Vivienda
Convenio marco de colaboración entre el Gobierno de Aragón, SVA y entidades sociales para el desarrollo de un programa de acogida a personas refugiadas
Suelo y Vivienda de Aragón pone a disposición de las entidades, en régimen de alquiler, 87 viviendas en las tres provincias para que sean utilizadas por refugiados
El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio marco de colaboración entre el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, y varias entidades sociales no gubernamentales, para el desarrollo de un programa de acogida a personas refugiadas en Aragón.
Las entidades que inicialmente firmarán el convenio son Accem, Fundación Cepaim y Fundación APIP-ACAM, todas ellas cuentan con una trayectoria de colaboración, con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del sistema de acogida e integración de refugiados y con estructura suficiente para atender esta situación urgente y excepcional.
Está previsto que con posterioridad a la firma puedan adherirse otras entidades sociales en los mismos términos y condiciones que el convenio actual.
Desde el Gobierno de Aragón, se considera prioritaria la colaboración con las organizaciones sociales no gubernamentales especializadas que están trabajando directamente con las personas refugiadas en nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de dar una respuesta integral y coordinada que dé cobertura a sus necesidades básicas y cuyo objetivo sea la plena integración social, económica, laboral y cultural.
En particular además, la empresa pública “Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.”, tiene entre sus objetivos “servir como instrumento para la ejecución de las políticas establecidas por el Gobierno de Aragón para hacer efectivo el derecho a la vivienda reconocido por el artículo 47 de la Constitución y 27 del Estatuto de Autonomía de Aragón, colaborando con las Administraciones Públicas Aragonesa en la ejecución de acciones destinadas a la provisión de vivienda, en régimen de propiedad o alquiler, o las familias, ciudadanos o colectivos que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad, todo ello de acuerdo con lo que en cada momento se establezcan por las normas estatales o de la Comunidad Autónoma de Aragón que resulten de aplicación”.
Como primera medida de respuesta a la crisis humanitaria de las personas refugiadas que llegan desplazadas a territorio aragonés, es poner a disposición viviendas adecuadas que les faciliten su habitabilidad, desarrollo personal e integración.
El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, a través de la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, SLU se compromete a poner a disposición de cada una de las entidades sociales firmantes del presente Convenio, así como a las que con posterioridad se pudieran adherir al mismo, en régimen de alquiler, un conjunto de viviendas, para su utilización por las personas solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional.
En estos momentos el número de viviendas que se ponen a disposición asciende a 87, distribuidas por todo el territorio, 13 en la provincia de Huesca, 37 en la provincia de Teruel y 37 en la provincia de Zaragoza. Todas las viviendas son de nueva construcción y la mayoría de ellas de protección oficial.
El programa de integración se desarrolla en varias fases, en función del momento en que se encuentre el proceso de acogida de las personas que pueden acceder a las viviendas, el contrato de arrendamiento se realizará con las entidades sociales o directamente con los propios refugiados. Estas cuestiones serán concretadas y coordinadas a través de las entidades sociales.
El Gobierno de Aragón también articulará la red de servicios y prestaciones en el territorio para promover la incorporación social de las personas refugiadas, actuando de manera coordinada con las entidades de la iniciativa social y programas de voluntariado.
Estas medidas ya estaban contempladas en el protocolo de acogida coordinado por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y es una muestra de la coordinación y la unión de esfuerzos entre las administraciones aragonesas y las organizaciones del tercer sector.