Impulso a la economía social con una Ley para promocionar y estimular a las empresas del sector

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón, que tiene por objeto convertirse en un compromiso real y efectivo de la Administración de la Comunidad de Aragón con el reconocimiento, promoción y estímulo de todas las entidades y empresas de la economía social que desarrollan su actividad en Aragón.

Según la Asociación de Economía Social de Aragón, CEPES-Aragón, estas entidades representan en la Comunidad Autónoma aproximadamente un 4,5 % del PIB y han creado más de 20.000 puestos de trabajo. En la actualidad, uno de cada tres aragoneses está vinculado a alguna de las organizaciones que configuran la Economía Social y más de 400.000 personas participan, colaboran o forman parte de asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuas, sociedades laborales, empresas de inserción o centros especiales de empleo.

El Gobierno de Aragón ha estimado necesario establecer un marco normativo en Aragón que ponga en valor este sector económico, dotándolo de la relevancia que merece por sus aportaciones a la sociedad. Quiere también impulsar este texto legal la capacidad de este sector para generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible. Esta ley responde a la actuación estratégica de fomento de la economía social incluida dentro del ámbito del Departamento de Economía, Industria y Empleo en el Plan de Gobierno para esta legislatura, que define los objetivos estratégicos de desarrollo autonómico para impulsar el crecimiento económico y el empleo en Aragón.

Otro acuerdo destacado ha sido la aprobación de las adendas de prórroga de los convenios de colaboración por los que se formaliza la encomienda de gestión del Ejecutivo a determinadas entidades locales para la atención a personas en situación de dependencia con el servicio de ayuda a domicilio. De esta forma, se garantizan 16.894.584,40 euros para la gestión de la ayuda a domicilio para dependientes por parte de ayuntamientos y comarcas para 2019.

En el acuerdo se incluyen, además de las comarcas, los ayuntamientos de Huesca, Utebo, Zaragoza, Calatayud y Teruel. Destaca por su importe la partida destinada al Ayuntamiento de Zaragoza para la gestión de este servicio, que es de 5,9 millones de euros. Paralelamente, también se ha aprobado el convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión de la ayuda a domicilio para dependientes al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro para el ejercicio 2018. En este caso, el importe de la partida es de 14.450 euros.

En materia de Sanidad destacan tres acuerdos por los que se autoriza al SALUD la tramitaicón anticipada de gasto para la realizaicón de diferentes obras de reforma y ampliación, en concreto en el hospital de Calatayud y el centro de salud de Valderrobres, además de la redacción del proyecto para la ampliación del centro de salud de Barbastro.

Asimismo, el Ejecutivo aragonés ha aprobado definitivamente el convenio de colaboración en materia de protección civil previsto con la Diputación de Huesca y que establece una subvención plurianual de 3 millones de euros para este ejercicio y el de 2019 destinada al servicio provincial de prevención, extinción de incendios y salvamento.

Con el acuerdo adoptado hoy, el convenio con las ayudas para los parques de bomberos de Huesca queda expedito para su próxima firma por parte del consejero de Presidencia, Vicente Guillén, con la Diputación Provincial.

Por otra parte, se ha aprobado mediante decreto el Reglamento regulador de la clasificación y registro de seguridad presas, embalses y balsas que son competencia de Aragón, es decir, las ubicadas fuera del dominio público hidráulico salvo que sean de interés general del Estado y corresponda a éste su explotación, así como las que, en virtud de transferencia, encomienda o convenio, se atribuya su gestión a la Comunidad Autónoma.

El nuevo Reglamento determina la organización administrativa precisa para una correcta ordenación de las presas, embalses y balsas de competencia autonómica, las normas y procedimientos de clasificación, la obligatoriedad de disponer de planes de emergencia para determinadas categorías, la habilitación de entidades colaboradoras y su régimen de actuación y el contenido de los registros en los que deberán inscribirse tanto las infraestructuras como estas entidades colaboradoras.

El Consejo también ha dado el visto bueno al Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y Promoción de la Salud de los Empleados Públicos. De esta manera, la Comunidad Autónoma trata de dar respuesta al reto que supone la integración de la prevención de los riesgos laborales y la promoción de la salud en el ámbito del sector público para alcanzar una auténtica cultura preventiva.

En otro apartado, el Consejo ha aprobado un convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Academia del Cine Aragonés para la realización de una campaña de sensibilización en materia de violencia de género a través de la presentación de trabajos audiovisuales en el territorio aragonés.

Se presentarán obras audiovisuales de diferente duración en 10 sesiones de cine fórum en diferentes localidades aragonesas, en las que se analizarán las formas en que la violencia de género se presenta y la función de herramienta metodológica para la sensibilización de la violencia de género contra las mujeres.

En materia de turismo, se ha aprobado el Decreto por el que se establece la ordenación y regulación de las casas rurales de Aragón. La aprobación de este texto, que supone una adaptación del sector después de 20 años, se produce tras un intenso proceso participativo en el que se han tenido en cuenta tanto las indicaciones del sector como de las comarcas. Entre las novedades figura la adopción del sistema de clasificación de las casas rurales a través de la marca de las espigas, que permite diferenciarse a los alojamientos y al cliente, que pueda ver satisfechas sus expectativas.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la suscripción de un convenio con la Asociación de Psicología de la Actividad Física y del Deporte de Aragón que permitirá impulsar labores de formación, asesoramiento y fomento de la psicología deportiva en la Comunidad. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte colaborará así con Apafda e incorporará estas acciones formativas dentro del Programa Anual de Formación Permanente del Deporte Aragonés.

En otro orden de cosas, se ha aprobado el texto de la adenda de renovación en el ejercicio de 2019 del convenio de colaboración suscrito el 22 de diciembre de 2017 con la Universidad de Zaragoza para la realización de acciones de formación, investigación, divulgación y fomento de la mediación como sistema de resolución de conflictos. También se ha autorizado al Departamento de Presidencia la tramitación anticipada del gasto relativo a esta adenda de renovación en el ejercicio de 2019, que supone una aportación económica de 70.000 euros.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el texto del convenio que firmará el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, con el Ministerio de Justicia para el desarrollo de actividades de formación, investigación y calidad en los laboratorios forenses. Esta se colaboración se materializará entre el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF).

El convenio, que no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica por ninguna de las partes, se enmarca en el Plan Estratégico de Modernización del IMLA (2015-2019), incluye diversas medidas tanto para la actualización continua de sus profesionales como para la formación de especialistas en medicina, especialmente en el ámbito de la anatomía patológica.

También en el ámbito del Departamento de Presidencia se ha aprobado el texto del nuevo convenio a suscribir con el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil) para la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Administración de Justicia radicados en la Comunidad Autónoma, que estará vigente desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022.

En el mismo acuerdo, el Ejecutivo aragonés ha autorizado el gasto plurianual de 1.139.545 euros como aportación de la Comunidad Autónoma al Ministerio del Interior para todo este periodo, a razón de 284.886 euros cada año.

Igualmente, el Consejo ha autorizado al Departamento de Presidencia la tramitación anticipada del gasto de 15.000 euros en 2019 por la adenda al convenio de colaboración aprobada el pasado 29 de septiembre para la realización y difusión de la publicación periódica denominada “Actualidad del Derecho en Aragón”, a cuya financiación contribuye también el Justicia de Aragón con una aportación en su caso de 2.500 euros.

El importe es el mismo que se estableció el 20 de febrero de este año en la anterior adenda al convenio que se suscribió hace años inicialmente con el Justicia de Aragón, la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y la Asociación de Letrados de la Comunidad Autónoma y al que se adhirió después el Colegio de Graduados Sociales.

Regadíos, montes y carreteras

El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se declara de urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras contempladas en el “Proyecto de Modernización integral de la zona regable de la Comunidad de Regantes ‘Santa Cruz’ de Alcolea de Cinca (Huesca)”, solicitada por la Comunidad de Regantes ‘Santa Cruz’ de Alcolea de Cinca (Huesca). El proyecto se declaró de Interés General para la Comunidad Autónoma de Aragón en enero de 2018.

También se han adoptado cuatro acuerdos relacionados con la gestión forestal de los montes de utilidad pública de Alcubierre, Bardají, Biescas, Fiscal y Sabiñánigo en Huesca; Torrecilla del Rebollar en Teruel; Aguarón, Orcajo y Talamentes en Zaragoza. Los cuatro proyectos aprobados hacen un total de 208.361 euros y están financiados por el Gobierno de Aragón a través del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y fondos FEADER.

El Ejecutivo ha acordado declarar urgente la expropiación forzosa, ocupación de los bienes y derechos de los afectados por las obras del proyecto de mejora de la carretera A-1406 que une las localidades de Híjar y La Puebla de Híjar. Se trata de una carretera que cuenta con una Intensidad Media Diaria de tráfico de 370 vehículos y cuyas deficiencias se solucionarán mejorando su trazado.

Por otra parte, se ha acordado la mutación demanial, con transferencia de titularidad, a favor del Ayuntamiento de Teruel de las fincas donde se ubica la antigua residencia de menores Virgen del Pilar (COAM), que hasta ahora estaban adscritas al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. La finalidad es que el Ayuntamiento de Teruel destine estas fincas a la prestación de servicios públicos asistenciales, sociales y culturales.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la renovación por cuatro años del convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para la realización de actividades conjuntas en relación a los trabajadores afectados por patologías derivadas de la utilización laboral del amianto, tras vencer el acuerdo inicial.