Discurso de Investidura de Javier Lambán, candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón

Subo a esta tribuna a pedir la confianza de la Cámara cuatro años después de haberlo hecho por primera vez y lo hago con la satisfacción de haber cumplido sustancialmente los compromisos que adquirí entonces.

El Plan de Gobierno 2015-2019, publicado a principios de 2016, se ha cumplido en un 91%, como puede comprobarse visitando el Portal de Transparencia. La recuperación de la inversión en sanidad, educación y servicios sociales o las cifras de crecimiento y empleo demuestran con claridad ese alto grado de cumplimiento.

En 2015, la nuestra era una comunidad política paralizada y profundamente desorientada. En 2019, Aragón ha vuelto a funcionar y, por eso, estoy seguro de que a la sociedad aragonesa le tranquilizará saber que el nuevo gobierno va a formarse en torno al mismo partido que lideró el anterior.

En el último cuatrienio, hubo una coalición PSOE- CHA y tuvo, en lo fundamental, el apoyo parlamentario de Podemos e IU. A todos, de una u otra forma, corresponde el mérito de los logros alcanzados.

Pero ahora la configuración de las Cortes es distinta, también lo son los problemas y las prioridades y, por suerte, tenemos ante nosotros oportunidades nuevas que no podemos desaprovechar.

Por eso, me presento ante estas Cortes con un programa nuevo y con una configuración distinta del gobierno que aspiro a presidir.

Mañana debatiré con ustedes sobre en ese programa. Hoy me corresponde exponerlo.

Pero antes, permítanme que me refiera a las razones que avalan mi petición de apoyo a esta Cámara.

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La primera de las razones que legitima mi aspiración a presidir el Gobierno se basa en el resultado electoral del 26 de mayo.

Como es sabido, el PSOE ganó claramente las elecciones, aumentando en 62.405 votos los obtenidos cuatro años antes y alcanzando el 31%.

En relación con la segunda fuerza, sacamos 65.775 votos más que el PP, con una diferencia de diez puntos.

Estos datos demuestran que los aragoneses refrendaron en gran medida la labor del gobierno anterior -también CHA ha incrementado sus apoyos-,  y que el PSOE es la opción claramente preferida por los aragoneses para dirigir el gobierno próximo.

Hay, sin embargo, más razones para defender la idoneidad de mi propuesta.

El desarrollo del Estatuto de Autonomía explica el éxito de Aragón como comunidad en los últimos cuarenta años, después de siglos de decadencia y abandono.

El autogobierno se ha revelado como un instrumento formidable para mantener y potenciar servicios, para impulsar la economía en interés de Aragón y no al servicio de estrategias ajenas; en definitiva, para construir nuestra comunidad a la medida de nuestras capacidades y de nuestras ambiciones y no como un simple apéndice del centralismo de Madrid.

Hasta tal punto son comprobables estas afirmaciones que, a estas alturas, existe un amplio consenso en que, para afrontar los retos futuros y aprovechar a fondo las oportunidades, es necesario seguir desarrollando nuestro autogobierno.

¿Hay ahora mismo en esta Cámara una mayoría de derechas comprometida con ese imperativo de autogobierno que tanto necesita la Comunidad? No. ¿Y de izquierdas? Tampoco.

Una mayoría firmemente comprometida con el Estatuto solo puede alcanzarse trascendiendo las barreras ideológicas y buscando la transversalidad, que es sinónimo de centralidad.

Esa fue desde el primer día la apuesta conjunta del PSOE y del PAR -tras una decisión coherente y plenamente aragonesista del señor Aliaga- e inmediatamente llamamos a compartir ese espacio a todos aquellos que asumieran el Estatuto y los consensos básicos de la política aragonesa de los últimos años.

Hubo alguna fuerza que, de manera explícita, rechazó la invitación. Otras asumieron el reto y se sentaron a hablar.

Y el resultado es un programa que tiene la huella de todos y cada uno de los participantes pero que está construido sobre una idea central: Aragón entendido como un proyecto común, como espacio de ciudadanía en el más cabal sentido de la palabra, como espacio de generación de riqueza compartida y de empleo, mediante un aprovechamiento inteligente y sostenible de los recursos, tanto de los humanos como de los naturales y patrimoniales.

Pero hay más razones para apostar en este momento por la transversalidad y por la centralidad.

Es una razón de mucho peso la necesidad de reconstruir el gran contrato social y político de la Transición, que dio lugar a los cuarenta mejores años de la historia de España y que la crisis económica de 2008 hizo saltar por los aires.

Hablamos de la ruptura del contrato social, basado en la aceptación mutua del estado del bienestar y de la economía de mercado por parte de todos los agentes sociales y políticos, que permitió distribuir las oportunidades y la riqueza de una manera razonablemente equilibrada.

Y hablamos de la ruptura del contrato político que supuso la Constitución de 1978, plasmado en asuntos tan trascendentales como la distribución cuasi federal del poder a través del estado autonómico, un sistema que a Aragón le ha sentado de maravilla, pero al que el independentismo está poniendo en quiebra originando de paso el más grave problema que tiene ahora mismo la democracia española.

Reconstruir ambos contratos es la tarea más urgente que el país tiene por delante.

Pero no lo pueden hacer en solitario ni la izquierda ni la derecha. Es una tarea común que nos obliga a dialogar y a acordar; y ese ejercicio y esa actitud debemos empezar a practicarlos desde todos los ámbitos del Estado, incluidas las comunidades autónomas, porque los ciudadanos cada vez entienden menos las batallas políticas sin otro objetivo que el poder.

Para apostar por grandes acuerdos transversales es preciso también atender a imperativos que nos trascienden ampliamente como Comunidad, pero que nos conciernen de manera decisiva, imperativos como la lucha contra el cambio climático o las oportunidades que le ofrecen a Aragón el mercado global o la economía digital.

Son estos tres asuntos en los que nos jugamos nuestro futuro, tres desafíos que estamos en disposición de afrontar con garantías de éxito. Pero, al igual que los anteriores, también deben ser asumidos como tarea común, pues superan con mucho las identidades ideológicas y vuelven a emplazarnos a la transversalidad, a la centralidad y al acuerdo.

Podrá pensarse que, al esgrimir estos argumentos para defender la composición del gobierno que aspiro a presidir, estoy limitándome a hacer de la necesidad virtud tras el resultado electoral del 26 de mayo, es decir, que lo hago de manera puramente accidentalista. Pero lo cierto es que antes de esa fecha, yo ya los había planteado públicamente como los más convenientes para la buena gobernanza de la Comunidad.

El día 31 de diciembre, en el mensaje de Año Nuevo dirigido a todos los aragoneses, dije literalmente que “no entiendo Aragón como un proyecto de partido.  Entiendo Aragón como un proyecto común, compartido por todos, por el Gobierno y por los ayuntamientos, por sindicatos y empresarios, por organizaciones agrarias y cooperativas, por los autónomos, por la Universidad, por las entidades del tercer sector o por los creadores”.

Y el día 14 de mayo, en un debate con ustedes en la televisión aragonesa, declaré mi convicción de que “es necesario hacer políticas desde la centralidad y sin ninguna clase de frentismo”.

A día de hoy, 30 de julio, sigo pensando lo mismo, sigo entendiendo Aragón como un proyecto común, sigo defendiendo la centralidad y rechazando el frentismo y sigo apelando al talento y al compromiso de la sociedad civil aragonesa como requisito imprescindible para que el futuro de Aragón se escriba en términos de éxito.

Desde esa legitimidad planteo este gobierno, heterogéneo desde el punto de vista ideológico pero homogéneo en torno a la defensa del Estatuto, la construcción de Aragón como proyecto común y la decisión de trabajar para superar la crisis social y política que vive el país.

Son pues causas y bienes políticos mayores los que nos unen, lo cual convierte a la heterogeneidad ideológica en un valor y no en una carga.

Por otra parte, no es un empeño fácil éste que afrontamos, como no es fácil en este momento la gobernabilidad ni en España ni en la mayor parte de las CCAA, dada la complejidad de la composición de los parlamentos.

Pero, si en algún lugar pueden tener éxito las coaliciones transversales de gobierno, es justamente en Aragón, donde existe el antecedente exitoso de la coalición PSOE-PAR entre 1999 y 2011, apoyada en primera instancia por IU. Dos políticos aragoneses con mucho sentido de Estado, Marcelino Iglesias y José Ángel Biel, lo hicieron posible. Su ejemplo demuestra que lo que queremos hacer ahora es perfectamente realizable y, desde luego, conveniente para la Comunidad, como lo pone de manifiesto el balance de aquellos doce años.

En todo caso, ésta es la realidad que nos toca gestionar y el éxito o el fracaso del empeño dependerá de que cada cual sepa defender su posición, escuchando a los demás y dispuesto a ceder en aras del acuerdo; de asumir que nadie tiene toda la razón ni mucho menos ninguna clase de superioridad moral sobre los demás; y de aceptar que, puestos a definir con honradez y sin sobreactuaciones el interés general de la Comunidad, las diferencias entre los partidos se diluyen sustancialmente en favor de las coincidencias.

Como escribió el gran Montaigne, cualquier negociación es compatible con la preservación de “la libertad de nuestra alma, sin necesidad de hipotecarla”.

A continuación, haré referencia, de manera resumida, a las “Bases programáticas para la investidura y la gobernabilidad de la X Legislatura en Aragón”, acordadas por las cuatro fuerzas políticas que van a formar parte del Gobierno, no sin antes agradecer el talante personal y político de los señores Ignacio Escartín, José Luis Soro y Arturo Aliaga y de los equipos negociadores de los cuatro partidos.

Decidiendo de manera autónoma, sin someter su criterio al de las direcciones de sus partidos en Madrid; pensando exclusivamente en Aragón, sin prestarse a estrategias nacionales que nada tienen que ver con el interés de nuestra tierra, han demostrado la generosidad y la inteligencia política necesarias para alcanzar este pacto de gobierno, que responde con toda seguridad a las expectativas de la mayoría de los ciudadanos aragoneses

Por lo demás, en el señalamiento de agradecimientos, incluyo con mucho gusto al Secretario General de IU, señor Álvaro Sanz, por su anunciado apoyo y por la relevancia social y política del acuerdo que he suscrito con él, sabedor de que la presencia de IU en esta Cámara ha sido siempre cualitativamente muy importante y va a seguir siéndolo.

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Señores diputados:

Al ocupar la segunda parte de mi discurso de investidura en el comentario de estas “Bases programáticas”, cumplo con un ritual inexcusable en un debate de esta naturaleza, aunque, en este caso concreto, es menos llamativo que en otras ocasiones porque hace ya muchas horas que están publicadas en Internet, como estoy seguro que todos ustedes conocen.

Saben, por tanto, que constan de siete apartados con 132 medidas. Convendrán conmigo en que se ajustan a lo que cabe esperar de un acuerdo transversal, es decir, de un acuerdo que, a pesar de estar suscrito por 33 diputados de izquierda, no puede dar lugar a un gobierno de izquierda, sino a un gobierno instalado en la centralidad y en la moderación, aunque compatible con un ambicioso programa de políticas y de reformas progresistas perfectamente asumidas por el PAR.

El primer apartado se dedica al “Autogobierno, la mejora de la calidad democrática y vertebración del territorio”

A modo de resumen no exhaustivo, diré que se centra en defender y desarrollar en todas sus vertientes del Estatuto de Autonomía de 2007, manteniendo las competencias ya transferidas, y reclamando las 22 competencias pendientes de transferir.

En esa línea, plantea establecer una relación de Aragón con el Estado regida por los principios de autonomía y bilateralidad, así como por la lealtad institucional mutua, reclamando la inminente reforma del sistema de financiación autonómica de acuerdo con las variables que recoge nuestro Estatuto y demandando la suscripción del Acuerdo Bilateral Económico-Financiero con el Estado, previsto en el artículo 108.

También acordamos promover una reforma estatutaria, a fin de suprimir el aforamiento de los miembros de las Cortes y el Gobierno de Aragón y, de paso, modificarlo en lo que respecta al mantenimiento de los 14 diputados mínimos por provincia.

Potenciar instituciones estatutarias como el Justicia o la Cámara de Cuentas son otros compromisos suscritos, junto con sendas propuestas que tienen que ver con la administración local, que es, para nosotros, el más imprescindible pilar de la arquitectura institucional aragonesa.

Estoy hablando, por una parte, de mantener y desarrollar el sistema de comarcalización, coordinando de forma más eficaz y definida las competencias de cada uno de los niveles administrativos; y, por otra, de aprobar a lo largo de la legislatura una Ley de Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma para los Ayuntamientos, a la vez que promovemos una ley estatal de financiación municipal estable y objetiva que tenga en cuenta las peculiaridades de Aragón.

El segundo apartado incluye las medidas acordadas “En relación con los derechos sociales de las aragonesas y aragoneses”

Es éste un extenso capítulo de materias que aborda, en primer lugar, los servicios sociales.

Respecto a la Dependencia, además de reclamar al Gobierno de España el cumplimiento de las obligaciones económicas que conlleva la Ley, nos comprometemos a avanzar de manera decidida en la reducción de la lista de espera.

Impulsaremos el establecimiento de un Plan de Infraestructuras Sociales en todo el territorio para atender a todas las personas con dificultades, vulnerabilidad, dependencia o discapacidad

Apoyaremos la colaboración público-privada y con las entidades sociales para establecer una red de tejido social que permita una adecuada prestación de servicios.

Desarrollaremos todas las previsiones contenidas en la Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón.

Recuperaremos, de la mano de la Administración Central, la Renta Básica de Emancipación, para propiciar que nuestra juventud pueda desarrollar su propio proyecto vital.

Impulsaremos las medidas necesarias que posibiliten la permanencia de las personas mayores en su entorno natural, para fomentar la dignidad y la autonomía, con especial atención contra la soledad, la pobreza y el maltrato.

Y daremos cumplimiento al Pacto por la Infancia en Aragón.

En materia de vivienda, como medida principal, impulsaremos la aprobación de una Ley de Vivienda, que garantice de forma efectiva el derecho a una vivienda digna y adecuada e impulse el alquiler, la rehabilitación y la promoción de vivienda asequible.

Incrementar los recursos destinados a la rehabilitación y ampliar el parque público de vivienda serán otras actuaciones de una política que resulta imprescindible para favorecer la emancipación de los jóvenes, un problema muy preocupante.

En materia de Sanidad, garantizaremos, ante todo, el derecho de todas las personas a acceder a los servicios públicos de salud en condiciones de igualdad, universalidad y calidad.

Finalizaremos las obras de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz y seguiremos invirtiendo en tecnología sanitaria y la construcción o reforma de las infraestructuras sanitarias.

Abordar la planificación de necesidades de recursos de la ciudad de Zaragoza, así como la mejora de los centros de salud rurales; impulsar las medidas necesarias para la reducción de las listas de espera a través de soluciones estructurales o aumentar la dotación para Atención Primaria son otras de las medidas contempladas en las Bases Programáticas acordadas.

En materia de Educación, piedra angular de nuestro proyecto de gobierno, impulsaremos la extensión de la gratuidad de la enseñanza de 0-3 años, así como la convivencia pacífica entre una enseñanza pública de calidad y las enseñanzas concertada y privada.

El fomento de la Formación Profesional dual, colaborando con las empresas y la Universidad, será la prioridad educativa de la legislatura en el marco de una FP que hay que prestigiar e impulsar como lo que realmente es, como la mejor política de empleo juvenil que podamos imaginar.

Hay que continuar con el Plan de Infraestructuras Educativas y apostar de manera firme y decidida la escuela rural, asegurando su subsistencia.

También están de acuerdo las cuatro fuerzas suscriptoras de las “Bases” en desarrollar e implementar un plan de cocinas in situ para los comedores escolares públicos aragoneses; en mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación, en la gratuidad de libros de texto o en la puesta en marcha un Plan contra el fracaso.

Sobre este punto de partida, quizá pueda ser ésta la legislatura más propicia para alcanzar el ansiado Pacto por la Educación en Aragón, que es otra de las medidas propuestas.

En materia de Deporte, desarrollaremos la Ley de Actividad Física y el Deporte de Aragón recién aprobada, mediante el fomento y apoyo de las distintas modalidades deportivas y, en especial, del deporte femenino.

En materia de Universidad, el desarrollo del Pacto por la Ciencia será el vector en torno al que gire la decidida apuesta del Gobierno por la innovación, con el compromiso de mejorar la inversión en la Universidad, favoreciendo la labor del personal que encarna la ciencia y la investigación y aumentando la colaboración con todos los sectores empresariales.

Apostaremos firmemente por los campus de Teruel, Huesca y la Escuela de la Almunia, impulsaremos la transferencia tecnológica entre la Universidad y las empresas y prestaremos especial atención a los planes y medidas para el retorno del talento aragonés emigrado.

En materia de Igualdad, ahondaremos, ante todo, en los planes de choque contra la Violencia de Género, desarrollando el Dictamen de la Comisión Especial de estudio sobre la violencia machista aprobado por las Cortes de Aragón.

Y desarrollaremos, con dotación presupuestaria suficiente, todas las previsiones contenidas en tres leyes que, para nosotros son muy importantes: la llamada LGTBI, la Ley de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por Razón de Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género, así como la Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Finalmente, en materia de despoblación, seguiremos coordinando las acciones de todos los departamentos con el fin de desarrollar eficazmente la Directriz Especial elaborada en la anterior legislatura

Perseveraremos en reivindicar la implicación activa del Gobierno de España y de la Unión Europea; favoreceremos el establecimiento de una fiscalidad diferenciada en las zonas afectadas e incorporaremos el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes.

El tercer apartado se ocupa de “Aspectos económicos y fiscales”

Los cuatro partidos se comprometen a impulsar un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, en el que todas las personas contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, manteniendo el nivel de los ingresos imprescindible para garantizar el estado del bienestar y la calidad de los servicios públicos.

Pero, al mismo tiempo, a fin de evitar una fiscalidad desigual en relación con el resto de las Comunidades Autónomas, el Gobierno de Aragón planteará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una armonización real y efectiva de los impuestos en todo el territorio español, así como el estudio de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones compensando con otras fórmulas la consiguiente disminución de ingresos.

Se establecerán deducciones fiscales para aquellas empresas que, de forma estable y continuada, inviertan en I+D+I, del mismo modo que se tratará de bonificar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para mejorar el área de cultivo en zonas donde no haya sido posible establecer la correspondiente concentración parcelaria.

Finalmente, se derogará el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) y se habilitará una nueva figura tributaria, atendiendo a las conclusiones y propuestas del Dictamen de la Comisión Especial de las Cortes de Aragón.

En relación con la economía se insiste en favorecer la política industrial y empresarial eliminando trabas administrativas o reduciéndolas al máximo.

Desarrollaremos la Ley de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo.

Continuaremos impulsando los sectores estratégicos de nuestra economía como son la automoción, el sector logístico, el agroalimentario o las energías renovables.

En cuanto al turismo, otro sector estratégico, impulsaremos mejoras en las estaciones de esquí, Dinópolis, Motorland, Hospederías de Aragón, balnearios, Paradores, o en otros formatos en torno a la naturaleza, la cultura y patrimonio, como la idea de dar a conocer la historia de la Corona de Aragón en el Mediteráneo, o el proyecto sobre Sitios Reales de Aragón.

Y no olvidaremos la elaboración de un Plan de impulso al Comercio Minorista y el pequeño comercio, en especial en el mundo rural, así como el fomento de la economía social y el cooperativismo.

Por último, considerando que el diálogo social ha sido uno de los principales motores de inversión y crecimiento en los últimos años, desarrollaremos todas las previsiones contenidas en la Ley de diálogo social y participación institucional en Aragón aprobada en febrero de 2018, prestando especial atención con sindicatos y empresarios al impulso de medidas concretas para acabar con la brecha salarial y el techo de cristal que sufren las mujeres aragonesas.

El cuarto apartado se centra en la “Energía, el medioambiente y la agricultura” y empieza por señalar el compromiso con una transición energética justa, implementando la Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático e impulsando una Ley aragonesa al respecto.

Se le da la importancia que merece al mantenimiento del liderazgo de Aragón en energías renovables.

También se adquiere el compromiso de fomentar la rehabilitación energética para la eficiencia en edificios de la administración pública aragonesa y apoyar la financiación de proyectos de renovables en el sector residencial, especialmente dirigida hacia la población con menos recursos, para favorecer su abastecimiento.

Y no se olvida la reversión de las concesiones hidroeléctricas que caducan para la gestión pública con beneficio directo a las subcuencas afectadas.

En materia hidrológica, se defiende el principio de unidad de cuenca y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, la defensa de la reserva hídrica y la oposición rotunda a cualquier trasvase del río Ebro.

Se acuerda la constitución de una mesa de diálogo para intentar un nuevo Acuerdo del Agua, asegurando el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el progreso de nuestro medio rural con el agua como recurso vertebrador, de generación de riqueza y oportunidades y de cohesión del territorio

Y, atendiendo a la demanda cada vez más insistente de los pueblos de la Ribera, se decide seguir acometiendo la limpieza de aquellos cauces de ríos que resulten urgentes ya sea por motivos de inundaciones o avenidas

En materia de medio ambiente y emergencia climática, se acuerda desarrollar la Ley de Montes de Aragón especialmente en lo que respecta al aumento del periodo de contratación de los profesionales del operativo y la mejora sustancial de medios y herramientas de trabajo.

Preservar la biodiversidad terrestre y acuática y aumentar la dotación de los Espacios naturales protegidos, es otra de las medidas, junto con el desarrollo de las Comarcas de Montaña

Aprobaremos el Plan Forestal de Aragón, con estrategias autonómicas y actuaciones priorizadas de tratamientos de masas, lucha contra la desertificación, plantaciones y puesta en valor de la masa vegetal.

Finalmente, en materia de agricultura y ganadería, seguiremos apostando en España y en Europa por un nuevo modelo de la PAC, tal y como suscribimos en la IX Legislatura, adaptándola a la realidad agraria aragonesa.

Continuaremos aplicando el sistema de financiación de nuevos regadíos poniendo en riego 25.000 nuevas hectáreas en las Zonas de Interés Nacional, PEBEA y de carácter social.

Incrementaremos la aportación financiera a los Programas de Desarrollo Rural; defenderemos la Explotación Familiar como modelo sostenible para el desarrollo de la agricultura y ganadería; y aumentaremos las ayudas, asesoramiento y acompañamiento a jóvenes agricultores y ganaderos, para fomentar el relevo generacional.

El quinto apartado contempla las políticas de “Infraestructuras y movilidad”, empezando por la necesidad de impulsar un plan de conservación y renovación de carreteras autonómicas en todo el territorio.

Se reivindica el impulso del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones por Teruel, la línea férrea del Canfranc y el Estudio de la Travesía Central del Pirineo.

Y se exige a la administración general del Estado el urgente  desdoblamiento de la Nacional-232, Zaragoza a Alcañiz; de la Nacional II, entre Zaragoza y Fraga y la liberación del peaje de la AP-2, entre Zaragoza y Fraga, así como llevar a término las infraestructuras pendientes.

El sexto apartado recoge las medidas de “Cultura, patrimonio e identidad”.

Se reclama, en primer lugar, la adopción de las medidas necesarias para lograr el retorno de todos los bienes expoliados y de los que se encuentran fuera de Aragón; aumentar la inversión en conservación y restauración del patrimonio, así como las ayudas para la investigación y la protección; y se insiste en preservar de forma decidida la historia aragonesa, defendiéndola de tergiversaciones y deformaciones malintencionadas, a través de la Comisión creada en la pasada legislatura.

En segundo lugar, se decide una financiación de la cultura suficiente y mantenida en el tiempo, aumentando el porcentaje de inversión del Gobierno en este ámbito y desarrollando un proyecto de cultura para Aragón basado en prioridades y criterios que cuenten con el consenso y la participación del sector.

Finalmente, el apartado séptimo, el dedicado al “Modelo de estado”, está redactado en términos concluyentes: exigir la defensa del actual modelo territorial autonómico y del modelo constitucional vigente, añadiendo la reclamación de que el Senado se constituya en una verdadera cámara de representación territorial, que sirva de coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas.

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Señoras y señores diputados:

Estos que acabo de desgranar son algunos de los elementos que compondrán el programa de gobierno que, con el consiguiente cronograma, publicaremos en el Portal de Transparencia a la vuelta del verano, tal como exige la ley.

Pero esta agenda de cuatro años encaja en un horizonte temporal más largo, el del año 2030, en el que resulta muy conveniente estar alineados con los cambios estructurales globales. Una agenda que emplaza a Aragón a adquirir sólidos liderazgos, a convertirse en polo atractivo de la economía y del comercio, a ser fuente de creatividad e investigación o precioso reducto de patrimonio natural y cultural.

Una agenda para el Aragón del siglo XXI que, partiendo de la adhesión al aragonesismo afirmado en el Estatuto de Autonomía, atiende a tres ejes: lo social, es decir, la consolidación del Estado de Bienestar en el marco de una economía social de mercado, clave del éxito del modelo europeo surgido de la II Guerra Mundial; lo verde, es decir, la sostenibilidad del territorio y la corrección de sus desequilibrios; y lo digital, es decir, la adopción de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en todos los ámbitos.

Una agenda, en fin, que encamina los esfuerzos del Gobierno a fijar e impulsar con la sociedad aragonesa un contrato aragonesista de progreso, social, verde y digital, es decir, centrado en las personas, en el territorio y en el futuro.

¿Qué quiero decir con cada una de estas palabras?

Cuando hablo de contrato me refiero a un entendimiento amplio y transversal sobre los parámetros de lo deseable, lo razonable y lo prescindible de cara a organizar el modelo de convivencia y desarrollo de la sociedad a medio y largo plazo. Hablo de un bien político a preservar entre las generaciones del país, porque lo cohesiona y porque alimenta la confianza y la cooperación entre ciudadanos, agentes sociales y poderes públicos.

Fue, ni más ni menos, el gran pacto que la generación de la Transición fue capaz de tejer y que resultó abrasado con los fuegos de la crisis de 2008, cuando mucha gente percibió, con razón, que las políticas europeas de aquel momento crítico no pretendían salvarlas a ellas sino más bien a los bancos.

En la legislatura pasada, en nuestro ámbito, los aragoneses empezamos a recomponerlo. En ésta nos toca terminar la tarea, algo que incumbe a la política y a la sociedad en su conjunto, como hizo Europa a partir de 1945.

En este punto, hay que señalar a dos sectores que merecen especial atención, pues han sido los más castigados por la crisis, a los niños y jóvenes. El cumplimiento del Pacto por la Infancia impulsado por UNICEF, por una parte, y políticas de empleo y vivienda por otra, han de ser, en ese sentido, compromisos prioritarios en los próximos años.

Cuando hablo de aragonesista, me refiero a la conveniencia de afrontar los retos globales desde la conciencia de lo local, desde nuestra identidad aragonesa, una identidad que, en un mundo hiperconectado y tecnologizado como el nuestro, actúa como un anclaje emocional, como una comunidad de pertenencia de mil años de historia, como un contrapeso afectivo y colectivo al individualismo posmoderno.

Y me refiero, sobre todo, a la excelencia de los instrumentos que nos proporciona el Estatuto de Autonomía y el autogobierno de él derivado, para impulsar ese gran contrato social y para liberar todas las energías económicas y culturales de la Comunidad en beneficio del interés general de la misma.

Cuando hablo de progresista, me refiero a la noble aspiración de que cada generación viva mejor que la anterior, así como de evolucionar y mejorar permanentemente, caminando a paso humano para que no haya perdedores, para que nadie quede atrás.

Esa concepción positiva y brillante del Progreso ha permitido avanzar al mundo desde hace un cuarto de milenio. Y me parece importante destacarlo porque, al hacerlo, vinculamos nuestros programas, preocupaciones y acciones a ideales y valores que nos trascienden, enmarcando en una perspectiva amplia y universal nuestros empeños políticos de cada día.

Cuando hablo de un contrato aragonesista social, me refiero a la obligación de situar a las personas en el centro de las políticas públicas.

Durante décadas se ha planteado una disyuntiva que ha separado a izquierda y derecha: elegir entre crecer a costa de los rezagados o bien distribuir a costa del crecimiento. Hoy sabemos que una menor desigualdad puede producir economías más eficientes; que es posible maridar el crecimiento y la equidad social, el capitalismo de mercado y la redistribución de la riqueza, a través de los servicios públicos universales y de la creación de marcos de igualdad de oportunidades.

Hoy la mayoría de los economistas admiten que igualdad social y eficiencia no solo no son contradictorias sino que se completan y se refuerzan la una a la otra.

¿Cuál es la primera parte de la política?, se preguntaba el historiador francés Jules Michelet. La educación. ¿Y la segunda? La educación. ¿Y la tercera? La educación”, se respondía a sí mismo.

Yo estoy de acuerdo. La educación es, para mí, la clave de bóveda del contrato social y, por lo tanto, del programa de Gobierno que queremos formar. Lo fue en el mandato anterior y ha de serlo en éste, prestándole, por cierto, una especial atención a la Formación Profesional como principal vía de acceso al mercado laboral de nuestros jóvenes. El Campus de FP Digital dedicado a las nuevas tecnologías será una iniciativa clave, pionera a nivel nacional, que, por añadidura, facilitará la llegada de industrias de ese sector a nuestra tierra.

La igualdad entre hombres y mujeres es otro objetivo fundamental. La violencia machista no es sino la punta más visible de un iceberg de injusticia y desigualdad, compuesto por miles de casos de acoso laboral, discriminación salarial, falta de reconocimiento social, y muchas otras formas de discriminación de género. El gobierno pretende continuar subido a lo más alto de la última ola feminista, un movimiento que ha demostrado un intenso poder de transformación en los últimos años.

En relación con la igualdad de oportunidades, el dinamismo económico y la generación de empleo, seguirán estando a la cabeza de los objetivos del Gobierno. Aragón está en condiciones de alcanzar el pleno empleo en pocos años. Pero, en este terreno, no cabe la autocomplacencia, pues siguen sobre la mesa los retos ligados a la mejora de su calidad, estabilidad y retribución. Retos que, aun no teniendo competencias directas, el Gobierno asumirá como propios de la mano de los agentes sociales.

Son muchas más y muy potentes las medidas del programa social del Gobierno que quiero presidir. En todo caso, debiéramos ser capaces de objetivar el beneficio integral de todo este esfuerzo a través de indicadores adecuados. Algunos países ya se están planteando dar prioridad al Índice de Bienestar sobre el clásico PIB. Pero mientras logramos incorporar de uno u otro modo el desarrollo humano en las valoraciones económicas, coloquemos a las personas en el centro de nuestras políticas para que Aragón sea uno de los mejores sitios del mundo para vivir.

Cuando hablo de un contrato aragonesista verde, me estoy refiriendo a impulsar un concepto de Aragón como algo más que el espacio geográfico atravesado por el Ebro que va de Ordesa a Sarrión. El Aragón que proyectamos hacia 2030 debe ser también una forma de estar en el mundo. Aragón no solo debe ser un qué, también ha de ser un cómo.

Esa forma de estar en el mundo debe concretarse en un compromiso firme y decidido con nuestro entorno natural más cercano, pero también con el planeta. Por este motivo, el Contrato Aragonesista de Progreso, además de participar de una agenda social, se articula sobre una agenda verde, una agenda para el territorio.

Desarrollar la Estrategia Aragonesa del Cambio Climático diseñada en la pasada legislatura; traer a esta Cámara el compromiso que adquirí con los alcaldes de la Ribera dentro del programa Ebro 2030, cuyo primer eje pretende redefinir nuestra relación con el río: limpieza ecológica, compra pública de terrenos para parques inundables, plan de infraestructuras y promoción turística, y plantación de 3 millones de árboles, el equivalente a la huella de carbono de los zaragozanos; cumplir los acuerdos de la Cumbre del Clima de París y tratar de alcanzar en 2030 el objetivo de llegar a un tercio de energía renovable. He aquí algunas de las iniciativas que desarrollaremos para avanzar en ese contrato aragonesista verde.

También nos implicaremos a fondo en que la transición energética sea justa, mediante una reconversión productiva que beneficie a los trabajadores de las Cuencas Mineras y a sus familias. Además de existir ya 7 proyectos empresariales sobre la mesa, que generarán 300 empleos directos, hay líneas de ayudas ya lanzadas que superan los 12 millones de euros en las que tenemos depositadas muchas esperanzas.

Pero hablar de sostenibilidad, de agenda verde y de territorio en Aragón, es hablar también de demografía. Aunque Aragón ha sido la única Comunidad de la llamada España Vacía que ha crecido en población en el último año, la vertebración del territorio y la lucha contra la despoblación siguen siendo, sin duda, problemas seculares a cuya solución hemos de dedicar una atención prioritaria.

Una Ley de Revitalización del Medio Rural, planes estratégicos para cada una de las comarcas, medidas de fiscalidad diferenciada, incentivos en planes de empleo y vivienda, serán medidas que adoptaremos inmediatamente; sin olvidar que una reforma de la PAC destinada a favorecer directamente las rentas de la población rural sería una de las más eficaces.

Finalmente, cuando hablo de un contrato aragonesista digital, me estoy refiriendo a la obligación de mirar de frente a la llamada 4ª Revolución Industrial, que puede dejar obsoletas muchas de las profesiones actuales y anegar sectores económicos enteros.

Gobernar la digitalización de la economía y dotar de todas las herramientas a la generación que se va a ver inmersa en este tsunami tecnológico es ya una prioridad absoluta.

No se trata tan solo de las implicaciones materiales sobre el mercado de trabajo, se trata de múltiples cambios estructurales que debemos afrontar con valentía y astucia: cambio del modelo empresarial; transición a la sociedad del conocimiento de los servicios públicos; transformaciones del espacio urbano; nuevas formas de relación interpersonal y, muy en concreto, nuevas formas de relación entre los gobiernos y la ciudadanía, que aproximarán las posibilidades de una administración más abierta, directa y deliberativa. Con ese fin impulsaremos un Plan de Innovación Democrática que contemple todas estas cuestiones y que permita avanzar hacia una sociedad más cohesionada.

Pero, de entre todos los ámbitos en transición, es la economía el que más rápido está percibiendo los cambios.

Así, continuaremos desarrollando la Mesa de Automoción de Aragón y ayudando a las empresas en materia de investigación y desarrollo, innovación, y proyectos de eficiencia energética y medioambiental. Desarrollaremos además un Plan Estratégico de Infraestructuras para la recarga de Vehículos Eléctricos; y trabajaremos por seguir atrayendo inversiones ligadas a los modelos digitales de negocio, como ha ocurrido con la decisión de Correos de instalar en PLAZA su centro logístico y como va a ocurrir muy pronto con proyectos empresariales de mucha enjundia.

Sabemos que la clave está en la innovación y el fomento de la economía del conocimiento. Contamos con el excelente punto de partida del Pacto por la Ciencia y debemos incorporar a más actores al sistema aragonés de I+D+i para establecer, entre todos, una Estrategia Regional de Innovación.

Queremos en última instancia que el Gobierno sea percibido por el resto de agentes del sistema de I+D+i aragonés como un socio relevante, comprometido con la excelencia y el incremento de los impactos de las propuestas de innovación.

En este marco se enmarca el nuevo Parque Innova. Con Mobility City, el mencionado Campus de FP Digital y la instalación de otros centros de innovación y alto rendimiento en sectores emergentes que estamos terminando de diseñar, vamos a dar el impulso definitivo al valioso legado que nos dejó la Expo 2008, no solo en infraestructuras, sino también en valores, proyección internacional y posicionamiento.

En relación con este legado, dicho sea de paso, tendremos una agenda de eventos que volverán a proyectar a Aragón y Zaragoza como epicentros del Agua y el Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esa agenda arrancará ya mismo, en diciembre, con la Water Conference, el evento de Agua e Innovación más importante de Europa y que reunirá a más de 600 expertos internacionales.

Con el mismo propósito, plantearemos al Ayuntamiento de Zaragoza el proyecto de la Zeta Creativa, un ecosistema de innovación, ciencia, cultura y emprendimiento que dibuja una zeta en la trama urbana conectando los cuatro principales nodos de innovación de la ciudad.

Podemos y debemos consolidar Zaragoza como una de las mejores ciudades de España para iniciar proyectos innovadores, la simiente de una sociedad dinámica y pujante, una aspiración para la que contamos con un aliado de excepcional valía que es nuestra querida Universidad.

Por último, tres cuartas partes de la inversión en I+D+i se realiza en la industria. Por tanto, ha llegado la hora de favorecer la adquisición de competencias en Industria 4.0 por parte de trabajadores y técnicos, de realizar una transición del capital humano hacia los términos de la economía del conocimiento.

Y, para ello, no escatimaremos esfuerzos en formación, reciclaje de conocimientos, extensión de banda ancha en el territorio o el estímulo de colaboración entre empresas, conscientes de que el principal factor de competitividad y crecimiento en el siglo XXI va a ser justamente el conocimiento.

Señores diputados: es evidente que vivimos tiempos difíciles

Asistimos a la alteración del estatus geopolítico surgido de la II Guerra Mundial, con una guerra comercial entre EEUU y China que está teniendo consecuencias muy negativas para Europa, cuya economía se está desacelerando a ojos vista.

Por otra parte, la Unión Europea no está respondiendo adecuadamente a desafíos como la inmigración. El Brexit no lleva camino de resolverse de manera razonable y, por si fuera poco, desde diciembre de 2015, justo en el momento político en el que más lo necesitamos, carecemos de un Gobierno parlamentariamente sólido en España.

Todo ello está generando y extendiendo en nuestras sociedades miedo y desconfianza. Miedo a no encontrar lugar en el mercado laboral, a la revolución tecnológica, a la robotización, a la competencia, al desastre ecológico, a la pobreza, a la exclusión social, a perder lo conseguido. Miedo que ha alimentado la desafección política y que ha sido el combustible de la irrupción de la extrema derecha, de la xenofobia o de los nacionalismos, viejos enemigos íntimos que creíamos olvidados.

El miedo y la desconfianza son los peores compañeros de viaje hacia el futuro, de manera que, si la primera obligación de la política es proporcionar seguridad a los ciudadanos, erradicar el miedo es un imperativo indemorable.

En el arranque de la modernidad, Spinoza captó esto con su característica clarividencia: “El estado político de la humanidad se instaura para quitar el miedo general y para alejar las comunes miserias”. El estado político, decía, “persigue la paz y la seguridad de la vida”.

Nuestra tarea consiste en secundar la recomendación de aquel holandés de origen sefardita en el siglo XVII y, desde luego, me propongo que el Gobierno asuma, desde el primer día, esa responsabilidad, la de recuperar y propiciar espacios de seguridad y de confianza.

En realidad, todas las políticas a las que me acabo de referir –ese gran contrato social, verde y digital- tienen ese propósito.

Pero tenemos además la oportunidad de avanzar en esa misma dirección, asumiendo con todas las consecuencias nuestra condición de elemento constituyente y constitutivo de la nación española, ahora que, por causas de todos conocidas, la integridad y el futuro de la misma como proyecto común están en riesgo.

En realidad, esa implicación aragonesa en la política española, aunque no suficientemente desarrollada, forma parte de nuestra mejor tradición y ha sido puesta en práctica por algunos de nuestros más ilustres antepasados.

Pasado mañana precisamente celebraremos el tercer centenario del nacimiento de Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximenez de Urrea, X Conde de Aranda, cuya altísima talla como gobernante no ha sido suficientemente alabada. Por su dimensión diplomática internacional; por el desempeño de altísimas magistraturas del país en cinco reinados; por sus impagables servicios a España y a Aragón, su tierra natal, como cabeza del llamado “partido aragonés”; por su vocación reformista propia de un hombre de la Ilustración como él; por todo ello, lo consideramos una referencia insustituible para pensar en nuestro papel actual.

Por su parte, “Soy aragonés, español dos veces”, decía el gran Joaquín Costa para manifestar el apego radical a su país uniendo lo chico con lo grande, lo personal y lo colectivo, uniendo su suerte a la de la Nación política. Una expresión que me sirve para explicar el modo en que entiendo mi condición de aragonés, en sintonía perfecta con lo español.

Como Costa y como Aranda, pensar en Aragón es pensar en España, sentirnos concernidos por sus problemas y querer ser parte de la solución de los mismos, empezando por el más grave de todos que nos afecta doblemente por nuestra pertenencia a España y por nuestra vecindad con Cataluña.

He ahí una oportunidad –que es, a la vez, una obligación- para contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en uno de los asuntos que más incertidumbre les genera.

Y como pensaban aquellos dos gigantes de nuestra historia, construir Aragón es construir España, que es algo que nos debemos proponer seriamente reclamando para nuestros principales proyectos una dimensión estratégica nacional a todos los efectos.

Reforzar Aragón como la principal plataforma logística del país; convertir a Zaragoza en el principal hub ferroviario de España, con vistas a ser una referencia importante para el país que va camino de convertirse en la principal economía del mundo; impulsar el eje Cantábrico-Mediterráneo por Teruel y Zaragoza; convertir el eje Huesca-Zaragoza-Teruel en un potente corredor de la economía del conocimiento; todas éstas son aspiraciones que sirven no solo a Aragón sino a España en su conjunto, que no vertebran solo a Aragón sino al conjunto  del país.

Y convertir a Zaragoza, no solo en motor cultural y económico de Aragón sino de España a través de nuestra propuesta de capitalidad compartida del Estado, una propuesta que quiero plantear al Ayuntamiento de la ciudad, también se inscribe en ese propósito de recuperar la ilusión y la confianza de los ciudadanos en el porvenir.

Por lo demás, creo que todos estaremos de acuerdo en que la mejor manera de confiar en el futuro de Aragón es confiar en los aragoneses, que nunca han dimitido de su condición de hombres y mujeres libres e iguales, de ciudadanos que comparten derechos y deberes; confiar en su capacidad para desarrollarse a través de todos esos proyectos que acabo de mencionar y en otros muchos.

Como Presidente de Aragón he podido percibir en estos años una positiva autoestima entre nuestras gentes, que se aventuran con tenacidad a emprender exitosamente proyectos en todas las ramas de la actividad y en cualquier parte del mundo.

Aragón ha sido siempre tierra de prodigios, de creaciones brillantes, de modos nuevos de mirar a la realidad y de hollar nuevas tierras de la razón y la ciencia. Lo ha sido en el pasado y lo es en el tiempo presente, en el que cada vez encuentro más ejemplos de aragoneses cuya voluntad y cuyo talento están haciendo de Aragón una metáfora del progreso.

En ese camino nadie puede quedarse atrás. Sabemos que la principal fuerza de nuestra identidad no está en los mitos del pasado, está en los lazos compartidos, en el esfuerzo sostenido y en los valores asumidos para afrontar el futuro; en la fuerza de la ciudadanía como vínculo central de la democracia, en la que caben todas las ilusiones, esperanzas y aspiraciones.

Establezcamos ya ese nuevo gran Contrato Social para lanzar a Aragón a una transformación sin precedentes. Establezcamos los cauces y pactemos los caminos para que, desde esa libertad, los aragoneses puedan avanzar en pos de aquel bello ideal constitucional de Cádiz: “La felicidad de la nación”.

Estoy convencido de que dentro de cuatro años miraremos a este momento admirados del cambio que nuestra tierra habrá experimentado. Cuento con la visión de un futuro más igual, más verde y más digital, y una valiosa experiencia en el Gobierno.

Habrá problemas, seguro, pero compartimos una visión de progreso colectivo que nos permitirá resolverlos.

Otórguennos su confianza para poder abrir las puertas al Aragón del futuro, para que los verdaderos protagonistas de nuestra transformación, los aragoneses, puedan avanzar libre y felizmente hacia él.

En ese sentido, Montaigne nos regala otra reflexión cargada de sentido: "Los países no están cultivados en razón de su fertilidad, sino en razón de su libertad"

Muchas gracias por escucharme.