El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, presentó la reorientación del proyecto de remodelación, que tendrá un coste de 4 millones de euros.

La adaptación de los edificios a las necesidades de distribución e implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), la flexibilidad en los espacios, el ajuste a la normativa relativa a la construcción que contiene el Código Técnico de la Edificación y la mejora de la eficiencia energética son los criterios básicos sobre los que se asienta la reforma de los edificios de la Audiencia y Juzgados de Teruel, inmuebles con una superficie ligeramente superior a los 6.000 metros cuadrados. El proyecto lo ha presentado el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, a las autoridades judiciales de Teruel: presidenta en funciones y magistrados de la Audiencia, fiscal-jefe y fiscales, jefa de la Unidad Administrativa de los Juzgados de Teruel, coordinador y secretarios judiciales, y subdirector provincial del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). Acompañaron al consejero Guillén la directora general de Justicia e Interior, María Angeles Júlvez, y técnicos del Departamento. Fue la propia directora quien ha dado a conocer el proyecto a una representación de los sindicatos con presencia en el ámbito de la Justicia en la capital turolense. El proyecto de reforma presentado ha sufrido varios cambios con respecto a la propuesta que, en su momento, redactó el anterior Gobierno de Aragón. La nueva remodelación abandona la idea de la oficina tradicional, aporta los criterios propios de la NOJ, dota a los espacios de una mayor flexibilidad y plantea los cambios sobre la base de la unificación absoluta de ambos edificios. El presupuesto de esta remodelación se estima en 4 millones de euros (IVA incluido), una cuantía a la que hay que añadir el equipamiento informático y el mobiliario. Hay que tener en cuenta que se trata de edificios construidos en 1940. El inmueble de los juzgados fue reformado parcialmente en 2010, mientras que el de la Audiencia lo fue en zonas puntuales y solo cuenta con climatización en las salas de vistas. La remodelación, que tiene como escenario de inicio las primeras semanas de 2016, busca coordinar ambos edificios, encajarlos como si fueran una pieza y hacer de ellos un único elemento, funcional arquitectónica y constructivamente. Actualmente, esta sede tiene problemas de humedad, de climatización, de comunicación y mantiene espacios muertos de difícil uso. Distribución de los servicios En la planta calle, con acceso desde la Plaza de San Juan, la nueva distribución conjunta de ambos edificios dispone el vestíbulo, el Servicio Común de Ejecución, el decanato, espacios para abogados y procuradores, la unidad administrativa y el Registro Civil. Se pretende, en líneas generales, la mejora y racionalización de las condiciones de acceso, la posibilidad de acceder a la información por parte de los usuarios y un incremento de la seguridad. La primera planta quedaría completada con un vestíbulo común, las cuatro salas de vistas y la propia Audiencia. Una de las novedades de la nueva distribución es que una de las salas cuenta con un tabique móvil que posibilita determinadas ampliaciones. Esta nueva distribución trata de mejorar la distribución de los espacios en la segunda planta, mantiene la unificación de ambos edificios y flexibiliza las salas desde el punto de vista de su utilización. En la segunda planta se ubicarán todos las UPAD (Unidades Procesales de Apoyo Directo) y cada uno de los juzgados (tres mixtos y los juzgados de lo Contencioso, Penal y Social). La tercera planta puede considerarse como el área privada del inmueble, con acceso restringido puesto que en ella tendrían cabida todos los despachos de jueces, fiscales y letrados judiciales, las salas de apoyo y de reuniones. La planta bajo cubierta se destinará a espacios de reserva, multiusos, biblioteca y una dependencia de oficio, entre otros servicios. Con esta nueva distribución se mejora la seguridad y se marca claramente la diferenciación entre la utilización pública y la privada. En cuanto a los sótanos, en el primer nivel quedarían ubicados los archivos y los calabozos y en el segundo nivel las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) y el Tribunal de Menores, en este caso con un acceso independiente. Mientras se ejecutan las obras, el personal y los servicios se trasladarán a la Casa Blanca. En primer término, los juzgados y el personal que lleva a cabo las notificaciones y los embargos. Una vez terminada la primera fase y desalojada la Casa Blanca se iniciará la segunda fase y será el personal y servicios de la Audiencia quienes pasen a ocupar la propia Casa Blanca. Las obras se prolongarán entre 6 y 9 meses en cada una de las fases.