Justicia
El Gobierno de Aragón avanza en la recuperación de la sede del TSJA con la redacción de un Plan Director
El documento fue presentado esta mañana a todos los estamentos del máximo órgano judicial de la Comunidad Autónoma
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, y José María Rivera, fiscal jefe del TSJ, asistieron esta mañana a la presentación del Plan Director del Palacio del Conde de Morata, actual sede del TSJA, acto al que asistió también una representación de todos los estamentos del máximo órgano judicial de la Comunidad Autónoma.
El consejero Guillén explica las etapas del proyecto
El consejero Guillén explica los objetivos sobre la sede del TSJA
Se trata de un documento que ha sido elaborado por un equipo de profesionales dirigidos por el arquitecto Sergio Sebastián.
El propio consejero Guillén indicó que “es interés del Gobierno de Aragón conseguir unas infraestructuras en las mejores condiciones posibles para que fiscales, jueces, magistrados y todos los trabajadores puedan desarrollar sus funciones en las mejores condiciones posibles. Hoy presentamos el Plan Director y a partir de ahora hay que seguir trabajando en la redacción de los proyectos”.
El Plan Director propone dos escenarios diferenciados en los que se acomete la realización de las obras del Palacio de los Conde de Morata bien por fases, con lo que la actuación global queda dividida en unidades menores, es decir, cuatro actuaciones que se corresponden con las cuatro áreas o volúmenes que componen el Palacio.
Una segunda opción contempla las obras en una única etapa, sin interrupción alguna de una fase a otra.
La actuación sobre el inmueble con cualquiera de estas dos alternativas tiene un coste final aproximado muy similar, en torno a los 11,8 millones de euros.
El Escenario 1 acometería la realización de las obras por fases. La actuación global se divide en unidades menores, cuatro actuaciones que se corresponden con las cuatro alas o volúmenes que componen el Palacio. En todo caso, las obras comenzarían una vez que se hayan realizado las catas e informes.
El área del Palacio en el que se actúa queda vacío de ocupantes durante las obras mientras que en las tres áreas restantes se pueden trabajar a pleno rendimiento.
Antes de cualquier actuación sería necesario acometer obras generales que afectan al conjunto global del edificio. El ejemplo más claro es el saneamiento general (red horizontal del edificio). Habría que ejecutar igualmente otras obras como retejados, goteras y arreglo puntual de instalaciones, ya que debido a la intervención por fases, algunas alas deberán esperar años para ser rehabilitadas.
Alternativa 2
Este escenario comete la realización de todas las obras sin interrupción. El Palacio tendría que quedar vacío de ocupantes y sería necesario el traslado de las 95 personas que trabajan en el inmueble.
Aunque la intervención se acometería de forma íntegra en una única intervención, el periodo de investigación, ensayos y elaboración de los proyectos es más extenso.
La reducción de los plazos de obra a la mitad requiere, por el contrario, un mayor esfuerzo económico concentrado en un menor espacio de tiempo.
Actuaciones previas
En el edificio se ha trabajado ya, en esta legislatura, en las cubiertas y alero, con una intervención de 208.000 euros.
Quedaron restauradas las cubiertas de los dos torreones situados en la fachada principal, las del ala de la calle Coso en ambas vertientes, así como todo el ala de la calle Galo Ponte hasta la calle Paraíso, con una superficie aproximada de actuación de 900 metros.
Los Presupuestos de este año recogen una segunda actuación por un importe de 180.000 euros para realizar trabajos de saneamiento y consolidación.
El Palacio de los Condes de Morata es un edificio renacentista, magnífico ejemplo de la arquitectura civil aragonesa del XVI, construido hacia mediados de este siglo.
Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el entonces Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el 3 de junio de 1931 y completada por la Orden de 29 de abril de 2002. Por tanto, cuenta el grado máximo de protección que figura en la Ley de Patrimonio Histórico.