de encuestados en función del número de usuarios del servicio. El trabajo de campo se realizará sobre octubre y se espera tener los datos y las conclusiones a finales de año. La implantación de cartas de servicios para la divulgación y promoción de las actividades propias y la que será la cuarta jornada sobre calidad, prevista a finales de año, completan las actuaciones en este apartado.

Por último, el plan anual establece actuaciones en materia de evaluación y mejora de los servicios que incidirá en la supervisión por parte de la Inspección de las autorizaciones de los fondos europeos agrícolas en colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Y también revistar y actualizar el plan de racionalización del gasto corriente aprobado en septiembre de 2011, para rediseñar un sistema más eficaz de control, no sólo para seguir y conocer la evolución del gasto público, sino también para agilizar en su caso la toma de decisiones.