El Consejo de Gobierno aprueba tres proyectos de ley que ahondan en los conceptos de transparencia y buen gobierno

Dar más información desde el rigor, la objetividad y la veracidad para que el ciudadano se forme una idea completa de cómo se gestiona su dinero, dar rango de ley a las prácticas de buen gobierno, endurecer las incompatibilidades de los altos cargos y extremar el control sobre sus actividades. Estos son los objetivos que persigue el paquete de leyes que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno: la Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, la modificación de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón y la Ley de Subvenciones.

Las tres leyes son tres compromisos de Legislatura de este Ejecutivo en respuesta a la exigencia ciudadana de una mayor transparencia y de ejemplaridad en la acción política.

“Queremos que todos los ciudadanos conozcan más y mejor cómo se gestiona lo público”, ha afirmado el Consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro. “Con todas ellas –ha continuado- queremos que la administración, que las instituciones se abran al ciudadano, para que éste se pueda crear su propia opinión. Porque desde este ejecutivo estamos convencidos de que cuanta más información desde la veracidad, el rigor y la objetividad se dé, mejor”.

Por eso, hoy, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, para hacer visible al ciudadano cómo se gestiona lo público y para que éste pueda participar de las políticas públicas. Según el portavoz del Gobierno, “el ejemplo de esa participación es la propia ley, que se ha redactado teniendo en cuanta más de 450 aportaciones que han realizado más de 30 entidades y un centenar de ciudadanos. Con sus opiniones hemos hecho una buena ley”, ha recalcado.

La Universidad de Zaragoza, UGT, CCOO, el Justicia de Aragón, la Federación Aragonesa de Solidaridad, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Aragón, colegios profesionales… Así hasta más de 30 entidades y 90 ciudadanos a título individual han participado para mejorar el texto y han hecho que se modifiquen 49 artículos y 6 disposiciones de los 60 artículos y 11 disposiciones que forman esta ley.

Esta ley afecta a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, las sociedades mercantiles con participación pública superior al 30%, las fundaciones con más del 30% de participación pública, las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón…

Todos ellos tendrán que ser transparentes y publicar, entre otras cosas, las retribuciones de los altos cargos y máximos responsables, los convenios colectivos, el personal de confianza –con sus funciones y retribuciones-, el dinero que se destine a las campañas de publicidad institucional, etc.

La Participación Ciudadana regula los procesos y mecanismos que permiten que las opiniones ciudadanas se valoren y se reflejen en las políticas.

Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón

En el caso de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, se eleva a rango de ley el Código de Buenas Prácticas que ya aprobó el Ejecutivo en agosto de 2011 y que lleva aplicando desde entonces. En el nuevo texto, por tanto, aparece el llamado Código de Buen Gobierno, con las líneas de conducta que deben seguir los miembros del Ejecutivo aragonés y sus altos cargos.

Como ha explicado Bermúdez de Castro, “la base son principios como la eficacia, la eficiencia, la neutralidad o la imparcialidad en la toma de decisiones. Y aparece algo tan básico como el respeto a la Constitución y algo más específico como el uso adecuado y austero de los gastos de representación y protocolo”.

La ley establece también un régimen de conflicto de intereses para delimitar las situaciones en las que los intereses privados pueden entrar en colisión con los intereses públicos. Y para ello se parte de un principio esencial: la dedicación exclusiva al cargo público.

Como novedad fundamental, se limitan las actividades privadas que pudieran llevar a cabo los miembros del Gobierno y altos cargos en los dos años siguientes a su cese como cargo público. Para ello, tendrán que tener la autorización del órgano competente que declare la inexistencia de un conflicto de intereses, así como presentar una nueva declaración de actividades cada vez que la inicie.

Pero, además, se profundiza en el régimen de las declaraciones de las actividades económicas, profesionales y mercantiles, que se harán públicas, como ahora lo son las de los Diputados de las Cortes de Aragón. Los miembros del Gobierno y altos cargos tendrán que declarar su patrimonio, bienes y derechos ante el Órgano que controla los conflictos de intereses. Ahí también presentarán anualmente las declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

Este organismo, como ha detallado el portavoz del Gobierno, “realizará un examen de la situación patrimonial, al comienzo y al final del mandato. El órgano competente realizará un análisis para ver si durante el ejercicio del cargo público se han producido incrementos patrimoniales sin justificar. En el caso de presentarse indicios de enriquecimiento injustificado se informará a las autoridades judiciales que corresponda. Las conclusiones se publicarán en el Portal de Transparencia”.

En la Ley se ha introducido, además, un régimen sancionador. Algo que no existía en Aragón hasta ahora y que permite garantizar el cumplimiento de todas estas obligaciones. No son sanciones simbólicas, sino que tendrán que devolver las cantidades percibidas indebidamente o la destitución del cargo cuando los datos presentados en las declaraciones sean falsos.

Ley de Subvenciones

La tercera ley que hoy ve la luz es la Ley de Subvenciones, que controlará todavía más la distribución del dinero público. Con ella se pretende reforzar la eficacia de los recursos, mejorando los criterios para conceder subvenciones. De esta forma, “se fija un tope del 80% del coste de de la actividad que se va a subvencionar, las ayudas directas tendrán que estar acompañadas de una rigurosa memoria económica y las entidades locales deberán haber sido fiscalizadas por la Cámara de Cuentas”, ha explicado Bermúdez de Castro.

Esta ley mejorará algunos criterios clave a la hora de convocar y conceder subvenciones y elevará a rango de ley otros aspectos, para reforzar los controles y garantizar la seguridad jurídica. Se regularán así las subvenciones que conceda tanto la Administración de la Comunidad Autónoma, como sus organismos públicos, fundaciones y sociedades del sector, y también las entidades locales y sus organismos públicos.

Plan Especial de Depuración de Aragón

El Plan Especial de Depuración de Aragón sigue dando pasos. Hoy, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a destinar, entre 2016 y 2036, casi 130 millones de euros para el proyecto de la depuradora de la Zona Utebo.

Con ello se pondrían en marcha los colectores y estaciones de bombeo para depurar conjuntamente las aguas de Utebo, La Joyosa, Pinseque, Sobradiel, Torres de Berrellén y Zaragoza (incluido Casetas, Garrapinillos y Villarrapa).

De las 13 zonas que conforman el Plan Especial de Depuración de Aragón, ya están en servicio 10 de ellas. O lo que es lo mismo, 100 depuradoras de un total de 131.

9 edificios Bien de Interés Cultural

La Torre del Agua, el Pabellón de España, el Pabellón de Aragón, el Palacio de Congresos, el Acuario Fluvial, el Pabellón Puente, el Hotel Hiberus, el Puente del Tercer Milenio y la Pasarela del Voluntariado son Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.

El Consejo de Gobierno ha aprobado catalogar así a estos nueve edificios de la Expo 2008, por lo que significaron entonces y por su aportación a la arquitectura actual.