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El Presidente de Aragón quiere reformar la Administración Autonómica para que se convierta en aliada de la iniciativa económica y de la gestión política
Reunión con la FAMCP
La FAMCP recoge el guante para ponerse a trabajar en la reforma de comarcas y diputaciones
El Presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha reunido hoy con los miembros de la comisión ejecutiva de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), con el fin de trabajar en diversas iniciativas y reformas para atajar problemas como la despoblación o la insuficiente capacidad financiera de los entes locales.
Lambán: el fondo de cooperación local se ha duplicado
Carmen Sánchez pide derogar ley de racionalización
Carmen Sánchez asegura que se pondrán de inmediato con la reforma de comarcas y diputaciones
Lambán quiere reformar la Administración autonómica
De esta forma, se ha establecido un compromiso del Gobierno de legislar en todo aquello que atañe al mundo local, a partir del diagnóstico que los propios entes locales realicen, como es la modernización de comarcas y diputaciones. Asimismo, se ha valorado la necesidad de emprender la ley de capitalidad de Zaragoza –para la que hoy mismo se ha celebrado una reunión de trabajo entre el consejero de Presidencia y el teniente de alcalde de Economía y Cultura-, así como la futura ley de financiación de las haciendas locales, de participación de los ayuntamientos en los tributos de la Comunidad autónoma, estableciendo criterios “sólidos”, “a la espera de que la propia capacidad de financiera autonómica también mejore”, ha argumentado Javier Lambán. Además, el Presidente ha ofrecido extender la colaboración del ejecutivo a todos aquellos problemas que vayan surgiendo, como ha sido la firma de los convenios para erradicar la pobreza energética.
Para el Presidente de Aragón “son tiempos de cambios vertiginosos y la política debe estar a la altura para responder a dichos cambios”, y de la misma manera que se ha mostrado partidario de que desde el Estado se haga algún esfuerzo “como suprimir algún ministerio” en vez de las diputaciones, también ha querido hacer autocrítica y se ha propuesto emprender la reforma de la Administración autonómica porque su legislación resulta un “obstáculo” para el desarrollo de la actividad económica y para la propia política del Gobierno, calificando de “exasperante” la lentitud con que ciertas iniciativas salen adelante. “Quiero reformar la administración autonómica y quiero hacerlo con todos los estamentos de la sociedad y me interesa especialmente la opinión de alcaldes y concejales”, ha señalado.
Por su parte, la presidenta de la FAMCP, Carmen Sánchez, que ha agradecido el esfuerzo del Gobierno de Aragón de duplicar este año el Fondo de Cooperación Local con el que los ayuntamientos pueden afrontar gasto corriente para alumbrado y otros servicios públicos, ha asegurado que recogen el guante del presidente y pretenden convertirse en “actores principales y no secundarios” de todo cuanto les afecte, como todo lo que tiene que ver con la legislación autonómica “que luego las tenemos que aplicar nosotros”, señala Carmen Sánchez.
La comisión ejecutiva de la FAMCP ha puesto el acento en el problema de la despoblación y en la reforma para la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la Comunidad autónoma. Además, han pedido la colaboración del Gobierno de Aragón para derogar la Ley de Racionalización y Sostenibildad de la Administración Local “que se hizo al margen de los ayuntamientos, sin consenso y desde el desconocimiento de la realidad territorial de nuestro país”, asegura Carmen Sánchez.
Además, abordarán el debate de la intermunicipalidad en la próxima ejecutiva, tras un análisis de las necesidades reales “porque debe realizarse desde la voluntariedad y no impuesta como ocurrió con la comarcalización hace años”. En este sentido, el Presidente de Aragón ha asegurado que respetará “absolutamente” la autonomía local y ha apostado por la modernización de comarcas y diputaciones aunque estas últimas son competencia del Estado. No obstante, ha defendido que una decisión sobre su supresión o su continuidad no sea fruto de una “insensatez” por falta de conocimiento de la realidad territorial, sino de un acuerdo y un análisis serio.