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Domingo, 20 de abril de 2025

El Gobierno de Aragón recuerda que las administraciones públicas deben cumplir y hacer cumplir las sentencias emitidas por la Signatura Apostólica sobre los bienes eclesiásticos del Aragón oriental

Reitera además su apoyo al Obispado de Barbastro-Monzón, legítimo propietario de las 113 piezas de arte según todas las sentencias del Vaticano, en su reclamación de devolución de los bienes

Ante las últimas informaciones aparecidas referentes a las piezas de arte sacro procedente de las parroquias del Aragón oriental y, en concreto, a la propiedad de las mismas, el Gobierno de Aragón quiere recordar que:

1. La legislación vigente en materia de patrimonio cultural establece que es el derecho canónico el que debe aplicarse en los conflictos sobre los bienes que son propiedad de la Iglesia.

2. Los poderes públicos y las administraciones deben actuar siempre teniendo en cuenta el respeto al principio de legalidad, que en el ámbito de la propiedad de los bienes eclesiásticos viene marcado por el derecho canónico. En este sentido, las numerosas sentencias que durante más de una década han señalado al Obispado de Barbastro-Monzón como legítimo propietario de más de un centenar de obras de arte procedentes de las parroquias del Aragón oriental que se encuentran actualmente en el Museo Diocesano de Lérida, deben ser aceptadas y acatadas por todas las instituciones y administraciones públicas, sin excepción.

3. La utilización de los bienes culturales como objeto de exposición pública para el disfrute de todos los ciudadanos no debería nunca violentar la voluntad de su legítimo propietario que, en el caso de las piezas de arte procedentes de las parroquias del Aragón oriental, es la Iglesia católica y, en concreto, el Obispado de Barbastro-Monzón.

4. Por último, el Gobierno de Aragón reitera su apoyo al Obispado de Barbastro-Monzón en la reclamación de unos bienes artísticos que legalmente le pertenecen y recuerda a las instituciones catalanas que deben ajustarse al principio de legalidad y acatar las sentencias dictadas por las máximas autoridades del derecho canónico.