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Sábado, 23 de noviembre de 2024

Los aragoneses parados sin prestación que pagaban los medicamentos dejarán de hacerlo

En Aragón se estima que se destruyen al año 111 toneladas de medicamentos pagados que han caducado o que no se han utilizado, lo que supone un despilfarro de 30 millones de euros cada año.”

54.287 parados sin prestación de Aragón, más los correspondientes miembros de sus familias que hasta ahora estaban pagando por los medicamentos que consumen, dejarán de hacerlo con la nueva regulación. Con esta reforma se protegerá a los más desfavorecidos, especialmente los parados de larga duración, los pensionistas, los enfermos crónicos y en general a aquellos que carecen de recursos. La medida de gratuidad incluye, a parte de los  parados sin prestación, que antes pagaban el 40%, a los perceptores de pensiones no contributivas y en Aragón a los más de 3.300 perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).

•    Consumo de medicamentos

La reforma crea un nuevo sistema de aportaciones del usuario en farmacia. En este ámbito, la aportación del usuario no es algo nuevo, ya existía. Lo que se pretende es mejorar la equidad, con una fórmula más justa, que tiene en cuenta la renta, la condición de activo o pasivo y la condición de enfermo crónico.

En el año 2011 se consumieron en España medicamentos por valor de 11.000 millones de euros. Cada año en España (el segundo consumidor mundial de fármacos tras Estados Unidos) se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos pagados que han caducado o que no se han utilizado, despilfarro que supone alrededor de 1.000 millones de euros anuales. En Aragón se estima que se destruyen 111 toneladas, lo que supone 30 millones de euros cada año.

Con este nuevo sistema se pretende crear un efecto disuasorio que evite que se acumulen y se tiren medicamentos pagados de forma masiva.

Por otra parte, el Real Decreto Ley incluye un nuevo sistema de actualización del Nomenclator de medicamentos, que sacará los fármacos obsoletos o sin eficacia terapéutica, a la vez que se incorporan otros innovadores. Asimismo, se fijan precios de referencia y precios seleccionados para abaratar las medicinas. En la revisión del Nomenclator, algunos medicamentos para tratar síntomas menores, que ya se dispensan sin necesidad de prescripción médica, se excluirán de la prestación farmacéutica. De este modo, se evitará la saturación de consultas de Atención Primaria, a las que algunos pacientes sólo se dirigen para obtener las recetas, que no son necesarias desde el punto de vista médico, porque se trata de fármacos con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado.

•    Productos Ortoprotésicos y Dietoterápicos

Los productos ortoprotésicos y dietoterápicos de dispensación ambulatoria ya estaban sometidos a aportaciones del usuario en muchas comunidades autónomas pero establecidos de modo diferente, lo que generaba desigualdades entre los ciudadanos en función de dónde residían. En Aragón, estaban fijados en un catálogo a través de precios máximos financiables donde el paciente debía pagar la diferencia hasta su precio de venta.

Con esta reforma se garantiza que habrá un mismo catálogo con unas cuantías de financiación iguales para todos los españole unificando la aportación. Ésta se llevará a cabo del mismo modo que la de los medicamentos prescritos a través de receta. Es una fórmula más justa que, además, tiene en cuenta la renta, la edad y el grado de enfermedad.

En ningún caso esta medida afectará a prótesis colocadas en intervenciones quirúrgicas (por ejemplo, las de cadera), ni a productos de alimentación especial (por sonda) dispensados durante el ingreso hospitalario. Sólo se aplicará para productos que se utilicen fuera del hospital, como las muletas

•    Transporte sanitario no urgente

El transporte no urgente estaba sujeto a modos de gestión completamente distintos entre comunidades autónomas, con distintas pautas y en según qué colectivos de pacientes, a través de convenios con asociaciones de pacientes. Asimismo, había distintas modalidades de pago. Se trata de armonizar el concepto, definir los importes máximos de financiación y las aportaciones de los usuarios. Todo ello en base a criterios de igualdad, calidad, eficacia y eficiencia.

Además, será una comisión de prestaciones sanitarias la que decidirá, analizando las distintas patologías, cuáles entran dentro del transporte no urgente.

No obstante, paralelamente desde el Gobierno de Aragón se están realizando los estudios necesarios para la establecer aquellas medidas que pudieran suplementar, mediante la cartera de servicios autonómica aquellas cuestiones que se consideren insuficientes en la cartera de servicios nacional. Según Oliván “No se puede considerar de igual forma un paciente dado de alta sin medio de transporte particular que un paciente que requiere tratamiento de diálisis, radioterapia o tratamiento oncológico en un centro a larga distancia de su municipio de origen”.

•    Integración del personal funcionario

Esta medida ha sido demandada por las Comunidades Autónomas y por diversas organizaciones.

El Objetivo de la medida es la necesidad de homogeneizar las relaciones de empleo del personal de las instituciones sanitarias y la mejora de la movilidad de los profesionales sanitarios

•    Uso de la sanidad por parte de los extranjeros y “Turismo Sanitario”

Oliván ha afirmado que “ningún ciudadano se va a quedar sin asistencia sanitaria. Los extranjeros que no tengan residencia en España, ya sea porque son turistas o porque residen en situación irregular, no quedarán desasistidos”. En esta línea, la nueva normativa asegura que recibirán, siempre, asistencia sanitaria en casos de urgencia, ya sea por enfermedad o por accidente, hasta la situación de alta médica, así como los cuidados en los casos de embarazo, parto y postparto. Asimismo, está garantizada la asistencia para los extranjeros menores de 18 años en todos los casos, y en las mismas condiciones que para los españoles.

En cuanto a los turistas, si son comunitarios, se facturará la asistencia a su país a través de su tarjeta sanitaria europea. Si no la tienen o son extracomunitarios, se hará a través de sus seguros de viaje.

Los extranjeros en situación irregular tendrán de plazo hasta el 31 de agosto de 2012 para cumplimentar los trámites legales que les permitirán obtener la tarjeta sanitaria. A estos efectos, a partir de ahora, además del padrón, se pedirá la residencia legal.

La reforma garantiza la universalidad de la sanidad y, al mismo tiempo, pone fin a los abusos en las prestaciones sanitarias. Por primera vez en la historia se establecen controles para evitar el denominado "turismo sanitario" y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud.

Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria.

España ha dejado de facturar a otros países la asistencia médica y de farmacia a más de 700.000 ciudadanos de otros países en sólo un año con lo que se ha dejado de ingresar 917 millones de euros.  Es lo que se denomina “turismo sanitario”, y a lo que se trata de poner freno.

•    Los mayores de 26 años tienen los mismos derechos a la tarjeta sanitaria y a la asistencia sanitaria pública

Si nunca se ha trabajado, a partir de los 26 años (edad en la que se pasa de estar como beneficiario en la tarjeta sanitaria de los padres a tener derecho a la tarjeta individual), antes y ahora, debe solicitarse una tarjeta sanitaria individual en el Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma (centros de salud u oficinas) o en la Seguridad Social. Este sistema no se ha cambiado.

Con la norma anterior si el solicitante no trabajaba ni tenía ingresos, debía declararse como “persona sin recursos”.

El nuevo Real Decreto Ley regula todas las posibles situaciones, laborales y familiares, en las que se puede encontrar el solicitante de la tarjeta. De este modo, se garantiza que todos los españoles tienen derecho a la asistencia sanitaria pública.

Ya no será necesario declararse “persona sin recursos”, una expresión que resulta peyorativa, sino alegar que carecen de ingresos o que estos son inferiores a los que se establezcan reglamentariamente.

Las personas que no trabajen, pero que tengan ingresos propios (los rentistas), también podrán tener derecho a su tarjeta. Para ello, la Seguridad Social establecerá un convenio especial para darles derecho a la Sanidad.

De esta manera se abarcan todas las posibilidades, de forma que todos los españoles tienen derecho a su tarjeta sanitaria.

El límite de ingresos está por determinar. En todo caso, será alto, pues este convenio especial está pensado para las rentas muy altas.