Obras Públicas y la Fundación Federico Ozanam colaboran para facilitar vivienda en alquiler social a quién más lo necesite

Alquileres económicos para las personas que lo necesitan. El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón ha firmado con la Fundación Federico Ozanam un convenio de colaboración en el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda para trabajar conjuntamente en la atención a familias desfavorecidas. El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón ha rubricado con el presidente de la Fundación Federico Ozanam, Enrique Santamaría,  el acuerdo para que esta  entidad social gestione parte de las viviendas incluidas en la Red de Bolsas de Viviendas de Alquiler Social, en concreto un máximo de 140. Rafael Fernández de Alarcón ha explicado que con “Ozanam teníamos desde el Gobierno de Aragón  un convenio de 14 viviendas y  con éste van  a sumar 140 viviendas más para la gestión social de la vivienda,  uno  de los objetivos del Gobierno de Aragón que  va a dar lugar a la rápida entrega de la llaves al primer adjudicatario de vivienda social. En este momento,  tenemos seleccionados 217 beneficiarios y empezaremos a gestionar con Ozanam cuáles les entregamos y en qué comarcas”, ha apuntado. Asimismo, el consejero de Obras Públicas ha hecho hincapié en la necesidad de que los particulares y distintas entidades cedan  viviendas para la red de bolsas de alquiler “porque de esta forma consiguen sus objetivos de alquilar las viviendas con toda la seguridad que les da el Gobierno de  Aragón por ese alquiler y así se las entregaremos a Ozanam, a los ayuntamientos con los que también estamos a punto de firmar convenios o bien gestionaremos la vivienda directamente desde la Dirección General de Vivienda”, ha indicado. La Fundación  actuará como mediadora entre el cedente y el beneficiario de la vivienda, realizando la asignación de las viviendas disponibles entre familias desfavorecidas, con la supervisión del Gobierno de Argón, que velará por el cumplimiento de los requisitos y el respeto de las prioridades de asignación, además de resolver motivadamente las solicitudes de aportación de viviendas y de beneficiarios. La Fundación se encargará también de diferentes labores entre las que se incluyen el asesoramiento y la información a los posibles destinatarios de las viviendas sociales, contratación del arriendo de la vivienda con los beneficiarios, seguimiento del estado de conservación de las viviendas y de la situación personal, económica y familiar de los inquilinos o la gestión del cobro de las rentas y el correspondiente pago a los propietarios. Para realizar esta labor, el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes,  aportará mensualmente la cantidad que corresponda a la Fundación Federico Ozanam por la gestión de un máximo de 140 viviendas, con un límite presupuestario de 1,4 millones de euros distribuidos entre los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016. De esta forma, el Gobierno de Aragón,  acuerda así la colaboración para la gestión de vivienda social con esta entidad de carácter social sin ánimo de lucro, siguiendo con el mecanismo de gestión indirecta, a través de entidades colaboradoras, que contempla el Decreto que regula la Red de Bolsas de Viviendas de Alquiler Social de Aragón. En concreto, la Fundación Federico Ozanam tiene por objeto la asistencia a personas desfavorecidas, el apoyo a la tercera edad, y la promoción e inserción social de las personas y colectivos más desfavorecidos. La Red de Bolsas de Viviendas de Alquiler Social es una iniciativa promovida con el objetivo de proporcionar viviendas a bajo coste a colectivos que se encuentran en dificultades de acceso al mercado de vivienda, libre o protegida, mediante contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban. Así, la renta máxima a abonar por el arrendatario será de 3 €/m2 útil con un límite máximo mensual de 300 euros por vivienda, que se reducirá en función de la superficie y condiciones de la misma y que en cualquier caso no superará el 40% de los ingresos de las personas que convivan con el beneficiario de la vivienda social.  De esta forma, en el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda, el Ejecutivo autónomo trabaja para atender las necesidades de los colectivos con más dificultades de acceso al mercado de la vivienda.