El consejero de Sanidad ratifica el modelo aragonés para el acceso universal a la sanidad

El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha visitado hoy el centro de salud de San Pablo, un barrio que acoge, junto a Delicias, buena parte de la población inmigrante de la capital aragonesa. Allí Celaya ha vuelto a destacar la apuesta del Gobierno de Aragón por la universalidad de la asistencia sanitaria y ha reclamado, una vez más, al Gobierno central que derogue el decreto “que dejaba sin asistencia a uno de los colectivos más vulnerables”, el de los inmigrantes en situación irregular. También ha ratificado el consejero los requisitos que el Departamento de Sanidad estableció para que esta población obtenga acceso al sistema sanitario, dado que son “competencia exclusiva” de la comunidad autónoma: tres meses de empadronamiento, no tener ingresos superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 15.975 euros anuales, y no poder exportar la asistencia sanitaria de su país de origen. Celaya ha realizado estas declaraciones después de que, el pasado miércoles, el Gobierno central decidiera presentar una propuesta a las comunidades autónomas para armonizar la asistencia a los inmigrantes en situación irregular que endurece las ya planteadas por Aragón, dado que la propuesta de partida del Ministerio de Sanidad establece como requisitos 6 meses de empadronamiento, además de no superar el IPREM. En este sentido, el consejero de Sanidad ha recordado que Aragón, junto con otras comunidades autónomas, ya ha pedido al Ministerio una derogación del real decreto-ley 16/2012 por el que se eliminó la atención sanitaria a esta población. “Para que no haya discrepancias entre las comunidades lo que el Gobierno debe hacer es derogar el real decreto”, ha insistido Celaya. Con la instrucción que el Departamento de Sanidad emitió a mediados de agosto para dar el acceso al sistema sanitario a los inmigrantes sin papeles son los centros de Atención Primaria los encargados de canalizar las solicitudes. Actualmente, en la comunidad aragonesa se han registrado una treintena de peticiones nuevas que, sumadas a las personas que se adscribieron al antiguo Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública y que han entrado automáticamente en el nuevo sistema, hacen un total de 1.175 usuarios atendidos. En estos casos, el inmigrante dispone de un documento acreditativo –no tarjeta sanitaria- que le garantiza el acceso al sistema, con las mismas condiciones que la población oriunda, durante un plazo de un año, renovable si acredita las mismas condiciones.