Consejero Guillén: “ La despoblación es una forma de desigualdad”

“Es estos momentos, lo que necesitamos para trabajar contra la despoblación es un marco normativo con unos objetivos claros y una financiación también clara, con fondos del Estado complementados con recursos de las Comunidades Autónomas que sufrimos este problema”, dijo esta mañana en Teruel el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, que participó en un foro sobre Despoblación organizado por la Asociación ADEA.

Vicente Guillén manifestó que “la despoblación es una forma de desigualdad, un elemento que nos obliga a todos a corregirlo porque se produce y provoca una diferencia entre las oportunidades de quienes viven en el medio rural con respecto a quienes lo hacen en el medio urbano”.

“Ya es hora de pasar a los hechos y por eso sería bueno contar con un marco jurídico sobre el que colaboráramos luego todas las  administraciones. Se trata de dar pasos contando siempre con los grupos que trabajan sobre el territorio porque cualquier idea de la sociedad civil tiene que ser bien acogida y más si se trata de personas y organizaciones que viven en territorios despoblados”, indicó Guillén.

En su intervención, el consejero de Presidencia reclamó  la recuperación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, una norma publicada en 2007 pero que quedó sin efecto como consecuencia de la crisis económica. Dijo el consejero que se trata de un texto que puede servir de punto de partida porque en él se enumeraban los problemas del mundo rural, incluida la despoblación, y las distintas posibilidades de invertir en este medio rural.

El consejero se mostro favorable de aplicar incentivos fiscales a empresas y personas que viven en el medio rural e incluso a la creación de alguna figura de gestión de los fondos que van destinados al medio rural en su mayor parte como es el caso del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) en consonancia con la idea que propuso el presidente de ADEA, Salvador Arenere, de crear una Oficina del Inversor para facilitar la implantación de empresas y actividad en territorios poco poblados y dotar de una mayor agilidad a los trámites administrativos que deben solventar las empresas para desarrollar su actividad.