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El Gobierno de Aragón recibe información sobre 2.471 viviendas que podrán inscribirse en el Registro de Vivienda Desocupada de Aragón
José Luis Soro, ha señalado que "somos los responsables de garantizar el derecho a una vivienda digna y para ello impulsamos el Decreto Ley 3/2015 que, entre otras cuestiones, establece medidas para aumentar la bolsa de vivienda social"
Se espera recibir información de más entidades bancarias en los próximos días y se estima que esta cifra llegue a las 3.000 viviendas. Empieza el proceso de selección sobre las que resultan interesantes y útiles
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha presentado junto a la Directora General de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, los datos sobre viviendas vacías, procedentes de ejecuciones hipotecarias, que han proporcionado las entidades financieras para la creación del Registro de Vivienda Desocupada de Aragón.
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Vivienda social: negociación con los bancos
Vivienda social: Mayte Andreu proceso que comienza
Vivienda social: José Luis Soro PRUDENCIA y colaboración de las entidades financieras
Vivienda social: José Luis Soro REGISTRO DE VIVIENDAS
Vivienda social: José Luis Soro CASI 3.000 viviendas
En total se ha informado sobre 2.471 viviendas aunque la previsión es que alcance la cifra de 3.000 en los próximos días. A partir de ahora se inicia un proceso de cribado de las mismas para ver cuáles interesan y se pueden incluir en la Bolsa de Vivienda Social de Aragón y en el futuro Fondo Social de Vivienda de Aragón. Se investigará su estado legal, ubicación, características, condiciones de habitabilidad…
Esta información, y la posterior cesión, es posible gracias a las medidas contempladas en el Decreto Ley 3/2015 de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda que impulsó el Gobierno PSOE-CHA y que entró en vigor el pasado 18 de diciembre de 2015.
José Luis Soro ha recordado que “en Aragón nadie se queda en la calle, somos capaces de dar una respuesta habitacional, en colaboración con otras entidades y administraciones”. Para lograr que esto siga siendo así, se puso en marcha el Decreto Ley 3/2015 que es, en materia de vivienda, “el más audaz, ambicioso, innovador pero, a la vez, el más realista. Hemos llegado hasta donde se podía llegar”.
José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, ha destacado que “es la primera vez que se toma una medida de este tipo y es un ejemplo del compromiso social que tiene este Gobierno”.
El consejero ha señalado que el principal reto es aumentar la Bolsa de Vivienda Social y para ello se cuenta con los convenios con entidades financieras, en los que se está trabajando; con la petición a particulares para incluyan sus viviendas vacías en la Bolsa de Vivienda Social; y con las medidas que buscan que las entidades financieras cedan las viviendas desocupadas procedentes de ejecuciones hipotecarias. El primer paso para lograr este objetivo es crear “el Registro de Viviendas desocupadas para conocer la realidad de Aragón”.
Se ha recibido información de 14 entidades, entre bancos, inmobiliarias, fondos, Sareb… y, otras entidades han solicitado ampliar el plazo para presentar la documentación. La información que se reciba servirá para crear el Registro de Vivienda Desocupada de Aragón.
En estos momentos se ha informado sobre 2.471 viviendas en Aragón que están previsiblemente desocupadas y que proceden de ejecuciones hipotecarias en general. De estas viviendas, desde la Dirección General se contempla que, de entrada, el 50% son interesantes atendiendo a la demanda de vivienda social existente o la situación legal en la que se encuentran por lo que se iniciará el trabajo de cribado sobre 1.194 de ellas. De ellas 143 en comarcas altoaragonesas, 65 en las comarcas turolenses y 986 en las de Zaragoza. La mayoría de ellas en las capitales.
José Luis Soro ha pedido “prudencia porque esto no significa que tengamos 3.000 viviendas que mañana podamos poner al servicio de las políticas sociales del Gobierno de Aragón pero sí es un paso para aumentar progresivamente las viviendas de la Bolsa de la que disponemos”.
Mayte Andreu explica que “se revisarán las condiciones de habitabilidad de las mismas y si pueden ser interesantes para alguna de las 864 unidades de convivencia que tienen reconocido el derecho a vivienda social y están a la espera”.
Las viviendas que interesen se incluirán en la Bolsa de Vivienda Social del Gobierno de Aragón y se negociará con las entidades financieras el alquiler o, si no se llega a acuerdo, se establecerá una Orden desde el Gobierno de Aragón para que se incluyan y destinen a vivienda social.
La Bolsa de Vivienda Social del Gobierno de Aragón cuenta en estos momentos con 237 viviendas arrendadas y 70 que están vacantes, bien porque se ubican en zonas donde no hay demanda o porque están en proceso de arreglo. Hasta ahora, tan solo 6 viviendas de esta Bolsa proceden de entidades bancarias.
La lista de demandantes de vivienda social en Aragón se irá aumentando en los próximos meses ya que existen 1.792 solicitudes que ya se están tramitando y de las cuales, un alto porcentaje, verán cómo se reconoce su derecho a la vivienda social.
El Art. 14 y la Disposición Transitoria primera del Decreto Ley 3 /2015, recoge la obligación a las Entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control y la Sociedad de Gestión de Activos, procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A, de informar y poner a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón las viviendas que sean de su propiedad y provengan de procedimiento de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria.
El plazo que han tenido para informar, tal y como queda recogido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ley, ha sido de tres meses desde la entrada en vigor de dicho decreto, el plazo concluyo ayer viernes 18 de marzo. La periodicidad para informar será trimestral y lo omisión de dicha información constituirá una infracción leve que será sancionada con multa de 1.500 a 3.000 €.