Reconocimiento al esfuerzo del Gobierno de Aragón por modernizar la Administración de Justicia

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha asistido hoy al acto de Apertura del Año Judicial en la Comunidad que se ha celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, en el que ha habido un reconocimiento al esfuerzo que está realizando el Ejecutivo autonómico en el ejercicio de sus competencias para modernizar la Administración de Justicia.

Guillén -que ha acudido al acto acompañado por la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, y el director general de Servicios Jurídicos, Vitelio Manuel Tena-, ha escuchado junto a otras autoridades civiles de la Comunidad el respaldo que han mostrado el presidente del TSJA, Manuel Bellido, y el fiscal superior de Aragón, José María Rivera, al proceso en curso de implantación del expediente judicial electrónico a través del nuevo sistema de gestión procesal Avantius.

Ambos presentantes del Poder Judicial han expresado sus condolencias y solidaridad ante la muerte, el día anterior, de un sargento del subsector de Tráfico de la Guardia Civil en un accidente de circulación sufrido en Andorra cuando se dirigía al circuito de MotorLand de Alcañiz, a cuyo funeral esta tarde en Teruel también asiste el consejero de Presidencia.

La implantación del expediente electrónico es “el principal reto” actual en la Justicia aragonesa, en palabras del máximo responsable del TSJA, quien ha puntualizado que “precisamente por su importancia no se trata de una transformación sencilla y el proceso de adaptación al cambio tomará su tiempo”, por lo que ha defendido la “flexibilidad” ante los problemas que surjan o la ralentización temporal de los órganos judiciales.

A pesar de “una lógica preocupación” de los jueces por la incidencia en su trabajo, Bellido se ha mostrado “optimista acerca de los beneficios que el programa informático elegido por nuestra Comunidad Autónoma proporcionará a los jueces y demás usuarios del sistema a medio y largo plazo. “Y quiero agradecer expresamente al Gobierno de Aragón –ha añadido-, el esfuerzo que está desarrollando para modernizar la Administración de Justicia, en el bien entendido de que este esfuerzo debe prolongarse en el tiempo y nos compromete a todos los afectados”.

Por su parte, el fiscal superior ha dicho que Avantius “supone un indudable avance” para el Ministerio Público. La implantación –ha recordado- se ha realizado ya en Huesca y Teruel, y en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social en Zaragoza, y en el próximo mes de octubre quedará completamente implementada en el ámbito penal.

José María Rivera ha reiterado su lealtad institucional para colaborar en la adaptación al nuevo sistema, y ha transmitido a todos subordinados y sus colaboradores los agradecimientos que ha recibido por esta disposición por parte de la Administración autonómica.

El acto, celebrado en la Sala de Audiencias del Palacio de los Condes de Morata, sede del TSJA, ha contado con la asistencia, además del consejero de Presidencia, de la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve y el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, y este año, además de las autoridades, también han estado presentes el presidente primero y el fiscal general de la Corte de Apelación de Pau (Francia), correspondiendo así a una invitación anterior para asistir en enero a la inauguración del año judicial francés.

Tanto Manuel Bellido como José María Rivera han defendido la cooperación judicial en los países de la Unión Europea y han criticado los obstáculos y dificultades que han puesto los tribunales de algunos países para hacer efectivas las órdenes europeas de detención y entrega cursadas por el Tribunal Supremo.

“Difícilmente podremos construir una Unión Europea que haba frente a los retos de un mundo globalizado si la confianza entre sus socios en el ámbito judicial no es firme”, ha dicho el presidente del TSJA durante su intervención final. A su vez, el fiscal superior, que le ha precedido en el uso de la palabra, ha precisado que la aplicación de la orden europea “no conlleva el estudio del fondo del asunto por el órgano judicial requerido, ello corresponde exclusivamente al órgano requiriente, el cual posee toda la información sobre el caso y al que se reconoce la competencia exclusiva para su enjuiciamiento”.