Justicia
La Ley de Víctimas del Terrorismo arranca con las aportaciones de todos los afectados
El Consejo de Gobierno ha aprobado el reglamento necesario para aplicar la ley. En el texto final se han tenido en cuenta todas las alegaciones presentadas, la mayoría de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)
Su aplicación será retroactiva, es decir, se resarcirá a las víctimas del terrorismo desde el 1 de enero de 1960
Todas las víctimas de atentados terroristas cometidos desde 1960 tienen, a partir de la publicación en el BOA del reglamento, derecho a pedir indemnización por los daños personales y materiales ocasionados. Así aparece reflejado en la Ley de medidas a favor de víctimas del terrorismo. El reglamento necesario para su aplicación se ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno. Víctimas, asociaciones y otros interesados han presentado todas las consideraciones que han creído oportunas. Así, en el desarrollo de esta ley se han tenido en cuenta 12 alegaciones, la mayoría de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El reglamento va a permitir hacer efectivo el pago de las indemnizaciones y, además, como novedad, se amplía el ámbito de las distinciones honoríficas a todas las víctimas que tengan algún vínculo con Aragón. De esta forma, con esta Ley el Ejecutivo aragonés concederá indemnizaciones por daños físicos tales como fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial, incapacidad temporal, así como lesiones de carácter definitivo no invalidantes. Además, en cuanto a los daños psíquicos, se concederá indemnizaciones en caso de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta e incapacidad permanente total. Pero, además, el texto contempla la reparación por daños materiales en viviendas, establecimientos, sedes de partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales y vehículos. Estas ayudas servirán de complemento a las concedidas por la Administración General del Estado, en concreto, la cantidad con la que indemnice el Gobierno de Aragón se fija en un 30% de lo recibido por el Estado. Para tener ese derecho es necesario que el atentado fuera cometido en Aragón o bien que la víctima fuera aragonesa en el momento del atentado. Con este texto definitivo se consigue aplicar, definitivamente, la Ley de 2008 y, con ello el Ejecutivo autonómico intenta saldar la deuda que mantiene con todas las víctimas de la barbarie terrorista.