El Gobierno de Aragón y las adjudicatarias de 5 sectores del Plan RED negocian la resolución del contrato de mutuo acuerdo por circunstancias económicas sobrevenidas

El Gobierno de Aragón y cinco sectores adjudicatarios del Plan RED (Z1, Z2, TE2, HU 2 y Z3) están negociando la resolución del contrato de mutuo acuerdo sin imputar causa al Ejecutivo autónomo, ante las circunstancias económicas sobrevenidas,  lo que reducirá las obligaciones económicas de la Comunidad autónoma en más 3.200 millones ( IVA incluído) . Para ello, el Ejecutivo autónomo abonará los proyectos constructivos encargados y una parte de los costes soportados por las concesionarias. La resolución  del mutuo acuerdo será viable  siempre y cuando ninguna de las dos partes impute a la otra responsabilidad por incumplimiento del contrato, y se retiren los expedientes de sanciones y reclamaciones iniciados.   El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes ha explicado que si finalmente el proceso culmina en resolución por mutuo acuerdo esto supondría “ la reducción inmediata de la deuda contable de Aragón, la reducción de las obligaciones contables de Aragón en 3.200 millones , evitar más daños a las empresas concesionarias de las  que ya han sufrido por apostar por Aragón,  contar con una biblioteca de proyectos, poder iniciar las obras de refuerzo de  firme más necesarias, no gastar en gastos indirectos  más de lo imprescindible y mantener las brigadas de carreteras de Aragón”, ha explicado. Asimismo, ha indicado que el Gobierno de Aragón está elaborando un plan de carreteras “un plan que está en elevado grado de preparación, un plan de carreteras que será, no a crédito sino que se pueda ejecutar con los presupuestos de cada año”, ha indicado   El proceso para la resolución de los contratos está muy avanzado,  aunque quedan algunas cuestiones  por resolver,  pero básicamente consiste en:   -          Las concesionarias concluirán la cartografía y los proyectos en redacción de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones. -          El Gobierno de Aragón abonará una cantidad a cada concesionaria inferior a los costes justificados y no superior al doble del coste de los proyectos realizados. -          Las cantidades a abonar a cada concesionaria que se están cerrando, oscilan entre 1.600.000 a 1.850.000 €, en función de que alguno de los pagos compute IVA y de algunos detalles por ultimar en el proceso.   El acuerdo permitirá a la Comunidad autónoma disponer de proyectos constructivos para realizarlos cuando sea posible incluirlo en los presupuestos.   El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón ha comparecido hoy a petición propia para informar sobre la situación del Plan RED ante las Cortes de Aragón.  Durante su intervención ha explicado que los sectores Zaragoza 1, Zaragoza 2 y Teruel 2 han solicitado la suspensión del contrato para llegar a la resolución de mutuo acuerdo, una cuestión a la que ha accedido el Gobierno de Aragón. Asimismo, los sectores Huesca 2 y Zaragoza 3 están también en la vía de la resolución de mutuo acuerdo perfilándose el acuerdo de las condiciones. En cuanto al sector Huesca 3 continúa adelante tras la aprobación del proyecto constructivo por parte del Gobierno de Aragón en febrero de 2012. No obstante, este sector ha solicitado oficialmente una modificación de su contrato con un incremento de 9 millones de euros. El adjudicatario está pendiente de conseguir la  necesaria financiación bancaria.   Con respecto al sector Huesca 1 se suspendió por el anterior Ejecutivo autónomo ya que era necesario eliminar la carretera A-1205 de Jaca a La Peña por la declaración de impacto negativa. Tras varios intentos por modificar este contrato y de acuerdo con el adjudicatario se ha iniciado,  también,  el estudio para  la resolución del contrato por mutuo acuerdo. Finalmente, en lo relativo al sector Teruel 1 el Gobierno de Aragón ha abierto expediente de resolución por incumplimiento ya que no ha presentado el  proyecto constructivo y ante el incumplimiento grave y reiterado de la obligación de conservar.   Desde el principio el Gobierno de Aragón ha mantenido la misma postura con respecto a su posición con el Plan Red: si las concesionarias cumplían con todos los requisitos del Plan y con sus pliegos de condiciones técnicas y administrativas, estos contratos continuarían vigentes y se realizarían, tal y como se marca en la Ley de Contratos del Estado. El futuro del Plan Red no lo ha dictado el actual Gobierno de Aragón sino la viabilidad financiera: no ha sido posible a las empresas conseguir financiación para responder a las obligaciones del contrato.   El Plan Red obligaba a la Administración a adquirir una deuda inasumible, supone un incremento de un 0,4% en la deuda computable de Aragón, un 30% de lo posible para el año 2013,a lo que hay que añadir la dificultad que han encontrado las propias adjudicatarias para obtener financiación.   El Ejecutivo autónomo, al inicio de la legislatura,  tuvo que continuar con el procedimiento administrativo que marcaba el Plan Red dado que si se hubieran resuelto los contratos unilateralmente, sin que las empresas hubieran incurrido en ninguna causa de rescisión, esto hubiera supuesto la obligación legal de indemnización por daño emergente y lucro cesante, lo que hubiera supuesto para las arcas públicas y para los aragoneses, un desembolso mucho mayor sin disponer de proyectos constructivos para el futuro.   El Acuerdo alivia las obligaciones económicas de la Comunidad Autónoma en los próximos años por valor de 2.700 millones de euros, de los que 331 millones de euros se deberían a obras de nueva construcción; 1.296 a gastos financieros, beneficios e impuestos y el resto a conservación y explotación.   El Ejecutivo autónomo trabaja en un Plan alternativo de carreteras con menores costos indirectos y donde el 80% de los costos se queda en las carreteras, en el que se prioricen las inversiones para contribuir a la creación de empleo y para favorecer el esquema de ciudades de Aragón. Un plan estructurado para dar servicio a la comunidad autónoma con un carácter vertebrador y dinamizador.