El Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios organizan una jornada sobre Administración pública y diversidad religiosa

El Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, han organizado el próximo 7 de abril, en colaboración con la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia, el primer encuentro de análisis sobre diversidad religiosa y administración pública en Aragón. Se trata de una sesión de debate dirigida especialmente a cargos electos y empleados públicos de la Administración local y autonómica, y pretende generar un espacio donde poder contrastar la realidad y las experiencias concretas de la gestión pública en el tratamiento de las confesiones religiosas minoritarias en Aragón.

El encuentro surge de la necesidad de debatir cómo están afrontando las administraciones públicas la creciente realidad de personas con prácticas religiosas diversas que conviven en pueblos y ciudades, una situación que ha provocado la aparición en la vida pública y en la gestión de la Administración local y autonómica de situaciones nuevas en la educación, la sanidad y las relaciones institucionales. Una nueva realidad de pluralismo religioso que los poderes públicos deben dar respuesta desde el respeto al derecho a la libertad religiosa consagrado en la Constitución española y a la vez promoviendo la cohesión social, la normalización y la convivencia vecinal.

El director general de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya,  afirma que la Administración pública ¿no puede ser ajena a abordar los nuevos retos que se derivan de la realidad del hecho religioso, derecho que consagra la Constitución, y tiene la responsabilidad de reflexionar desde la práctica sobre los límites del ejercicio de la libertad religiosa, el equilibrio entre laicismo y pluralismo religioso o el marco de cooperación y gestión pública que la actual normativa plantea¿.  A su juicio, esta apuesta política llevará a los poderes públicos a que se avance en el respeto a los derechos de las religiones minoritarias y se colabore en la prevención de conflictos comunitarios.