Subvención de 9.000 euros para el Colegio de Trabajadores Sociales

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la adenda anual al convenio de colaboración suscrito en 2008 con el Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Aragón sobre atención de emergencias. La aportación económica del Ejecutivo aragonés asciende este año a 9.000 euros en total, destinados a sufragar diversas actuaciones de los trabajadores sociales en esta materia.   Esta ayuda, recogida en los Presupuestos de la Comunidad como subvención nominativa, se desglosa en sendas partidas de 4.500 euros cada una. Una se destina a financiar por una parte los gastos derivados de la formación permanente de los miembros del Grupo de Intervención Social en Emergencias (GISE) del Colegio, trabajadores de los servicios sociales comarcales y colegios interesados; por otra el perfeccionamiento de los protocolos de activación e intervención; y finalmente lo cursos de formación, especialmente a voluntarios de Protección Civil. La otra partida de 4.500 euros se destina a los gastos derivados de equipamiento de los miembros del GISE.   El marco general en el que se inscriben el convenio y la adenda aprobada hoy parten de las competencias exclusivas que el Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad en materia de Protección Civil, que incluyen, en todo caso, la regulación, planificación, coordinación y la ejecución de medidas relativas a emergencias y seguridad civil ante incendios, catástrofes naturales, accidentes y otras situaciones de necesidad.   La Protección Civil en Aragón se configura normativamente como un sistema de gestión de emergencias integrado, cuya disponibilidad deben garantizar las administraciones públicas dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, conforme a principios como la solidaridad en la asunción de riesgos y daños, la responsabilidad pública de mantenimiento del sistema, o la proximidad e inmediatez de la acción pública.   Los poderes públicos aragoneses tienen en definitiva el deber de velar porque derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad física sean realmente efectivos, removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud.

En este sentido, dentro de las actuaciones básicas de protección civil que deben realizar las administraciones públicas figuran la previsión y prevención de las situaciones de riesgo, la recuperación de la normalidad y la formación de la población en general y de los servicios de protección civil en particular. A tal fin, la normativa aplicable recoge la posibilidad de celebración de convenios de colaboración entre la Administración autonómica y aquellas entidades competentes para la prestación de servicios públicos de salvamento, para asegurar la actuación rápida, coordinada y eficaz ante un requerimiento ciudadano de auxilio.