El Gobierno de Aragón ha firmado con la Delegación del Gobierno, la FAMCP, El Colegio de Abogados de Aragón y la Fiscalía de Aragón un protocolo de actuación contra la violencia de género

El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, y la consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón , Ana María Fernández, han firmado hoy con el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández,  con el fiscal Superior de Aragón, José María Rivera, con el vicepresidene del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, Ignacio Gutiérrez y con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Víctimas en Aragón. En el acto ha estado también presente la directora general de Atención al Usuario del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, Teresa Antoñanzas.

La finalidad es garantizar una actuación coordinada de todas las Administraciones implicadas en la prevención y persecución  de los actos de violencia de género y en la asistencia a las víctimas.  De esta manera se asegura un correcto funcionamiento  de los mecanismos de protección integral, sin perjuicio de las actuaciones concretas que le corresponda a cada organismo.

Por parte del Gobierno de Aragón, en lo que respecta al Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, y a través de las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, se les facilitará todo tipo de información acerca de los centros de acogida más cercanos o la posibilidad de la asistencia jurídica gratuita. Además, se pondrá a disposición de la víctima la posibilidad de solicitar la orden de protección poniendo a su disposición modelos en distintos organismos judiciales así como en las fiscalías o en las Oficinas de Atención a la Víctima, entre otras entidades.

En lo referente al ámbito sanitario el Departamento de Salud y Consumo se encargará de atender la salud física y psicológica de las víctimas, así como la detección de la violencia de género y la prevención de la misma. El personal sanitario que atienda  a la víctima deberá realizar una entrevista para confirmar o descartar la situación de violencia.  Si la gravedad de las lesiones lo justifica, el personal sanitario que atienda a la mujer solicitará a la autoridad judicial la presencia de profesionales de la Unidad de Valoración Forense con la finalidad de que se pueda obtener en un solo acto las pruebas médico-legales necesarias.

Por otro lado, el personal sanitario que en el ejercicio de su profesión tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de un delito de violencia de género, tiene la obligación legal de ponerlos en conocimiento de la Autoridad Judicial.

Asimismo, el Departamento de Servicios Sociales y Familia, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, presta asistencia integral a las mujeres víctimas de malos tratos. Esta atención se centra tanto en las emergencias como en el apoyo y la acogida. En virtud del protocolo firmado, los servicios sociales deben acompañar a un centro sanitario a la mujer víctima de malos tratos y remitir informe a la autoridad judicial sobre la presencia de lesiones, cuando exista la sospecha de que pueden ser consecuencia de un hecho constitutivo de delito. El informe se trasladará también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los servicios sociales tienen la obligación de comunicar una posible situación de malos tratos, incluso cuando la víctima decida no denunciar la agresión.

Por otra parte, los centros de servicios sociales deben poner a disposición de las víctimas los medios para solicitar una Orden de Protección. Se enviará una comunicación vía fax a la autoridad judicial y una fotocopia de dicha solicitud de Orden de Protección a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes en función del territorio.