Obras Públicas
El Ejecutivo solicita a la concesionaria de la ARA-A1 un paso provisional para el restablecimiento del tráfico
El Ejecutivo realiza un estudio de la incidencia económica que supone para los usuarios el cierre de esta vía
Se estima que el coste para los usuarios, al realizar desplazamientos mayores, asciende a una media de 26.000 euros diarios y más de 700.000 mensuales
El Gobierno de Aragón está instando a la sociedad concesionaria de la Autopista autonómica ARA A-1, carretera afectada por la crecida del Ebro, a que restablezca cuanto antes el uso público de la infraestructura. El Consejo de Gobierno ha conocido hoy cómo se está desarrollando este proceso por el que el Ejecutivo autonómico ha solicitado a la concesionaria Puente del Ebro S.A, el restablecimiento inmediato del tráfico mediante un paso provisional, así como el análisis de las causas que han provocado la rotura del paso inferior, situado en el p.k 2,7, y la ejecución de las acciones necesarias para solventar esta situación. Mientras tanto, el Gobierno de Aragón está realizando un estudio de la incidencia económica que supone para los usuarios el cierre de esta vía, que se deriva en realizar mayores recorridos, con el consiguiente gasto en tiempo y en kilometraje. Y es que, este cierre afecta en general al tráfico de aquellos vehículos, tanto ligeros como pesados, que con la utilización de la ARA-1 evitaban pasar por Zaragoza y sus cinturones de ronda para dirigirse a sus destinos, logrando con ello, un ahorro de distancia recorrida y tiempo empleado en el viaje. Las primeras estimaciones de este análisis sobre los costes sufridos por los usuarios hablan del orden de 26.000 euros diarios, lo que supondría más de 700.000 euros al mes. El análisis se ha realizado teniendo en cuenta tres focos principales de origen y destino del tráfico que usan esta autopista: el polígono de Malpica, el área de polígonos en torno a La Cartuja y el Burgo de Ebro. A su vez, este tráfico procede o se dirige, fundamentalmente, a Cataluña y al Burgo de Ebro. Por todo ello, el Ejecutivo autonómico solicita a la concesionaria una rápida resolución de la situación en beneficio de los ciudadanos para que restablezca cuanto antes el uso público de la infraestructura y la adopción de todas las acciones necesarias para reponer la obra a su estado normal de servicio.