El Consejo de Gobierno aprueba tres proyectos de ley que ahondan en los conceptos de transparencia y buen gobierno

Dar más información desde el rigor, la objetividad y la veracidad para que el ciudadano se forme una idea completa de cómo se gestiona su dinero, dar rango de ley a las prácticas de buen gobierno, endurecer las incompatibilidades de los altos cargos y extremar el control sobre sus actividades. Eso es lo que persigue el paquete de leyes que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno: la Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, la modificación de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón y la Ley de Subvenciones. Las tres leyes son tres compromisos de Legislatura de este Ejecutivo en respuesta a la exigencia ciudadana de una mayor transparencia y de ejemplaridad en la acción política. En el caso de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, se eleva a rango de ley el Código de Buenas Prácticas que ya aprobó el Ejecutivo en agosto de 2011 y que lleva aplicando desde entonces. En el nuevo texto, por tanto, aparece el llamado Código de Buen Gobierno, con las líneas de conducta que deben seguir los miembros del Ejecutivo aragonés y sus altos cargos. A partir de su aprobación, por ley, éstos deberán regirse por los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad o neutralidad en la toma de todas sus decisiones. Además, se refuerza el control sobre sus actividades e incompatibilidades, ya que deberán reflejar su declaración de renta y de patrimonio al comienzo, durante y al final del mandato. El control sobre los posibles conflictos de intereses se extenderá hasta dos años después de haber abandonado el cargo.  

Y en la búsqueda de la transparencia, se ha aprobado también la Ley de Transparencia Política y Participación Ciudadana, para hacer visible al ciudadano cómo se gestiona lo público y para que éste pueda participar de las políticas públicas. El ejemplo de esa participación es la propia ley, que se ha redactado teniendo en cuanta más de 450 aportaciones que han realizado más de 30 entidades y un centenar de ciudadanos. Con sus alegaciones se ha conseguido mejorar el texto y, así, aparecerán publicados también los avales que conceda la administración o las entidades privadas deberán ser transparentes si reciben más de 50.000 euros -y no de 100.000 euros como estaba previsto en un primer momento-. La tercera ley que hoy ve la luz es la Ley de Subvenciones, que controlará todavía más la distribución del dinero público. Con ella se pretende reforzar la eficacia de los recursos, mejorando los criterios para conceder subvenciones. De esta forma, se fija un tope del 80% del coste de de la actividad que se va a subvencionar, las ayudas directas tendrán que estar acompañadas de una rigurosa memoria económica y las entidades locales deberán haber sido fiscalizadas por la Cámara de Cuentas. Tres leyes, en definitiva, que aprueba este Ejecutivo convencido de que es fundamental hacer visible a los ciudadanos toda la información sobre la gestión pública, para que la conozcan bien y puedan crearse su propia opinión. El Gobierno de Aragón pretende con esto que los ciudadanos estén enterados de todo lo que vienen reclamando desde hace tiempo y que los miembros del ejecutivo y altos cargos tengan que rendir cuentas públicamente, para que se pueda evaluar si han cumplido o no con las promesas hechas.