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Viernes, 22 de noviembre de 2024

Patrimonio y Organización

Los forenses podrán acceder a historiales clínicos de pacientes que se encuentren incursos en una causa judicial

Convenio entre los Departamentos de Presidencia y Sanidad para facilitar la emisión de informes que solicite la autoridad judicial o fiscal

Los consejeros de Presidencia, Vicente Guillén, y de Sanidad, Sebastián Celaya,  han firmado esta mañana  un convenio  de colaboración para la implantación de un protocolo de acceso a las bases de datos de las historias clínicas Informatizadas que existen en el Servicio Aragonés de Salud  (SALUD) por parte del personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA), acceso que quedará abierto exclusivamente para la consulta de la historia clínica de pacientes incursos en una causa judicial, cuando sea necesario para la emisión de informes solicitados por la autoridad judicial, fiscal o Registro Civil.

Celaya explica cómo el convenio asegura la confidencialidad de los datos.

Guillén, sobre la violencia de género

El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, indicó que “el convenio asegura a los forenses que puedan acceder a los datos de los historiales clínicos para obtener más información y más acorde con la realidad de una persona incursa en un proceso. De esta forma,  los forenses podrán realizar su trabajo con una mayor agilidad y eficacia y se facilitan de forma importante tanto las pesquisas como el trabajo del juez”.

El SALUD se compromete a habilitar a los médicos forenses del IMLA un sistema de acceso a la historia clínica electrónica, a través de un procedimiento de control de acceso para la realización de las consultas y descarga de información.

Se trata de una herramienta fundamental para obtener la información necesaria en los casos de internamientos involuntarios, lesiones accidentales, agresiones o violencia sobre la mujer, informes de imputabilidad y drogadicción, etc. En los casos de fallecimiento permitirá establecer la mejor estrategia encaminada a determinar la causa y circunstancias de la muerte.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, recordó que en 2018 entraran en funcionamiento tres unidades de valoración integral de violencia de género, una por provincia, que contarán con un forense, un trabajador social y un psicólogo. “A estos profesionales hay que dotarles de las herramientas oportunas para que los informes, que pasar a ser objeto de valoración judicial, sean realizados con absoluto rigor y el acceso a las historia clínicas de una persona incursa en un proceso judicial es una de estas herramientas”, insistió Guillén.

Ambos consejeros insistieron en las dificultades para perfilar el texto del convenio debido a la normativa sobre protección de datos y en el hecho de que a los historiales sólo podrán acceder los forenses con la correspondiente autorización judicial.

La Dirección General de Justicia e Interior, de quien depende orgánicamente el IMLA, se compromete a establecer los mecanismos que aseguren que la utilización del acceso al sistema informático se restrinja a la estrictamente necesaria para la elaboración de los informes periciales solicitados por la autoridad judicial y a mantener el deber de secreto y confidencialidad, así como el riguroso cumplimiento de la legislación de protección de datos personales.

Con el fin de garantizar estos extremos, el acceso a los sistemas informáticos se realizará únicamente por la Dirección y Subdirecciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón o por la persona o personas a las que se autorice, que estarán en posesión de una tarjeta identificativa y una contraseña. Se habilitará igualmente un proceso de filtro previo de los sujetos objeto de consulta.

Este mecanismo de filtro previo consiste en la remisión por adelantado de la identificación de las personas que van a ser objeto de consulta, a través de una conexión telemática con especificación del  motivo del acceso. El sistema guardará auditoría de los accesos realizados para su eventual consulta posterior y según lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales.

Por ambas partes se establecerá qué datos sanitarios serán mostrados en cada acceso, con el fin de que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades de este convenio.

Por parte del IMLA se establecerá un sistema de gestión de usuarios en el que se actualizará permanentemente la lista de personas autorizadas. Además, quedará habilitado un protocolo  de acceso que garantice el cumplimiento de la normativa de la Ley de Protección de Datos Personales y, en concreto, de la necesidad de consentimiento de los interesados para el acceso al aplicativo, que deberá contemplar los siguientes supuestos. En el caso de fallecidos sometidos a investigación judicial no es necesario documento de consentimiento.

En el caso de personas vivas incursas en procedimiento judicial es preciso contar con un documento en el que, por el interesado o su representante, se autorice expresamente el acceso a la historia clínica, con mención expresa de los fines para los que se solicita dicha autorización o, en su defecto, autorización judicial expresa. En casos especiales de investigación de reclamaciones por imprudencia profesional médica es preciso contar con la autorización judicial en todos los casos.

Reducción de los tiempos

El Servicio Aragonés de Salud recoge la información asistencial-clínica en sus sistemas de información  con el objetivo de asegurar la adecuada asistencia a los pacientes. Esta información se estructura en una historia clínica electrónica, a través de la consolidación de información de diferentes aplicativos informáticos y constituye una fuente documental habitualmente utilizada por los juzgados, tribunales y fiscalías en la Comunidad Autónoma de Aragón para la investigación de los casos en los que existe un expediente judicial en curso.

Con la firma de este convenio, el tiempo invertido en la petición y remisión de la información solicitada por la autoridad judicial, a través del IMLA, a los centros sanitarios podrá reducirse de forma sustancial al habilitarse un acceso directo y controlado a la historia clínica electrónica para el personal médico forense.

Este acceso permitirá la consulta y descarga inmediata de la información en formato digital y supondrá una optimización de los recursos personales y materiales por ambas partes.