El Gobierno de Aragón abre el proceso para elaborar un Proyecto de Ley de Derechos y Obligaciones de las Personas con Discapacidad

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria Broto, han firmado una orden conjunta para “iniciar el procedimiento para la elaboración del Proyecto de Ley de Derechos y Obligaciones de las Personas con Discapacidad”, a la vez que encomienda “a la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia el impulso y la coordinación general de las actuaciones y del procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley y a la Secretaría General Técnica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales la realización de los trámites necesarios para su elaboración como proyecto de Ley”.

El Gobierno de Aragón considera que “las personas con discapacidad conforman un grupo particularmente vulnerable y numerosos para el que deben establecerse las condiciones necesarias en orden a evitar la restricción de sus derechos básicos que condicionan u obstaculizan su desarrollo persona, así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad”.

Por ello, el Gobierno de Aragón “considera imprescindible la configuración de un marco jurídico que remueva los impedimentos que les privan del pleno ejercicio de sus derechos, de modo  que las personas con discapacidad se sitúen en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos”.

Se trata, en cualquier caso, de una iniciativa legal que viene contemplada en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Aragón, texto en el que se establece que “Los poderes públicos de Aragón promoverán y garantizarán un sistema público de servicios sociales suficiente para la atención de personas y grupos, orientado al logro de su pleno desarrollo personal y social, así como especialmente a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando una renta básica en los términos previstos  por la Ley”.

Aunque en estos momentos se encuentra vigente la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicio Sociales de Aragón, ha venido a desarrollar estos preceptos, a la vez que señala como objetivo prioritario la garantía del derecho universal de acceso a los servicios sociales como derecho de la ciudadanía, para promover el bienestar social del conjunto de la población y contribuir al pleno desarrollo de las personas”, el Gobierno de Aragón considera que “resulta preciso avanzar  en esta regulación, de modo que nuestro ordenamiento jurídico se dote de una ley que garantice que tanto el marco normativo vigente como las actuaciones públicas en beneficio de las personas con discapacidad los sitúen en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos”.