Acuerdo para impugnar la orden ministerial que permite a las eléctricas cobrar recargos a los consumidores aragoneses por impuestos autonómicos

El Consejo de Gobierno ha decidido impugnar por vía contencioso-administrativa la normativa estatal, que faculta a las empresas suministradoras a establecer suplementos territoriales por tributos medioambientales de 2013, que en Aragón afecta al ICA y el Impuesto de Emisiones.   El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Dirección General de Servicios Jurídicos para ejercer en representación de la Comunidad las acciones judiciales necesarias, mediante nuevos procedimientos o personándose en otros ya iniciados, con el fin de solicitar la nulidad de la aplicación a los consumidores aragoneses de suplementos territoriales de los peajes de acceso a la electricidad como consecuencia de determinados impuestos autonómicos de carácter medioambiental.   El Gobierno ha decidido impugnar en la vía contencioso-administrativa la orden estatal ETU/66/2018, de 26 de enero, por la que se fijan los tributos y recargos considerados a efectos de los suplementos territoriales y se desarrolla el mecanismo para obtener la información necesaria para su fijación en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013.   En esta Orden del Ministerio de Energía se sientan las bases para que las facturas por suministros de energía eléctrica, emitidas a los usuarios aragoneses y a los de otras CCAA, se incrementen en el importe de determinados impuestos medioambientales pagados por las compañías eléctricas. La normativa estatal que va a recurrir el Gobierno de Aragón se circunscribe al ejercicio de 2013, en la anterior legislatura, y los suplementos territoriales autorizados afectan por tanto a los tributos autonómicos vigentes entonces, que en el caso de Aragón eran el Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (ICA) y al de Emisión de Sustancias Contaminantes a la Atmósfera.   Dado que la Ley del Sector Eléctrico cambió después de 2013, la orden ministerial que se va a recurrir no afecta a otros impuestos medioambientales establecidos posteriormente en la Comunidad aragonesa.   En todo caso, una vez analizada la normativa aplicable, el Gobierno de Aragón considera que ni los consumidores aragoneses tienen que soportar los impuestos exigidos a las empresas suministradoras de energía, ni el Ministerio puede decidir que esos impuestos los paguen los ciudadanos aragoneses cuando la normativa tributaria los hace recaer en quien causa el daño medioambiental .

Por tanto, el Consejo de Gobierno ha dado instrucciones para que los servicios jurídicos emprendan las acciones necesarias para que el proceso emprendido con esa orden ministerial no se lleve a la práctica.