Discurso de Investidura del candidato a presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (parte 2)

Para eso, contamos con la Universidad de Zaragoza,   una universidad pública competitiva internacionalmente por su excelencia investigadora que ha de intensificar la transferencia de tecnología hacia el sector productivo, sin olvidar la necesidad de  una red regional potente de centros de investigación aplicada.

Producción de conocimiento, centros de transferencia, innovación en producto y procesos, internacionalización, especialización estratégica, evaluación externa, talento emprendedor, ventajas competitivas diferenciales, formación de calidad, adopción temprana de nuevas tecnologías: esos son los términos con los que tenemos que jugar, porque son los que están en el tablero de las grandes economías del mundo.

En segundo lugar, confiamos en la  industria como el sector clave para la obtención de tasas de crecimiento sostenibles, no solo porque ejerce un poderoso efecto de arrastre sobre las demás actividades de servicios, sino porque las tres cuartas partes de la inversión en I+D+i se realiza en el sector industrial.

Tras las pérdidas originadas por la crisis, es preciso abordar con decisión un programa de reindustrialización,  basado en la cualificación del empleo, la innovación tecnológica, la cooperación empresarial y el emprendimiento.

En tercer lugar, no podemos dejar de lado la evidencia de que una parte muy importante del tejido económico aragonés lo componen pymes y trabajadores autónomos.

Hace dos años presentamos una Proposición de Ley de apoyo a emprendedores y del trabajo autónomo, que recogía un amplio elenco de medidas propuestas por los propios interesados, que fue rechazada por la mayoría gubernamental. Debidamente actualizada, volveremos a presentarla.

Es razonable su reivindicación de fomentar el asociacionismo o la constitución de plataformas tecnológicas para superar las limitaciones competitivas derivadas de la dimensión, sobre todo en materia de innovación y exportación.

Y es también muy oportuna –por citar una propuesta suya que llevaremos a cabo- el fomento de la rehabilitación y mejora de eficiencia energética de vivienda como medida ligada a la creación de empleo en la construcción y en los oficios afines.

En cuarto lugar, promoveremos estrategias de desarrollo que respeten las necesidades y posibilidades de los distintos territorios; políticas de discriminación positiva hacia el medio rural, en coordinación de las iniciativas de los grupos de acción local,  extensión de la fibra óptica o la banda ancha y, por supuesto, acciones contra la despoblación a través del empleo.

Pero ello no ha de entenderse en contraposición a la ciudad de Zaragoza, sino valorando positivamente el liderazgo de esta ciudad como locomotora de una recuperación justa de la economía.

Por último, pondremos en valor la paz social existente, lo cual ha de anotarse en el haber de los interlocutores sociales, organizaciones empresariales y  sindicatos, a los que hay que volver a apoderar en su función de representación de los trabajadores que les ha quitado la reforma laboral de 2012. 

En cualquier caso, en una Comunidad como Aragón, la política económica no puede limitarse a proporcionar al sector privado factores productivos de calidad como pueden ser  capital humano, investigación, infraestructuras, equipamientos o estabilidad institucional.

Una política económica activa debe orientar, incentivar y promover aquellos sectores que mejor permitan el aprovechamiento de nuestras ventajas competitivas.

Nadie le está diciendo a la Universidad ni a los demás actores hacia dónde hay que ir y cuáles son las apuestas estratégicas

Y, sin embargo, todos estamos de acuerdo en que Aragón debe apostar por una estructura productiva en la que seamos capaces de especializarnos en aquellos sectores para los que disfrutamos de mayores ventajas competitivas, donde podamos obtener mejoras en la productividad a partir de una economía basada en el conocimiento y la innovación, que mire al exterior y que sea capaz de ofrecer salarios adecuados, es decir, empleo decente.

En ese sentido, propondremos de manera inmediata que las Cortes nombren una comisión de expertos que elaboren un documento base para urdir un gran pacto social y político al respecto; un gran pacto para reorientar la economía aragonesa hacia un modelo productivo que genere empleo de calidad a través de la innovación.

Hay que pensar en grande y a largo plazo. No es cuestión de competir con el vecino. Hay que pensar en nuestras fortalezas y apostar. No podemos ser punteros en todo. Hay que decidir por qué nos decantamos y por qué no y eso lo tenemos que hacer entre todos.

No obstante, hay sectores que suscitan unanimidad en cuanto a su potencialidad estratégica y sobre los que orientaremos nuestro trabajo desde el primer día.

Uno de ellos es la logística, una actividad que no solo genera empleo a través del almacenamiento y la distribución sino que puede ser un potente imán de inversiones. Por nuestra situación estratégica y por las infraestructuras ya existentes, no solo PLAZA, sino todo Aragón puede ser en realidad una gran plataforma logística.

En esta actividad, como en todas las demás, habrá que poner en marcha programas de formación no solo para cargos directivos sino para todos los niveles laborales.

Asimismo, en unos años en los que no cabe esperar grandes avances en inversiones en infraestructuras, creo que debemos centrar nuestros esfuerzos en aquellas que refuercen nuestra competitividad en materia logística, tales como las conexiones ferroviarias con los puertos de Bilbao, Valencia y Barcelona, potenciando la Terminal Marítima de Zaragoza y mejorando la calidad del transporte mediante la habilitación de vagones frigoríficos para el transporte de productos perecederos.

En ese sentido, si el Ayuntamiento de Zaragoza lo considera oportuno, nos proponemos –por ejemplo- convertir Mercazaragoza en la gran plataforma agroalimentaria del Valle del Ebro, en un esfuerzo combinado con las cooperativas agrarias del territorio.

Otro sector con grandes posibilidades es éste, el de la agroalimentación.

La agricultura y la ganadería deben tener de la administración autonómica un trato exquisito, no solo por lo que significan por sí mismas, no solo por el peso que ha adquirido un sector como el del porcino, sino por las inmensas posibilidades que ofrecen como base de una industria agroalimentaria que puede tener un gran recorrido si invertimos en seriamente en su innovación y si la asociamos con la logística.

Son de sobras conocidos los problemas pendientes de solución de nuestro sector primario: modernización, necesidad de innovación tecnológica y de reforzar la competitividad de las explotaciones, planes de regadíos pendientes de concluir, incorporación de jóvenes, cortes energéticos, una PAC injusta o eliminación de purines y retirada de cadáveres, problemas que serán objeto de la máxima atención desde un Departamento que ha de ser uno de los más relevantes de la próxima legislatura.

Pero son muchas las fortalezas, empezando por el propio sector y siguiendo por circunstancias como la de tener en Zaragoza las mejores ferias europeas del ramo, lo cual puede permitirnos utilizar ese formidable foro tecnológico y comercial como ventana al mundo, para vender y para adquirir conocimiento.

La posibilidad de una marca “Aragón” de la que colgar denominaciones de origen y todo lo que cumpla unos parámetros de calidad y trazabilidad que la identifiquen es algo en lo que también trabajaremos.

El turismo es una de las actividades económicas mejor encauzadas en nuestra comunidad, en el sector de la nieve de las montañas de Huesca y Teruel o en el turismo rural que se va extendiendo poco a poco por el territorio. Hay, sin embargo, otros elementos que hemos de explotar adecuadamente, como el futuro parador de Veruela, los balnearios de Calatayud, el románico de las Cinco Villas, el turismo mariano de Zaragoza y Torreciudad  o el turismo de negocios derivado de las Ferias y Congresos.

Mención especial quiero hacer de otra actividad económica que hasta ahora no ha tenido el tratamiento que merece como tal. Me refiero a la cultura.

Para mí, la cultura es un derecho ciudadano fundamental, tanto en la creación como en el disfrute de la misma, que los poderes públicos tienen la obligación de satisfacer. Ha de ser también una seña de identidad del Aragón del siglo XXI, a través de los grandes creadores que trabajan aquí.

Pero además la información disponible demuestra que el aumento del empleo en este sector tiene un espectacular efecto multiplicador en la renta disponible en su territorio.

Es, por eso, un reto que acepto con gusto intentar que, a medio plazo, la cultura llegue a generar un 5% del PIB aragonés y muchos miles de puestos de trabajo. Un solo acierto en esta materia, el éxito de una film comisión que aglutinara las potenciales que, por separado, tienen nuestro sector audiovisual y nuestro patrimonio cultural y natural, sería suficiente para demostrar hasta qué punto merece la pena esta apuesta.

Podríamos hablar, en fin, de otros sectores que merecería la pena valorar desde el punto de vista de su potencialidad estratégica en nuestra comunidad. Es el caso de las energías renovables, de la investigación, desarrollo tecnológico y producción de las mismas.

Pero no pretendo agotar el relato en este sentido.

Insisto, en todo caso, en que hablar de economía social de mercado es sinónimo de situar la economía al frente del progreso y del bienestar social.

Por eso, aspiro a ofrecer a  nuestras empresas un espacio de confianza y de compromiso con la actividad productiva, con el trabajo bien hecho, con la competitividad bien entendida y con la responsabilidad social.

Que ninguna inversión, que ningún proyecto, que ninguna iniciativa empresarial se pierda o se vaya de Aragón por una atención insuficiente de los poderes públicos o, lo que sería peor, por obstáculos administrativos o desidia institucional.

Siempre tendremos claro, no obstante, que recuperar el atractivo de Aragón como lugar óptimo para atraer inversiones productivas no debe ser incompatible –sino todo lo contrario- con atender y cuidar a las empresas que ya están aquí, que siempre han estado aquí y que van a seguir aquí por muchos años.

¿Qué tipo de ayudas es conveniente establecer desde la administración para alcanzar este objetivo? Son cada vez más frecuentes las opiniones favorables a pasar de una política de promoción basada en incentivar las inversiones en capital físico, a una política que promueva la inversión en capital tecnológico, en innovación y en capital humano.

Pero son justamente esta clase de interrogantes los que tenemos que responder a través de ese gran pacto social y político sobre el empleo que me propongo impulsar desde el Gobierno.

Todas las propuestas que he ido desgranando hasta este momento van encaminadas a lograr que Aragón vuelva a ser tierra de hombres y mujeres libres e iguales, tierra de derechos y oportunidades, una aspiración en cuya realización espero que nos sintamos concernidos todos los diputados de estas Cortes.

Los instrumentos de los que disponemos para conseguirlo son las instituciones y la política misma. Pero hemos de reconocer que, en la actualidad, éstas carecen del prestigio y la credibilidad que requiere liderar los procesos correspondientes; en otras palabras, no están en disposición de garantizar la excelencia en la ordenación democrática de la convivencia y en la prestación eficiente de servicios públicos de calidad, que es su razón de ser.

Se trata, en definitiva, de que Aragón vuelva a funcionar como país y, para ello, son también necesarios grandes acuerdos sociales y políticos.

En mi opinión, la democracia representativa está más vigente que nunca. Junto con el Estado del Bienestar y la economía social de mercado, conforma el modelo político europeo con el que nos identificamos plenamente.

Pero en la era de internet y de las redes sociales, de la información compartida de manera universal e instantánea, es preciso actualizar esa democracia con fórmulas de participación en la elaboración de las leyes y en la toma de decisiones, aunque sin solapar ni sustituir nunca ni al parlamento ni al gobierno.

En ese sentido, confiamos mucho en la reforma del Reglamento de las Cortes, así como en retomar propuestas como las iniciativas legislativas populares y municipales o como la modificación de la Ley del Presidente para eliminar dietas y otros emolumentos innecesarios, que ya nos ocuparon en la legislatura anterior.

Pero, en materia de participación, podemos ir incluso más allá. La sociedad aragonesa atesora  un inmenso caudal de talento en el mundo de la empresa, del trabajo, de la cultura, de la investigación o de la Universidad.  Pues bien, es preciso asociar esa fuente de inteligencia y de compromiso a la tarea misma de gobernar Aragón, de manera que la política aragonesa se ponga de una vez a la altura de la sociedad a la que sirve.

Beth Noveck, la Administradora de Tecnologías de Obama, ha inspirado la práctica de la llamada “democracia colaborativa”,  que consiste en encontrar a aquellos que pueden mejorar los procesos de decisión a partir de su conocimiento y su pericia en temas concretos. 

Y les anuncio que me propongo desarrollar a fondo mecanismos de esta naturaleza, que puede dar resultados muy fructíferos en un país como el nuestro.

En otro orden de cosas, la política está afectada además de una grave enfermedad que puede acabar con ella y, de paso, con la democracia misma si no la atajamos de manera inmediata y contundente. Me refiero a los efectos demoledores que los casos de corrupción han tenido sobre la misma.

El acuerdo que puede dar lugar esta mañana a mi investidura nos obliga a atacar el fenómeno de la corrupción con decisión y sin paliativos y hacerlo en relación con las manifestaciones más visibles del mismo, las que tienen lugar en el ámbito político y empresarial, con toda clase de medidas preventivas y punitivas.

Son muchos los avances que se han producido en los últimos tiempos en relación con este combate decisivo. Si la transparencia es un requisito, la Ley aprobada al respecto hace pocos meses en este parlamento es un excelente punto de partida. Si los partidos han de dar pasos en esa dirección, nosotros estamos orgullosos del Código Ético puesto en marcha por el PSOE hace pocos meses.

Todos los grupos con los que hemos acordado la investidura han incluido, por otra parte, compromisos en esta materia, incluida una Ley de lucha contra la corrupción, el clientelismo y el despilfarro o la creación de una Oficina de lucha contra la corrupción propuesta por Podemos.

Dicho esto, he de añadir inmediatamente que, en mi opinión, la corrupción hay que erradicarla yendo a las raíces de la misma, que son históricas y culturales. Al fin y al cabo, la política no deja de ser una representación de la sociedad y, por tanto, un reflejo bastante ajustado de la misma.

Se trata de acabar con esa especie de condescendencia con la que la sociedad española ha convivido tradicionalmente con la corrupción y ello requiere un mayor arraigo de los valores de la honradez, de la decencia, de estimar las cosas por su valor y no por su precio, de la penalización social de la codicia y del enriquecimiento personal como aspiración suprema.

La educación para la ciudadanía como asignatura obligatoria cobra aquí una especial relevancia.

Pero, a corto plazo, es exigible a los líderes sociales y políticos que se atengan rigurosamente en su vida pública y privada al código de valores que consideramos ejemplares.

En ese sentido, permítanme que me refiera a una virtud cívica que propongo situar a la cabeza de ese código. Me refiero a la sobriedad en la manera de vivir y de consumir.

Y no solo por el provecho que de ello obtendría a largo plazo el combate contra la corrupción sino por algo incluso más importante: por la supervivencia misma de la especie humana.

El Papa Bergoglio –lo cito otra vez- nos ha advertido de ello en su encíclica “Laudato sí”, una feroz crítica de la sobreexplotación del planeta y del uso desproporcionado de recursos naturales, que facilita la explotación de las personas, que genera pobreza y que está produciendo un cambio climático que puede provocar a medio plazo la extinción de la vida en el planeta ni no cambiamos ya nuestro estilo de vida.

No hace falta insistir –dicho sea de paso- en que la lucha contra el cambio climático y la preservación del medioambiente y la biodiversidad será otra de las prioridades de mi gobierno.

Señores diputados: Para que Aragón vuelva a funcionar, es necesaria, en tercer lugar, una reforma real de la administración, que requiere, a su vez, otro gran acuerdo.

Por una parte, ha de acometerse una difícil pero necesaria reforma de la función pública,  despolitizándola, profesionalizándola y simplificándola, suprimiendo todos los elementos lo que resulten prescindibles en todos los niveles.

Hemos acordado con Podemos reducir el número de altos cargos, asesores y puestos eventuales tanto en la estructura de los departamentos como en las empresas e  institutos públicos. No aumentaremos tampoco el número actual de consejerías.

Son gestos de carácter simbólico que hay que apreciar en lo que valen. Pero hay que ir más allá. No solo se trata de mejorar la eficiencia de la administración en la gestión de los servicios públicos sabiendo en qué se gasta cada euro y verificando que se gasta bien.

Se trata de que actúe como estímulo de la economía y no como freno; de racionalizar y simplificar estructuras, funciones y procesos; de eliminar burocracia o de reducir las dificultades existentes para iniciar actividad empresarial.

Se trata de convertirla en un entorno amigable, colaborador y proactivo, no dedicado exclusivamente en la sanción y la inspección. Por lo demás, esa reforma ha de suponer para la administración pública una internalización total de todo lo que suponga inteligencia y valor añadido, que no han de ser en ningún caso externalizables.

Por otra parte, manifiesto mi disposición a acometer una reforma de la arquitectura institucional, algo que considero fundamental desde mi convicción de que, para volver a funcionar, Aragón necesita dos motores potentes a pleno rendimiento: la administración autonómica –es obvio- y los ayuntamientos, que son para mí incluso más importantes.

“Es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres”, escribía Alexis de Tocqueville en 1835. “Ellos son los que ponen la libertad al alcance del pueblo, le hacen gustar de su uso y lo habitúan a servirse de ella”. Yo estoy muy de acuerdo con aquel pensador francés

Primero: porque sé que la democracia se genera y se cultiva en los municipios, auténtico espacio real de la socialización y de la convivencia.

Segundo: porque estoy convencido de que Aragón ha de construirse desde los pueblos y las ciudades, única garantía de que todos los ciudadanos aragoneses disfruten de los mismos derechos y las mismas oportunidades.

Tercero: porque no tengo ninguna duda de que los servicios han de gestionarse, en la mayor medida posible, desde los ayuntamientos. Son los que, con menos recursos, proveen mejores servicios y más adaptados a las necesidades reales de los ciudadanos.

Los alcaldes y los concejales –lo he comprobado hasta la saciedad- son los mejores administradores, por no hablar de las ventajas de la proximidad y de la legitimidad democrática derivada de su sistema de elección.

Son, por otra parte, cantera inagotable de honradez y de transparencia, rigurosos observantes de cualquiera código ético que queramos elegir. Son, sin duda, el nivel más saneado y estimable de la política y, por tanto, son la base insustituible del Aragón del futuro, que ha de ser construido desde los pueblos y las ciudades.

Por todo ello, considero necesario afirmar la autonomía local que consagra la Constitución mediante una atribución amplia de competencias a los municipios, así como  dar solución de una vez por todas a la financiación, eliminando subvenciones y convenios y yendo a financiaciones incondicionadas fijadas por ley.

Ello exige abordar el adecuado reparto de competencias entre la comunidad autónoma y el municipio y traer a estas Cortes cuando antes una Ley de participación municipal en los tributos de la comunidad autónoma.

¿Qué ocurre con las comarcas y diputaciones? Para mí, son puramente contingenciales frente a la esencialidad del municipio. Es verdad que el pequeño tamaño de la mayoría de nuestros pueblos obliga a mancomunar servicios a través de estructuras intermunicipales. Pero, en todo caso, es cada día más evidente la necesidad de simplificar y despolitizar esa intermunicipalidad.

De todos modos, esto ha de ser objeto de un debate amplio, pues sé que hay visiones distintas, contrapuestas incluso, aunque perfectamente respetables todas.

Eso sí: en ese debate, es fundamental la participación de los ayuntamientos, pues la intermunicipalidad debería entenderse como resultado de un esfuerzo de  autoorganización más que de una imposición hecha desde estas Cortes, como ocurrió con la comarcalización en 1999.

Finalmente, para que Aragón funcione es necesario que valoremos lo que significa la ciudad de Zaragoza como motor económico y cultural básico de la Comunidad, lo cual exige que todos hagamos un esfuerzo para que la Ley de Capitalidad llegue a aprobarse y aplicarse en la primera parte de esta legislatura.

Tendríamos, sin embargo, una visión imperfecta y muy alicorta de nuestra misión política si no incorporamos a la misma una idea clara de qué función hemos de desempeñar en España y en Europa, de qué queremos ser en los dos ámbitos geopolíticos a los que pertenecemos.

Por eso, terminaré esta intervención recordando que, para que Aragón funcione como país, hemos de prepararnos para jugar con eficacia en esos dos tableros, que es donde se toman las decisiones que más afectan a nuestro interés general.

Para mí, ser aragonés es una forma de ser español. Yo siento mi condición aragonesa incorporada a ese sentido patriótico del que hablaba antes. Pero hemos de ser aragoneses no de la forma que se espera que lo seamos  o que hemos aceptado ser desde hace décadas sino eligiendo otra más acorde con lo que somos de verdad y, sobre todo, con lo que queremos ser en el futuro.

Para que Aragón vuelva a funcionar es necesario repensarlo: cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos y ser capaces de trasladarla a los demás.

Propongo un aragonesismo moderno, no fundamentado en la reivindicación de Doña Petronila y el Fuero del Sobrarbe –la historia no da derechos- sino constituido en torno a las potencialidades actuales de la comunidad, que son muchas y muy poderosas.

Un aragonesismo que valore y potencie las capacidades de una sociedad muchos de cuyos sectores económicos y culturales se desenvuelven con soltura en cualquier ámbito de la modernidad, que tienen vocación de universalidad y que han roto amarras con los estereotipos rancios y cerrados que desde Madrid han acuñado tradicionalmente de nosotros con nuestra culpable aquiescencia.

La política cultural del Gobierno de Aragón ha de ponerse al servicio de ese gran propósito y ha de hacerlo de manera urgente porque, como he dicho, las piezas van a moverse en el tablero y hemos de saber cómo jugar las nuestras ganando previamente el respeto de los demás.

En ese sentido, la reforma federal de la Constitución que propugna el PSOE la considero una oportunidad de primer orden para revisar nuestra ubicación institucional y nuestra función en la estructura del Estado a través de una cámara de auténtica representación territorial, para superar la posición subalterna y de lealtad unidireccional que hemos mantenido siempre y que no ha rendido los resultados esperados y para sustituirla para una lealtad necesariamente recíproca y bidireccional.

Una España federal en la podamos defender los intereses de Aragón no solo desde una relación vertical con el Gobierno de la Nación sino ensayando fórmulas de colaboración horizontal con nuestras comunidades vecinas y especialmente con Cataluña, cuyos problemas no pueden sernos ajenos en modo alguno y en cuyas soluciones hemos de implicarnos a fondo por razones de afinidad y afecto en todos los órdenes.

No hablo de dar de lado a mecanismos de relación bilateral con el Estado que pueden resultarnos muy útiles. La propia Comisión  entre Aragón y el Estado ha de superar el carácter cuasi protocolario que ha tenido en los últimos años y entrar a dirimir en asuntos como la inapropiada financiación del convenio con RENFE  o las indemnizaciones de las riadas.

No podemos olvidar, por otra parte, que el Acuerdo Económico-Financiero del artículo 108 del Estatuto está enteramente por desarrollar.

Propondremos también una participación activa en la gestión de la Agencia Tributaria a través de alguna fórmula de codirección.  Si el 50% de la recaudación del IRPF y del IVA se asigna a la Comunidad Autónoma, así como el 58% de los impuestos especiales, no es razonable que la Comunidad Autónoma no participe de algún modo en la planificación y dirección de los aspectos básicos de la gestión, liquidación e inspección de esos tributos.

Pero, más allá del obligado servicio a esos imperativos, hemos de implicarnos abiertamente en la gobernanza del Estado, abandonando la visión de campanario que denunciaba Cajal y  pensando en términos nacionales, sin ninguna clase de complejo.

En otras palabras, no podemos resignarnos a que nos hagan Aragón desde Madrid. Hemos de aspirar a construir España desde Aragón, en pie de igualdad con el resto de las comunidades autónomas y junto a ellas.

En relación con el otro tablero en el que se va a decidir nuestro futuro, el tablero europeo, hemos de sumar nuestros esfuerzos a los del resto de las comunidades para conseguir que, al igual que ocurre con los landers alemanes, las regiones españolas puedan participar activamente en las políticas europeas que les afecten.

Por ahora, en un momento interesante de la Unión Europa, con el Plan Juncker y otras expectativas existentes en la misma dirección, un lujo que no podemos permitirnos es el de no disponer de operativos potentes para gestionar y encauzar ayudas y programas europeos, tanto en Zaragoza como en Bruselas, mientras otras comunidades autónomas lo están haciendo con mucha utilidad para sus intereses.