Intervención del Presidente Javier Lambán en el Debate del Estado de la Comunidad

En la parte de análisis del estado de la comunidad que tiene este debate anual, se nos ofrece un panorama de claroscuros.    Por una parte, el desempleo y la pobreza están por debajo de la media española y la renta per cápita, por encima.    El peso de la industria en el PIB también está cinco puntos por encima de la media, con grandes perspectivas de crecimiento en algunos sectores, con un gran dinamismo empresarial, con empresas muy capaces para competir en la globalización, con una Universidad y un aparato investigador muy estimable, con una sociedad, en definitiva, de un alto potencial creativo en todos los órdenes.    Pero, por otra parte, hay 80.000 aragoneses parados, muchos de ellos sin ninguna clase de percepción económica. Los que trabajan, lo hacen a menudo en empleos de mala calidad, con contratos parciales y temporales. Tener trabajo no significa salir de la pobreza. Hay muchos trabajadores pobres y demasiadas familias sin ingresos.    Podemos decir, por tanto, que las heridas de la crisis todavía no están ni mucho menos cerradas.    Generaciones casi enteras han sido desplazadas del mercado de trabajo, jóvenes y mayores sobre todo y las mujeres de modo especial, y asistimos a una verdadera destrucción de las clases medias, verdadero soporte de la economía y de la democracia.    La desigualdad social permanece más allá de lo aceptable, lo cual resulta más lacerante por producirse en una comunidad que, en muchos de sus parámetros, forma parte de la España rica.    Y también avanzan los desequilibrios territoriales, manifestados sobre todo en un proceso de despoblación, de vaciado del territorio, por utilizar la expresión de Sergio del Molino, que pone en riesgo la estabilidad del sistema social y económico en su conjunto.    Finalmente, es constatable una evidente falta de oportunidades para profesionales y empresarios muy valiosos pero necesitados de impulso para desenvolverse con suficiencia en el capitalismo global, que hay que racionalizar y regular, por supuesto, pero en el que hay que ser capaz de competir sin complejos.    Pero este debate, además de versar sobre el estado de la comunidad, ha de tratar también sobre el estado de la política, terreno en el que –reconozcámoslo- los oscuros dominan sobre los claros.   En mi opinión, la política viene preocupándose demasiado de sí misma. Está, por tanto, literalmente ensimismada, algo que explica en parte su notable desconexión del mundo en el que vive, de sus problemas y de sus expectativas.   La corrupción y los comportamientos y actitudes reprobables, que no están solo en la política, han hecho estragos en ese sentido. Además, a estas alturas,  nadie está ya libre de pecado para tirar la primera piedra, aunque hay pecados y pecados, pecadores aislados y pecadores en manada.   ¿Qué cabe hacer? Ser lo más ejemplar posible en el ámbito público y en el privado. No percibir dietas, por ejemplo, ni sobresueldos, ni cobrar de dos instituciones a la vez.   Legislar, por supuesto. Pocas iniciativas ha habido en España como la Ley de Integridad y Ética Pública que enviamos al Parlamento hace meses. No hay que olvidar, sin embargo, al viejo Tácito, que decía que cuanto más corrupto es un Estado más numerosas son sus leyes.   Eso no quiere decir que algunas leyes sean no solo de obligado sino de conveniente cumplimiento. Es el caso de la Ley de Transparencia aprobada la pasada legislatura, que estamos desarrollando con mucho esfuerzo pero convencidos de su utilidad.    Sí parece recomendable también que elevemos el listón de las exigencias y que nos homologuemos a los países de nuestro entorno en la fijación de las responsabilidades políticas, lo cual  hubiera obligado a la dimisión a líderes  muy relevantes de nuestro país hace ya mucho tiempo.    Pero las energías dedicadas a estos afanes no son ni de lejos suficientes para corregir el desapego de los ciudadanos respecto a la política.    Ni siquiera son las más importantes. El camino más corto y seguro hacia la rehabilitación de la política tal vez pase por acreditar su utilidad para resolver los problemas de los ciudadanos y proponer horizontes de esperanza a los países.    En dejar de regodearse en la confrontación y en la división, estériles desde cualquier punto de vista, y buscar la cohesión en torno a proyectos comunes.    Qué hace la política por Aragón y por los aragoneses? Eso es lo realmente importante y sobre ello quiero disertar esta mañana, convencido –insisto- de que, si centramos ahí nuestra inteligencia y nuestro compromiso, ganará Aragón, ganarán los aragoneses y ganará la política.        I     Señores diputados: antes de abordar el debate propiamente dicho sobre la gestión del gobierno PSOE-CHA que tengo el honor de presidir, permítanme que haga mención a las que, a mi entender, han sido las principales interferencias, los factores que más han obstaculizado nuestra labor.    Uno es el estado de campaña electoral permanente en el que estamos instalados desde hace un año.   Por una parte, los partidos hemos estado  sometidos a un estrés continuo, afectando a la política autonómica y contaminándola de manera tan acentuada que el deseable sosiego que requiere el buen debate político no lo hemos disfrutado nunca.   Nunca hemos estado lo suficientemente lejos de unas elecciones como para acordar sin presiones, para actuar mirando por encima del interés partidario, sin mezclar la política nacional con la autonómica y sin confundir los escenarios de una y otra, que son distintos y obedecen a aritméticas y razones distintas.    Además, meses y meses de gobierno en funciones ha supuesto la paralización de las relaciones bilaterales y de la interlocución, en perjuicio de la urgencia de abordar asuntos como el del carbón, la reapertura del Canfranc, las inversiones estratégicas y, sobre todo, la financiación.    Porque el otro factor, el otro gran obstáculo que se ha interferido entre nosotros y nuestros propósitos ha sido la financiación.    Los presupuestos de 2016 incluyen algunos impuestos nuevos y la modificación de otros, una reforma fiscal de muy pequeño alcance que no hace sino situarnos en la media de las comunidades autónomas.   Pero eso no soluciona el problema ni de lejos. Estamos intervenidos, a merced del Ministerio de Hacienda. Los proveedores cobran cuando se nos libera el Fondo de Liquidez y lo mismo ocurre con la ejecución de todas las partidas del presupuesto. En ocasiones hemos calculado que la Comunidad necesita una aportación adicional no inferior a los 600 millones de euros, si es que aspira a cumplir sus cometidos  con solvencia y sin aumentar la deuda.    Por lo tanto, es necesaria una revisión a fondo del actual sistema de financiación, con otros criterios de reparto pero, sobre todo, con más recursos.    Y, por ello, el Gobierno está a punto de traer a estas Cortes una  propuesta para intervenir con voz propia en debate nacional, que es cada día más urgente.   Si no, a medio plazo, nos veremos abocados a la imposibilidad de prestar los servicios y, por tanto, a la  inviabilidad misma de las comunidades autónomas como tales.    No obstante,  ello no ha impedido que  hayamos cumplido nuestros compromisos, entre otras cosas porque los priorizamos y dijimos tanto en la campaña electoral como en el debate de investidura que mientras no se alcanzaran los primeros objetivos no acometeríamos los siguientes.    Hablábamos de combatir la pobreza y recuperar los derechos y los servicios públicos, como prioridad absoluta, y abordar a continuación la modernización de la economía. ¿Cuánta inversión? La que fuera posible una vez se hubieran encauzado los dos primeros objetivos.   Dicho de otra manera: para la crisis múltiple que nos afecta, “los remedios económicos pertenecen en su mayoría al ámbito de la Unión Europea y del Estado, y el margen de la comunidad autónoma para actuar sobre ellos es escaso”.   Los remedios políticos son más compartidos y, de una forma más o menos afortunada, todos, desde los distintos ámbitos, estamos tratando de actuar sobre los mismos.   En cuanto a los remedios sociales, lo cierto es que las comunidades autónomas tenemos más margen de maniobra, entre otras cosas, porque tenemos competencias prácticamente exclusivas sobre tres de los pilares del Estado del bienestar: sobre la educación, sobre la sanidad y sobre los servicios sociales.   ¿Es ésta una justificación de las carencias de la gestión del actual Gobierno? No. Es lo que defendí en estas Cortes el 4 de diciembre de 2014, cuando era el PP quien gobernaba.    Y me parece bueno recordarlo para ajustar las expectativas a la realidad, evitando el error frecuente de equiparar la amplitud de nuestras opciones a las del Gobierno de la Nación.    Desde ese punto de vista, voy a hablar de un gobierno que cumple sus compromisos, tanto con los electores como con los grupos parlamentarios que votaron mi investidura (PSOE, Podemos, CHA e IU), sin atribuirse capacidades que no tiene.    De un gobierno que agradece a estos grupos su apoyo parlamentario y con los que comparte el mérito de los aciertos que haya podido tener, entendiendo el acuerdo del pasado 13 de septiembre como una señal clara de que todos quieren seguir colaborando para culminar el cumplimiento de la letra y el espíritu de los pactos de investidura.    De un Gobierno que cree profundamente en Aragón y en sus posibilidades y actúa en consecuencia.    De un gobierno que, por lo tanto, dialoga y acuerda, que busca asociar a sus propósitos los de la sociedad aragonesa, como vía para ampliar la potencia de sus decisiones, como pondré de manifiesto a lo largo de mi intervención.    De un gobierno que, compartiendo la idea de Felipe González de que la política debe hacerse cargo del estado de ánimo de los ciudadanos y resolver sus problemas, hemos asumido que somos ante todo servidores de los aragoneses.    De un gobierno que, por lo tanto, recorre el territorio, se reúne con sus habitantes, con los actores sociales y económicos, aprendiendo así a valorar las inmensas posibilidades de nuestra sociedad.    De un gobierno que, de esa manera, conoce en vivo los problemas de los ciudadanos, les pone cara y ojos, partiendo de la base de que, a través de las estadísticas, es imposible abrigar la compasión, en el sentido de compartir el sufrimiento ajeno como requisito previo para empeñarse en remediarlo.    De un gobierno, en definitiva, socialista y aragonesista, formado por dos partidos, PSOE y CHA, que, respetando sus diferencias, han sido capaces de acordar  un camino ancho y de amplio recorrido orientado sobre cuatro vectores:    -Fortalecimiento del estado de bienestar -Modernización de la economía aragonesa -Organización del territorio sobre el pilar de los ayuntamientos y -Desarrollo de las relaciones entre Aragón y las instituciones del  Estado desde una nueva visión.    Cuatro vectores que van a ser, a su vez, los cuatro apartados en los que voy a estructurar esta intervención.        Señores diputados: Como ustedes saben, el fortalecimiento del Estado de Bienestar ha sido el vector principal de la acción del Gobierno. La gestión de tres de sus pilares –sanidad, educación y servicios sociales- es el cometido esencial de la comunidad autónoma y por ello el 64% del presupuesto total se dedica a ello, con un incremento de 8 puntos respecto a 2015.     ¿A qué se dedican esos recursos? Nada más y nada menos que a hacer de Aragón un país de ciudadanos libres, seguros e iguales.    Libres, en el sentido de no estar  dominados por otros ciudadanos ni por situaciones derivadas de la pobreza o el desempleo.    Seguros, frente a infortunios como la enfermedad, la vejez o la discapacidad.    E iguales, para que vivan donde vivan, nazcan en la cuna que nazcan o sean del sexo que sean tengan garantizado el mismo acceso a bienes como la educación y la cultura, de manera que su éxito personal dependa exclusivamente de su capacidad y de su esfuerzo, sin que sea aceptable otra desigualdad que la derivada del mérito.    Seguridad existencial es lo que  hemos tratado de  garantizar a los aragoneses a través de los servicios públicos de salud, considerados los mejores de España después de Navarra por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que dice además que Aragón es la que menos deriva a la privada, apenas un 3,4% de los recursos frente al 25% de Cataluña.   En 2016, la sanidad aragonesa ha experimentado un incremento presupuestario del 14%, siendo la comunidad española que más ha aumentado en este terreno.   Nada más llegar al Gobierno, volvimos a recuperar la condición universal del derecho a la salud, posibilitando el acceso al sistema sanitario de inmigrantes y personas sin recursos,  2.243 personas se han beneficiado hasta ahora de esa medida.    Por otra parte, más de 62.655 pensionistas aragoneses ya no tienen que adelantar el importe total de sus fármacos, como ocurría hasta julio del año pasado. Además se ha aumentado la dotación presupuestaria para programas de prevención, se ha diseñado un nuevo calendario de vacunación y, en cuanto a los profesionales, se ha incrementado la oferta pública de empleo respecto a años anteriores, estando en fase de elaboración un nuevo plan de recursos humanos para asegurar la existencia de profesionales suficientes para cubrir bien los servicios.    Por lo que se refiere a las listas de espera de más de 180 días, son 2.640 personas la que la componen, frente a las 3.015 del año pasado. Un avance evidente pero que esperamos mejorar en los próximos años.    En materia de infraestructuras sanitarias, se ha licitado ya la construcción del nuevo Hospital de Alcañiz, con carácter íntegramente público, tal como habíamos anunciado que haríamos si teníamos la responsabilidad del Gobierno.    Asimismo, se ha adjudicado la modificación del proyecto del Hospital de Teruel y este otoño se presentará el plan estratégico del Hospital de Jaca, una vez cubiertas las vacantes que reclamaba insistentemente el Ayuntamiento.   Seguridad existencial es lo que hemos tratado de garantizar también a través de los servicios sociales, cuya dotación presupuestaria ha experimentado un aumento del 12% en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.   En primer lugar,  hemos revertido la evolución negativa de la atención a la dependencia. Cada día en Aragón se incorporan al sistema una media de 6 dependientes, mientras en la anterior legislatura se perdían 5.     Si el Gobierno central aportara  el 50% a que está obligado en vez del 16% que aporta, si pusiera los 60 millones que faltan, ya no habría lista de espera.    En segundo lugar, se he mejorado la gestión del Ingreso Aragonés de Inserción, percibido por mil familias más que el año pasado y, sobre todo, pagado al día, para no causar a sus perceptores más problemas de los que ya tienen.    En tercer lugar, todos los sectores sociales afectados por riesgos de exclusión o en situación de mayor debilidad han tenido atención preferente por parte de este gobierno.    La han tenido las mujeres y, en especial, las víctimas de violencia de género. Hemos aumentado un 22% el presupuesto para luchar contra esa lacra y estamos liderando, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, la revisión y mejora del protocolo de violencia de género en Aragón, que data del 2008.    Somos asimismo pioneros en la elaboración de un protocolo sobre violencia machista en mujeres con discapacidad y hemos puesto en marcha un novedoso recurso de acompañamiento integral a mujeres víctimas de esta clase de violencia y a sus hijos.    A través del Instituto Aragonés de la Juventud y de otros departamentos del Gobierno, tienen atención preferente también los jóvenes, uno de los sectores de la población más castigado por la crisis.   Permítanme poner, a modo de ejemplo, a los que han tenido que emigrar de nuestra Comunidad en busca de un futuro mejor, una sangría de talento que Aragón no se puede permitir.   Por eso, se trabaja ya en un plan de retorno de jóvenes, que entre otras medidas, incluirá incentivos para su contratación; el reconocimiento de las competencias adquiridas en las estancias en el exterior en los procesos públicos de contratación, así como otra clase de ayudas directas e indirectas.   También nos hemos ocupado del sector de la discapacidad y, en apenas un año, hemos aumentado el número de plazas concertadas en un 15%,  llegando a la estimable cifra de 330.   No hemos abandonado a las personas de origen extranjero, empezando por los 114 refugiados recibidos, 43 de ellos sirios, coordinando un protocolo de actuación en la que se han implicado 130 entidades. Se han habilitado subvenciones para la integración social de los inmigrantes y, en cuanto a la cooperación aragonesa para el desarrollo, se ha aprobado el Plan Director 2016-2019, tramitándose ayudas de urgencia para Ecuador y Siria.    Hemos tratado de dar solución habitacional a las personas que, por una u otra razón, se han quedado sin vivienda. Se ha unificado la bolsa de alquiler social, que ha recibido ya 1130 solicitudes, de las cuales 145 están ya aceptadas y 845 están en tramitación.    Finalmente, el Gobierno ha impulsado dos medidas que ponen de manifiesto  hasta qué punto la seguridad existencial de los ciudadanos aragoneses ha sido su prioridad absoluta.    Me refiero, por una parte, al  Decreto de medidas urgentes de emergencia social, tales como la inembargabilidad de las prestaciones económicas de carácter social, el acceso a agua, gas y electricidad, o la vivienda.    Lamentablemente, el decreto ha sido recurrido por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional por la obligación a los bancos de poner a disposición de la bolsa las viviendas vacías de su propiedad.    Y me refiero, sobre todo, a la Ley de Renta Social Básica, cuyo Proyecto remitió el Gobierno a las Cortes hace algunos meses. Fue uno de nuestros principales compromisos electorales y no tiene otro propósito  que procurar que no haya una sola familia en Aragón que carezca de recursos para sobrevivir con una mínima dignidad en tanto pueda hacerlo por la vía normal que es a través de un empleo.    Estoy seguro de que su aprobación por estas Cortes dará la medida de hasta qué punto, además de aspirar a liderazgos en el terreno de la economía o de la creación en general, la sociedad aragonesa atesora fibra ética suficiente como para merecer también ser considerada un referente en el terreno de la solidaridad.    Por lo demás, así lo pone de manifiesto, por otra parte, el llamado tercer sector, las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a gestionar la solidaridad.   Siempre hemos considerado que las aragonesas son ejemplares y de ahí ha surgido Decreto 1/2016 de acción concertada, que las entidades del tercer sector están poniendo como ejemplo en toda España. Un decreto que le permite al gobierno concertar directamente las plazas para la prestación a personas de carácter social o sanitario, evitando la competencia de las empresas ajenas que solo buscan el beneficio económico y reconociendo la labor y especialización de dichas entidades.   Era una antigua reclamación y nos place mucho haberla satisfecho porque ello nos encamino hacia ese liderazgo en solidaridad que yo quiero para Aragón por encima de todo.   Pero además de hacer de Aragón un país de ciudadanos libres y seguros, aspiramos a que todos ellos tengan derecho a una igualdad real de oportunidades, algo que solo es posible a través de la educación.   Primero, por evidentes razones éticas e incluso ideológicas, concordantes con el proyecto político al que servimos.   Y segundo, por razones puramente económicas, para no despilfarrar talento, para aprovechar el capital humano en términos de inteligencia y no en términos de pura explotación física, es decir, para dar sustento a un sistema productivo que compita a través de la innovación y el conocimiento y no a través de la precariedad laboral y de los bajos costes salariales.   Hay quien ha escrito –y yo estoy de acuerdo- que la educación para el mérito es la clave progresista del futuro, hasta el punto de que hoy por hoy solo hay un programa progresista posible: capacitar a los españoles para que les vaya bien en la globalización.   Por lo demás, la educación es la piedra angular de la política autonómica en nuestro país y, desde luego, lo es para el Gobierno de Aragón que presido. No en vano, ha sido la nuestra la Comunidad Autónoma con mayor incremento presupuestario en 2016 en materia de Educación,  un 9,7 % más que los presupuestos de 2015.   Algo digno de valorarse si tenemos en cuenta que, desde 2011, los presupuestos en educación no universitaria habían caído un 14%.   Desde el Gobierno, en 2016 se han impulsado acciones en todos los pilares de la educación: en el profesorado (más plantilla, en mejores condiciones y mejor formados), en los alumnos (más becas, nuevas metodologías), en las infraestructuras (plan ambicioso y más dinero para gastos de funcionamiento) y en calidad (innovación y dotación de recursos a los centros).   Hemos hecho una apuesta clara por la educación pública de calidad, lo que para nosotros es equivalente a una minimización de la aplicación de la LOMCE, que consideramos, de acuerdo con la mayoría política y educativa del país, manifiestamente derogable.    Una apuesta clara por una educación laica e inspiradora de valores democráticos y de convivencia,  minimizando la clase de religión, hasta donde nos han dejado los obispos y los jueces e introduciendo en la ESO y en el bachillerato contenidos de memoria democrática, de aprecio los valores de la sociedad democrática, de responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes, de valoración del patrimonio cultural e histórico y de estímulo de actitudes responsables  y solidarias.   Una apuesta clara por recuperar contenidos humanistas, con asignaturas como Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, o Pensamiento, sociedad y ciudadanía, además de reforzar la filosofía. Todo ello con el propósito de que los ciudadanos aprendan a escribir o a disfrutar de un poema y no solo a hacer facturas, por decirlo gráficamente.   Por dar algunas pinceladas de la gestión del gobierno en materia educativa, diremos, en primer lugar, que se ha devuelto la dignidad a los profesores, mejorando, por ejemplo, las condiciones laborales de los interinos. En relación con los alumnos, hemos promovido un Decreto de escolarización, priorizando el domicilio familiar sobre el laboral y hemos logrado las ratios más bajas de los últimos 15 años.   Estoy muy satisfecho de la reducción de las ratios de las escuelas rurales a cuatro alumnos, lo cual ha posibilitado que niños de Tornos, Encinacorba, Orillena y otros cinco municipios pudieran seguir yendo al colegio de su pueblo. La desaparición de la escuela es el preludio de la desaparición del pueblo como tal y eso hay que evitarlo como medidas como ésta o como cualquier otra que sea necesaria.    Pero estoy especialmente satisfecho de que, haciendo un gran esfuerzo dada nuestra precaria situación presupuestaria, hayamos recuperado ayudas perdidas y creado otras nuevas para que las economías familiares no sean nunca un obstáculo para el disfrute pleno del derecho a la educación.    Hemos reducido el precio del comedor escolar, que era el más caro de España, pasando de 92 a 86 euros.   Hemos aumentado las becas de comedor, que benefician a 3.000 alumnos más que el curso pasado. Son del 100% en vez del 80% y alcanzar a familias con ingresos inferiores a 1.200 euros y no a 530 como ocurría antes.   En materia de Formación Profesional, hemos eliminado los precios públicos en los ciclos formativos de grado superior y hemos recuperado las becas Erasmus + .    Y, llegando a la educación superior, a la Universidad, hemos reducido un 20% los precios de los másteres no habilitantes y vamos a impulsar becas de movilidad y ayudas los másteres estratégicos.      Es un esfuerzo insuficiente, lo sé, pero marca una línea de trabajo que seguiremos desarrollando en la medida en que vaya mejorando la Hacienda autonómica, algo a lo que, como ya les he dicho, nos vamos a dedicar con ahínco.    En materia de infraestructuras, también hemos revertido la tendencia de los últimos años.   Nuevas infraestructuras que acaban de entrar en funcionamiento son el CEIP Zaragoza Sur, CEIP Cuarte 3, IES La Puebla, IES Picarral, Ampliación CEIP San Jorge, Ampliación Escuela Hostelería de Huesca, Ampliación IES Azucarera.   Infraestructuras cuyas  obras van a iniciarse este mes son las del  CEIP Pedrola, CEIP Sobradiel, CEIP las Anejas de Teruel, Ampliación IES Valdespartera.   Y proyectos en redacción para curso 2017-2018 son los del Centro Integrado de Valdespartera, Arcosur,  Parque Venecia, IES Villanueva de Gállego y la ampliación IES Utebo.   Por lo demás, el Departamento está ultimando un plan que recoja todas las necesidades que tiene Aragón en esta materia, así como en la búsqueda de recursos para financiarlo. Europa puede aportarnos, en ese sentido, alguna solución.   Señores diputados: He dicho antes que hay que educar para que a los aragoneses les vaya bien en la globalización, lo cual exige de manera imperativa dominar varios idiomas y fundamentalmente el inglés.   En ese sentido, he de decirles que hemos realizado avances no solo en la  recuperación  del Convenio British Council sino en la elaboración de una propuesta de modelo de Bilingüismo de Aragón que incluya formación del profesorado para la extensión del modelo bilingüe y ampliación del número de auxiliares de conversación.    El compromiso de garantizar que todos los alumnos sean bilingües en 10 años es para nosotros irrenunciable.   Pero también hay que educar respetando las identidades culturales del territorio. Por esa razón,  se ha aprobado el currículo de primaria de aragonés y catalán, que sustituye al anterior suspendido por el Tribunal Superior de Justicia.    He ahí algunas de las acciones desarrolladas, que dan idea del compromiso de este Gobierno con la educación. Pero no servirá de nada este esfuerzo si no conseguimos acordar un modelo educativo aragonés, que obedezca a las necesidades de la Comunidad y que sea compartido por toda ella, blindándolo frente a cambios de mayorías políticas y de gobiernos.    Por eso, nos proponemos debatir y tratar de alcanzar en estas Cortes un gran Pacto Educativo, a partir de un documento que está elaborando  la comunidad educativa y que estará listo en octubre.    Finalmente, en relación con bienes que han de ser considerados derechos y garantizado su acceso a todos en condiciones de igualdad, me referiré a la cultura y al deporte, dos aspectos de la gestión pública muy vinculados a la educación y, por desgracia, poco presentes en el debate político habitual.    Me referiré a la cultura como derecho a la creación y al disfrute de la misma. Desde hace un año, existe un Consejo de la Cultura del que esperamos aportaciones relevantes, aunque entretanto hemos tomado medidas en relación con la apertura de bibliotecas públicas, aumento de cuantía de ayudas a los creadores, a veces hasta del 70%, y otras que iremos dando a conocer en los próximos meses.    Y me referiré al deporte como derecho vinculado a la salud y trasmisor en su práctica de valores cívicos y educativos. Se trata de recuperar el liderazgo institucional en el deporte, para lo cual se ha aprobado ya con una amplia participación ciudadana un Plan Estratégico del Deporte aragonés y, casi con toda seguridad, este mismo mes aprobaremos el Anteproyecto de Ley del Deporte.       II   Señora Presidenta, señoras y señores diputados: el segundo vector de la acción del Gobierno ha sido la modernización de la economía aragonesa con un objetivo fundamental; crear empleo de calidad, reforzando la competitividad a través de la innovación y no de la precariedad.   En realidad, la política económica autonómica solo tiene capacidad real de incidir en la economía actuando sobre la oferta, no sobre la demanda, es decir, potenciando el capital humano a través de la formación, el capital físico o la I+D+i.           Hay no obstante una fórmula muy eficaz para compensar la estrechez de nuestro margen competencial que no es otra, como ya hemos dicho, que la incorporación de los actores sociales, económicos y científicos a esa modernización de la economía entendida como un empeño común, a través del diálogo social y de otras fórmulas de cooperación que hemos ido poniendo en práctica este último año.    A ello nos referiremos con algunos pormenores en este apartado.    Por lo pronto, dentro de este planteamiento de actuar sobre la economía a través de la demanda, la formación profesional es fundamental. Para ello, hemos dado un  fuerte impulso a la FP dual, una fórmula de éxito incuestionable si la gestionamos bien entre el Gobierno y las empresas, y hemos incorporado nuevos ciclos que responden a las demandas reales de la economía.       Estamos hablando de 42 nuevos proyectos de FP dual en los que participarán 184 empresas de todo el territorio. De ellos, 21 se implantan en el medio rural, fuera de las capitales de provincia (Barbastro, Alcañiz, Alcorisa, Utrillas, Monreal del Campo, Calatayud, Ejea, Épila y Tarazona).   Y hablamos también de 14 nuevos ciclos de FP de todos los grados repartidos  en las 3 provincias y 9 de ellos fuera de las capitales (3 en Sabiñánigo y 1 en Barbastro, Calanda, Albarracín, Calatayud, Tauste y Tarazona).    Pero si la FP es fundamental, la innovación es el factor clave. Hasta hace poco tiempo, el capital y los recursos naturales fueron los factores decisivos del crecimiento, lo cual condujo a Aragón una creciente decadencia económica y demográfica. Pero hoy vamos camino de que el factor decisivo del crecimiento pase a ser el conocimiento, de manera que la historia viene a ofrecernos una nueva oportunidad que no debemos desaprovechar.  El Gobierno de Aragón, en lo que va de año, ya ha destinado de forma directa a la investigación más de 55 millones de euros, incrementando el presupuesto un 4,41%. Hemos recuperado los contratos Araid que tratan de recuperar el talento perdido y abrir nuevas líneas de investigación.    Pero queremos ir más allá. Encaminándonos a marchas forzadas hacia la economía del conocimiento y, al igual que pretendemos hacer con la educación, trabajamos activamente para alcanzar un Pacto por la Ciencia, dotando al sector de estabilidad, marcando una tendencia al alza en cuanto a financiación pública y haciendo también un llamamiento al sector privado.    Un Pacto por la Ciencia que no se quede en un mero documento entre comunidad científica y gobierno sino que vaya más allá y que cuente con el apoyo de los grupos políticos para blindar al sector frente a adversidades de cualquier naturaleza que puedan sobrevenir, teniendo claro que las posiciones que perdamos en I+D+i respecto a los demás no las recuperaremos nunca.    Y en este modelo de innovación e investigación no podemos olvidar el papel primordial de la Universidad de Zaragoza, uno de los motores más poderosos de la economía aragonesa.    Tras años de enfrentamientos, este Gobierno ha normalizado sus relaciones con ella y la ha dotado de cierta estabilidad económica para los próximos años, a través de un convenio que establece medidas de apoyo a la investigación y la innovación y la dotación de una financiación básica estable así como de partidas de inversión en infraestructuras.    Pero insisto: trabajar de la mano de los agentes sociales, de los sindicatos y de las empresas, de la Universidad o de los diferentes institutos de investigación es lo que nos permitirá aumentar exponencialmente los efectos positivos de la política autonómica, que, como ya he dicho, en el terreno de la economía tiene un alcance competencial muy limitado.    Son las empresas las que crean el empleo y es signo de inteligencia por parte de los poderes públicos discernir en qué momentos deben liderar propuestas y en qué otros deben secundar las de los agentes sociales.   Estamos renovando desde el INAEM las políticas activas de empleo, con novedades importantes.   Pero, ante todo, estamos enfocándolas desde la mesa del diálogo social, con UGT, CCOO, CREA y Cepyme, que recuperamos nada más llegar al Gobierno a través de una declaración institucional firmada en septiembre de 2015.    A largo de este tiempo, el Gobierno y los agentes han derrochado trabajo, generosidad y responsabilidad, merced a lo cual su labor arroja ya resultados que me satisfacen mucho.    La semana pasada se presentó el acuerdo del Plan para la mejora del empleo que supone una inversión de 317,6 millones de euros hasta 2019 y que incluye unas potentes políticas activas de empleo dirigidas a los sectores más vulnerables y más castigados por la crisis.    Son, en total, 42 medidas que nacen del acuerdo de todos los actores implicados en el desarrollo económico de nuestro territorio.    Esta semana, se ha presentado otro programa destinado a parados de larga duración, dotado con 9.3 millones hasta 2018.    Está a punto de ser publicada una convocatoria de un programa para fomento de la contratación de jóvenes menores de 30 años, con una dotación presupuestaria de 2.840.000 euros.    Se trabaja en una estrategia de la Industria 4.0, que permita la transición de la industria aragonesa a una mayor digitalización de los modelos de gestión.    Y esperamos que, en breve, podamos presentar la estrategia por la seguridad y la salud laboral, proyectada hasta 2020.    El trabajo autónomo y la economía social también han de ser defendidos y promovidos con políticas que tengan como base el diálogo con sus representantes.    Pero es que, en realidad, todas las políticas de modernización y competitividad de nuestro tejido productivo han de transitar por ese camino tendente a acuerdo.    Aragón es una comunidad exportadora y la tendencia nos está llevando a alcanzar cifras récord año a año. En el primer semestre de 2016 ya se ha exportado un 1,6% más que en el mismo periodo de 2015. Debemos seguir volcando todos nuestros esfuerzos en esta dirección.    En estos 15 meses, hemos aprobado un plan de apoyo a la internacionalización que aúna la iniciativa pública y las tres Cámaras, y un plan para la cooperación empresarial que trata de impulsar, especialmente, a los clústeres aragoneses, considerados como un gran motor de desarrollo empresarial.    Casi el 10% de los clústeres oficiales a nivel nacional son aragoneses y el peso de los proyectos aprobados para estas empresas supone casi un 20% del total nacional.    Una economía como la aragonesa, con empresas de pequeño tamaño, para ser competitivos y crear empleo de calidad a través de la innovación precisa de la agrupación de esfuerzos. Y este plan fomenta el papel de la cooperación como oportunidad para una mayor productividad, empleo y crecimiento económico y su rol de conexión entre la investigación y la innovación.    En esta línea de colaboración con el sector empresarial, se celebró recientemente la I Cumbre por la  Competitividad en la que el  Consejo Empresarial (formado por  las 18 empresas mayores de Aragón) y el Gobierno de Aragón sellaron la colaboración para fomentar la marca Aragón e impulsar la competitividad a través de la internacionalización y la digitalización.    Y el próximo 1 de diciembre acompañaremos a la Cepyme en un acto de apoyo y estímulo a las pequeñas y medianas empresas de todas las comarcas aragoneses.   Y también de la mano de los empresarios e implicándoles activamente, debemos impulsar los sectores estratégicos de nuestra economía, los que pueden tirar del resto por su potencial de crecimiento y de arrastre.   El viento y el sol, sentidos históricamente como una especie de maldición bíblica, han devenido motores de desarrollo y empleo a través de la producción de energías renovables.   En concreto, existen sólidos fundamentos para que ésta sea la legislatura de la energía eólica de Aragón. De momento, y tras cinco años de bloqueo, hemos aprobado una nueva normativa que abre la puerta a inversiones cercanas a 2.000 millones y a la posible creación de más de 15.000 puestos de trabajo.   Por su parte, la naturaleza y la historia, el medioambiente y el patrimonio, han devenido otras tantas fuentes de riqueza a través de su respetuoso aprovechamiento turístico.   De hecho, abrir el turismo a nuevos mercados es una de las grandes apuestas de este gobierno, trabajando más y mejor en las redes e incidiendo en el turismo especializado y de calidad. Tenemos la mejor oferta. Este va a ser el mejor año turístico de Aragón y debemos aprovecharlo para mejorar y ofrecer más calidad y especialización.   Para ello, hemos elaborado un nuevo Plan aragonés de estrategia turística 2016-2020, que va más allá de la legislatura y que ha sido elaborado de acuerdo con los profesionales del sector, de manera que sea un plan que alcance los objetivos marcados por ellos mismos. Además, estamos trabajando en los mercados emergentes como China, Rusia o Israel.   Mención especial merece el proyecto de recuperación de la Estación de Canfranc y de la explanada de los Arañones en su conjunto, una ambición de indudable marchamo turístico, pero vinculada también al proyecto de reapertura del propio ferrocarril y a la recuperación de un edificio devenido símbolo del aragonesismo del siglo XX que quiere tener continuidad en el XXI.   En otro orden de cosas, la capacidad creativa de los aragoneses convierte potencialmente a la cultura en otro motor económico, productor no solo de empleo sino también de esa imagen de modernidad que Aragón debe ofrecer al mundo.   Estamos haciendo una apuesta seria por las industrias culturales con nuevas líneas de ayudas y, entre otras medidas, hemos puesto un ambicioso proyecto de Aragón Film Commission, del que esperamos mucho, así como de otras iniciativas como la Compañía de Danza Aragonesa recientemente presentada.     Finalmente, los nuevos sistemas de organización del tráfico de mercancías han permitido que Aragón, situado históricamente fuera de los grandes circuitos económicos, tenga ahora mismo una posición estratégica privilegiada para el desarrollo de la logística.   Otro argumento a favor de esa nueva oportunidad que la historia nos está concediendo y que debemos aprovechar a fondo.   La logística genera alrededor de 32.000 puestos de trabajo directos. Su impacto en la economía es, sin embargo, de mucho mayor alcance, en tanto actúa como potente imán de atracción de inversiones y refuerza la competitividad de las ya existentes.   Este Gobierno ha apostado con fuerza por la logística. Mediante un Plan de comercialización conjunta del espacio disponible de plataformas logísticas, Expo y SVA, hemos vendido en un año prácticamente el mismo suelo que en toda la legislatura anterior. Solo en PLAZA, hemos vendido 300.000 metros, frente a los 95.483 de los cuatro años anteriores.   Lógicamente, todas esas ventas se van a traducir a corto plazo en la correspondiente instalación de empresas. De hecho, los últimos 100.000 metros cuadrados vendidos hace poco en una de esas plataformas va a permitir la llegada casi inmediata de cuatro nuevas empresas.    Por lo demás, está en fase de configuración definitiva Aragón Plataforma Logística, un operativo creado para gestionar conjuntamente el sector, desde la formación o la comercialización, pasando por la organización público-privada de todos los operadores, todo ello con el objetivo de convertir a Aragón y a Zaragoza en referente de conectividad del sur de Europa.            III       El tercer vector de la acción del gobierno, señoras y señores diputados, es la Organización del territorio sobre el pilar de los ayuntamientos.    Es propio de una política autonómica justa perseguir no solo la igualdad de oportunidades de las personas sino también entre los diferentes territorios.   Y eso es sinónimo de asegurar un desarrollo económico equilibrado a partir del aprovechamiento de los recursos de cada zona, con políticas públicas que discrimen positivamente a las que están peor y  garantizando siempre la sostenibilidad de esas políticas, en el marco de la lucha contra el cambio climático.   Y todo ello,  sobre un proyecto de país sostenido sobre dos puntales básicos: el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos.    El sector agroalimentario, otro sector estratégico de la economía aragonesa, es la base fundamental de buena parte del territorio.   Como saben, la agroalimentación es uno de los motores de nuestra economía. En 2016, hemos exportado un 14% más que el año anterior y detrás de la exportación del automóvil y la moda se encuentra ya la agroalimentación.    La política del Gobierno ha consistido, en este caso, en buscar la coordinación y la proactividad entre los diferentes ámbitos implicados: la producción, la investigación, la promoción y la comercialización hasta los mercados emergentes, por lejanos que estén.   Respecto al sector agrario, el Gobierno ha impulsado la incorporación de jóvenes agricultores, en una convocatoria que dará como resultado 450 nuevos puestos de trabajo y la modernización de 330 explotaciones.   Ha acometido la modernización de regadíos mediante un nuevo marco legal y financiero que da la iniciativa a las comunidades de regantes.   Ha hecho lo mismo para la creación de regadíos, un nuevo marco regulatorio aunque en este caso está pendiente de la aprobación de la UE.   Ha duplicado de ayudas de montaña, beneficiando a 2.700 agricultores.   Comentario aparte merece la iniciativa del Departamento de elaborar una propuesta de reforma en profundidad de la PAC con el fin de asegurar un nivel mínimo de renta a todos los agricultores, con independencia de su orientación productiva y de permitir una distribución de fondos más justa, sencilla y eficaz.   La propuesta ya ha sido presentada a las Cortes de Aragón, al sector agrario, al Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea y trabajaremos para que se abra camino, convencidos del inmenso beneficio que su aprobación traería a la agricultura aragonesa.   En materia de inversión industrial y promoción, se han sacado nuevas convocatorias de ayudas de apoyo o creación de industrias agroalimentarias, así como a la exportación.   Se trata de aumentar la notoriedad y el posicionamiento del producto aragonés, mediante acciones de marketing o de lo que sea preciso y, para ello, se ha creado una  Mesa de promoción del producto agroalimentario, en la que el Gobierno y la Asociación de industrias de agroalimentación de Aragón van aportar nuevas ideas y a explorar nuevos caminos.   En cuanto a la investigación dirigida a mejorar la producción y a adaptarla a las exigencias de los nuevos mercados, confiamos mucho en el Instituto Universitario de Investigación Mixta Agroalimentario de Aragón, que incluye a todos los grupos de investigación agroalimentaria: CITA, CSIC y Universidad.   Y confiamos también en Mercazaragoza y en la Terminal Marítima de Zaragoza para organizar el transporte internacional de nuestros productos, como ya está ocurriendo con la alfalfa, la fruta o el vino, y debe ocurrir en otras muchas variedades.   El turismo vinculado a patrimonio, medioambiente y agroalimentación, con leyes que vendrán pronto al Parlamento como la de venta directa, o la consolidación y mejora  de servicios públicos, de las que ya hemos hablado, son piezas esenciales del desarrollo equilibrado del territorio.   Como lo son las comunicaciones, tanto digitales como terrestres.   Ya saben que Aragón va a ser la primera y única comunidad de España que tendrá conectada por banda ancha a toda la población en el medio plazo con un mínimo de 20 megas. El proyecto lo inició el anterior Gobierno y gracias a un acuerdo reciente con las diputaciones provinciales las operadoras  llegarán al fin a los 21.000 habitantes  de los núcleos más aislados.   Y saben también que se está procediendo a la reorganización de la red de transporte público, integrando redes interurbanas y escolares, tratando así de optimizar los recursos de los que disponemos.   Y como es pieza clave también para el desarrollo equilibrado del territorio, el combate contra la despoblación. Deuda y envejecimiento es un cóctel explosivo para el futuro de un país. Si a eso se añade la baja densidad, la dispersión y la orografía, el cóctel podemos considerarlo a punto de estallar y el mantenimiento de los servicios públicos un empeño cada vez más difícil.   Aparte de las acciones concretas a las que me acabo de referir, pues todas ellas aportan soluciones parciales a ese grave problema, es precisa alguna medida de choque promovida por la acción coordinada de todas las instituciones y, sobre todo, de la Unión Europea.   Es para abordar esta cuestión para lo que visitará Aragón el próximo 10 de noviembre Corina Cretu, la Comisaria de Desarrollo Regional de la Unión Europea, para hacer las visitas correspondientes y celebrar una reunión de trabajo que esperamos importante.   A nadie se le oculta, por otra parte, que cualquier política de desarrollo territorial ha de hacerse preservando el medioambiente y teniendo claro que cualquier administración debe imponer en su gestión de manera transversal la aplicación de las decisiones de la Cumbre de París contra el cambio climático, algo que, en el ámbito competencial de una comunidad autónoma, afecta a las emisiones difusas, es decir, a las derivadas de consumos energéticos privados y públicos y de la actividad agroalimentaria en general, que es el sector más productor de ese tipo de emisiones de gases de efecto invernadero.     El Departamento de Desarrollo Rural del  Gobierno de Aragón ya ha sido inscrito en el Registro de Huella de Carbono por el Ministerio de Agricultura, siendo la única administración autonómica que figura en ese registro.   Asimismo, hemos puesto en marcha un Plan de Acción, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en los sectores difusos.   Y, en otro orden de cosas, hemos actuado también en dos asuntos muy relevantes desde el punto de vista del medioambiente.   Uno de ellos es el del lindano del río Gállego, para cuyo tratamiento hemos creado una Unidad de gestión integral y tres comités: uno científico, otro institucional y un tercero social.   Ya existe un Avance de un Plan piloto integral de descontaminación, presentado a Bruselas para obtener fondos y hemos procedido a la colocación de filtros de carbono en las poblaciones afectadas y redactado el anteproyecto de limpieza de Inquinosa.   La descontaminación es un propósito que costará años realizar y que requerirá esfuerzos que desbordan ampliamente las capacidades del Gobierno de Aragón. Pero es nuestra responsabilidad liderarlo y requerir el compromiso de todas las administraciones, empezando por el Gobierno Central que es el realmente competente.   En cuanto al río Ebro, ya han sido cumplidos todos los compromisos del anterior consejero para pagar los daños de las riadas.    Ahora, de cara a paliar los efectos económicos de futuras avenidas, que sin duda se producirán, el departamento ha puesto en marcha una iniciativa que puede resultar muy eficaz. Se trata de una medida agroambiental consistente en subvencionar a los agricultores que introduzcan cultivos, como la alfalfa, compatibles con las riadas, una medida ligada al desarrollo de la directiva del agua.   Eso no obsta para seguir considerando pertinente y necesaria la limpieza del río y la obligación de proteger por encima de todo los cascos urbanos. Pero es un avance indudable que esperamos que surta efectos positivos.   Finalmente, el desarrollo equilibrado del territorio necesita de un soporte institucional fundamental que es el municipio, el otro y quizá principal pilar de la Comunidad.   Dos principios guían la actuación del Gobierno en esta materia: ni más ni menos que los preceptos constitucionales de la autonomía local y la suficiencia financiera.   Hay que tener en cuenta que el alcalde y los concejales son la representación democrática más directa y fundada de los ciudadanos, los mejores agentes de desarrollo local y los mejores guardianes del patrimonio y del medioambiente. Son los que mejor y más barato gestionan los servicios públicos.   Por ello, este Gobierno ha hecho un verdadero esfuerzo para tratar a los ayuntamientos con la importancia que le corresponde. De hecho, a pesar de las carencias, hemos aumentado el Fondo incondicionado, pasando de 9,6 millones a 15,9 millones en 2016.   Hay muchas maneras de apoyar a los municipios. Una de las últimas ha consistido en ayudarles en la gestión urbanística, mediante subvenciones para planeamiento y aceptando la delegación de competencias sobre disciplina.   En su momento, habremos de acometer una ley de participación de los ayuntamientos en los tributos autonómicos, complementaria del Estado.   Pero, entretanto, hemos de hacer frente al debate de la intermunicipalidad para hacer de las comarcas y las diputaciones verdaderos instrumentos al servicio de los ayuntamientos y hechos a la medida de sus necesidades.   Para ello, de manera semejante a la tramitación de la ley de capitalidad --en la que el Ayuntamiento de Zaragoza negocia directamente el proyecto que el Gobierno traerá a las Cortes-- creemos que ha de ser la FAMPC, como representante de todos ellos, la que haga la propuesta que, debatida con el Gobierno, acabe viniendo al Parlamento.   Y en cuanto a la ley de capitalidad, nos es un objetivo menor de la misma impulsar a Zaragoza como capital del Valle del Ebro, con la fuerza motriz de economía y cultura que ello supone para toda comunidad.   La negociación está muy avanzada y el Gobierno desea fervientemente concluirla cuanto antes.     IV      Finalmente, el cuarto vector se ha orientado desde una nueva visión de las relaciones entre Aragón y las instituciones del  Estado.   Como Gobierno, apostamos por un nuevo marco institucional que le permita a Aragón desplegar todas sus potencialidades e intervenir en la política nacional, no solo para defender directamente nuestros intereses sino también para participar en la conformación de la voluntad política nacional y avanzar hacia un modelo de país en el que nos sintamos reconocidos.   He dicho muchas veces que ser aragonés es una de las mejores formas de ser español. Que estamos orgullosos de nuestra condición de españoles pero que ha llegado el momento de aragonesizar España, de cuatribarrarla, como diría el Consejero José Luis Soro.