Saz: “No debemos caer en la trampa de vincular las balanzas fiscales con la reforma del sistema de financiación autonómica”

Las balanzas fiscales no deben vincularse a la reforma del sistema de financiación autonómica. Así lo ha defendido el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, que ha señalado que “no debemos hacer el juego a quienes quieren que las balanzas fiscales sean un referente para la articulación del sistema de financiación, porque eso solo se puede hacer desde la ignorancia o desde el interés de algunos”.

En su comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes, el consejero ha explicado que “las balanzas fiscales no tienen absolutamente nada que ver con el sistema de financiación, pese a que algunos traten de vincularlo para enturbiar el debate. Las balanzas son un simple ejercicio hacendístico, que conducen a la conclusión absurda de que las Comunidades que más tienen son las más deficitarias”.

José Luis Saz ha reconocido que en todas las balanzas que se han realizado en los últimos 25 años “Aragón sale bien parada, porque fundamentalmente el dato que tienen en cuenta es la población. Pero precisamente nosotros defendemos que en el nuevo sistema de financiación autonómica la población no debe ser tan importante como lo es actualmente. Por lo tanto, sería un grave error caer en ese debate, esa trampa en el que algunos están intentando introducirnos. Nuestro debate será mantener nuestros postulados, para defender que en el sistema de financiación ganen peso factores sociodemográficos como el territorio, la densidad, la dispersión de la población o el envejecimiento”, ha asegurado.

El consejero de Hacienda y Administración Pública ha expuesto estas valoraciones en la Comisión de Hacienda de las Cortes, en la que ha comparecido a petición propia para informar sobre los acuerdos adoptados en el último pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reunió en Madrid a los consejeros de todas las Comunidades Autónomas.

La principal novedad de la que ha informado el consejero es el acuerdo que permitirá a Comunidades disponer de la recaudación íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio. Así, las Comunidades Autónomas no deberán devolver al Estado estos importes en la liquidación de cada ejercicio, como se venía haciendo hasta ahora. Una decisión que contó con la aprobación casi unánime del Consejo y que repercutirá en una mayor capacidad de financiación para las Comunidades.

José Luis Saz ha asegurado que la medida “es positiva para Aragón y para el resto de Comunidades, porque supone una mayor dotación presupuestaria. Es un esfuerzo del Gobierno de España para financiar a las Comunidades Autónomas, dentro de las estrecheces del actual modelo de financiación autonómica”.

Aragón recaudó 27,3 millones de euros en 2013 y 28,7 millones en 2012, que no tendrá que devolver en las correspondientes liquidaciones que se ejecutarán dos años después del cierre de cada ejercicio. Con el objetivo de favorecer la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas, no se deducirán estos pagos en las liquidaciones definitivas de los años 2012 y 2013, que se realizarán en 2014 y 2015, respectivamente.

El consejero ha explicado también que en la reunión se planteó una votación, a propuesta de la Comunidad de Madrid -que no aplica este impuesto a sus ciudadanos-, para distribuir entre todas las Comunidades el montante total de unos 600 millones anuales que el Estado deja de recaudar por la cesión de este tributo a las Comunidades que sí lo aplican.

José Luis Saz ha indicado que votó en contra a esta propuesta, como casi todos los representantes autonómicos, puesto que “los impuestos de los aragoneses no se deben distribuir en otra Comunidad Autónoma, porque cada uno debe ser responsable de no aplicar una medida tributaria como el impuesto sobre el patrimonio”.

El impuesto sobre el patrimonio, que gestionan las Comunidades desde el año 2001, fue suprimido en 2008 mediante la aplicación de una bonificación del 100% sobre la cuota íntegra de este tributo, y posteriormente fue restablecido en el año 2011 en la mayoría de Comunidades, incluida Aragón. Desde el ejercicio 2009, el Gobierno central reintegra mensualmente a cada Comunidad una compensación por la supresión del impuesto, que se incluye en las transferencias de financiación autonómica, a través del Fondo de Suficiencia Global, pero que el Estado deduce luego de la transferencia anual del sistema de financiación autonómica.

Así, el impuesto sobre el patrimonio se integrará plenamente en las competencias autonómicas, en los mismos términos que el resto de impuestos cedidos, en la reforma fiscal que aprobará este año el Gobierno central.

El Ministerio reduce al 1,45% el déficit aragonés de 2012

Por otro lado, el consejero José Luis Saz ha expuesto en la Comisión la información sobre el cumplimento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2012 de las Comunidades Autónomas. Cabe destacar que Aragón cerró el ejercicio de 2012 con un déficit del 1,45%, según los datos definitivos que dio a conocer el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tras el habitual proceso de ajuste de contabilidad que realiza el Ministerio de Hacienda y que dura varios meses tras la publicación de los datos iniciales. Así, el déficit de Aragón se ha reducido en dos centésimas respecto al 1,47% que publicó inicialmente el Ministerio, aumentando por tanto el margen de cumplimiento respecto al objetivo de déficit, que estaba fijado en el 1,5%.

Otro asunto que se abordó fue el proceso de reordenación y racionalización del sector público autonómico. El consejero ha explicado que el Gobierno de Aragón está cumpliendo con éxito el objetivo de “normalizar y racionalizar las cuentas públicas”. En concreto, Aragón ha eliminado ya 11 entes públicos y otros tres están en proceso de eliminación, lo que supone un cumplimiento del 88% respecto al compromiso inicial de reducir 16 entes públicos del sector público aragonés, con el objetivo de aplicar medidas de control, eficiencia y reducción del gasto público.

Además, Saz ha informado a la Comisión de Hacienda de las Cortes sobre la creación de un grupo de trabajo, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que estudiará la metodología más eficaz para publicar la información detallada sobre la incidencia de los beneficios fiscales en los ingresos de las Comunidades Autónomas. De esta manera se pretende cumplir con la Directiva de la Unión Europea sobre esta materia, de la forma más detallada, comparable y homogénea posible, teniendo en cuenta la importancia y la diversidad de los beneficios fiscales en los sistemas tributarios de las administraciones autonómicas.