Aprobada la ley que hará más transparentes las administraciones públicas aragonesas y que facilitará la participación ciudadana

Hacer visible al ciudadano toda aquella información que le ayude a saber cómo se gestiona lo público y proporcionarle los medios necesarios para que participe en los asuntos públicos. Son los dos objetivos fundamentales de la Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana de Aragón que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno.

Se trata de un texto que ve la luz después de haber sido sometido a información, a audiencia pública y a un proceso participativo. Un proceso por el que se han modificado 49 artículos y 6 disposiciones de los 60 artículos y 11 disposiciones que forman esta ley.

El Gobierno de Aragón ha recibido más de 450 alegaciones que ha tenido en cuenta en la redacción final del texto. La Universidad de Zaragoza, sindicatos, partidos políticos, el Justicia de Aragón, la Federación Aragonesa de Solidaridad, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Aragón, colegios profesionales… Así hasta más de 30 entidades y 90 ciudadanos que, a título individual, han participado para mejorar el texto.

Por la inclusión de sus aportaciones, las entidades privadas tendrán que ser transparentes cuando reciban más de 50.000 euros, en vez de 100.000 euros como estaba en la redacción del anteproyecto. El Consejo Local de Aragón lo propuso al considerar que 100.000 euros era un umbral muy alto y por eso se ha rebajado a los 50.000 euros en la Ley. A petición de varias ONG y voluntarios, aparecerán los datos profesionales de los componentes de las estructuras organizativas solamente cuando se trate de cargos retribuidos. También, y tal y como sugería la Plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda, junto a subvenciones y ayudas públicas, se publicarán los avales que concedan las Administraciones Públicas. La obligación de publicar las listas de espera aparecerá de forma expresa y, a petición de UGT, cuando un ciudadano solicite información recibirá un justificante de dicha solicitud.

En cuanto al Consejo de Transparencia se ha modificado su composición para que en vez de dos diputados de las Cortes sean miembros dos representantes nombrados por los diputados de las Cortes de Aragón. De esta forma se dará cabida a expertos o representantes de entidades ciudadanas. Además, se incluye un representante de la Cámara de Cuentas. El Consejo de Transparencia queda, por tanto, compuesto por: dos miembros nombrados por las Cortes de Aragón, un representante del Justicia de Aragón, un miembro del Consejo Consultivo de Aragón, un representante de la Cámara de Cuentas, un representante de las entidades locales y un representante del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de transparencia.

La edad a partir de la cual se puede solicitar información se rebaja de los 16 a los 14 a petición del Justicia de Aragón. Y como pidió la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Aragón, hay una mención expresa a que la Participación Ciudadana fomente y fortalece el tejido asociativo en Aragón, como expresión colectiva del compromiso de los ciudadanos. En este apartado, el de Participación Ciudadana, se han incorporado, como solicitaron varias personas en los talleres de debate y diversas entidades, nuevos artículos que mejoran el texto y en los que se hace referencia expresa, por ejemplo, a las medidas de fomento de la participación ciudadana. Como novedad las entidades ciudadanas, además de las locales, podrán solicitar ayudas, subvenciones y otras medidas de apoyo para realizar procesos de participación.

Obligaciones

Las entidades que estarán obligadas a ser transparentes serán, entre otras, las siguientes: la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, las sociedades mercantiles con participación pública superior al 30%, las fundaciones con más del 30% de participación pública, las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón, cualquier entidad privada cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención, siempre que alcancen como mínimo 25.000 euros, etc.

Y estarán obligadas a difundir por medios electrónicos, la información que garantice la transparencia de su actividad, a publicar las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la entidad, etc. Además, se publicarán los convenios colectivos, oferta de empleo, procesos selectivos… del sector público. Y respecto al Gobierno, se podrán consultar datos biográficos, funciones, compatibilidades de cargos o las retribuciones que reciben por el ejercicio… También, las agendas públicas, el personal de confianza –con sus funciones y retribuciones- y el dinero que se destine a las campañas de publicidad institucional.

A través de la Participación Ciudadana que contempla esta ley se implica al ciudadano en las políticas que impulsa el Gobierno de Aragón. Se realizará por medio de procesos y mecanismos que permitan que sus opiniones se valoren y se reflejen en las políticas.

Modelo de Gobierno Abierto

Con este texto se garantiza, por tanto, la transparencia de la actividad pública a través de las obligaciones de publicidad activa, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y el derecho de participar en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, a través de mecanismos que promuevan un diálogo abierto, transparente y regular.

La Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana de Aragón es una ley que se ha redactado con la colaboración de todos los ciudadanos para abrirles la Administración Pública y facilitarles más información y más participación.

Con ella el Ejecutivo autonómico promueve un modelo de Gobierno Abierto, porque a partir de ahora se genera una nueva relación entre la Administración Pública y los ciudadanos, una relación que fortalece la democracia representativa. La ley es el reflejo de la predisposición absoluta a la transparencia de la actividad pública y a la promoción de la participación ciudadana en las políticas públicas que impulse el Gobierno de Aragón.