Alejandro Nolasco enfatiza que Aragón lidera las tasas de resolución en la apertura del Juzgado 23 de Zaragoza

La Administración de Justicia de Aragón ya cuenta con el juzgado de primera instancia número 23 de Zaragoza. Ha sido inaugurado este lunes por el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor; el presidente del TSJA, Manuel Bellido, y el Juez Decano de los Juzgados de Zaragoza, Roberto Esteban.

En la segunda planta del Edificio Vidal de Canellas se encuentra el juzgado 23. Alberga un espacio de 127 metros cuadrados y una plantilla de 8 personas, que actualmente cuenta con 2 gestores, 2 tramitadores y 1 auxilio. Quedan por incorporarse 2 tramitadores y 1 gestor, algo que harán "a la mayor brevedad". "Una vez inaugurado este juzgado, comenzamos los trámites para solicitar al Ministerio de Justicia la apertura del juzgado número 24", ha expresado Esmeralda Pastor.

Nolasco ha subrayado el "potencial de los más de 1.100 funcionarios de Justicia". Una circunstancia que permite a Aragón "liderar las tasas de resolución y de menos asuntos pendientes, junto a Navarra". Aún así, ha instado a "no conformarse" y ha trasladado "el compromiso del Gobierno de Aragón para seguir recorriendo y conociendo de primera mano la situación de cada juzgado, y dotarlos de los mejores medios posibles".

En esa línea, ha recordado las nuevas salas amigables que se han instalado en los juzgados de Daroca y Ejea; así como los 280 nuevos equipos portátiles para la Administración de Justicia y los 55 equipos de videoconferencia para las salas de vista. "La prioridad es garantizar que el ciudadano ejerce en las condiciones óptimas su derecho de acudir a los tribunales para dirimir cualquier asunto que les afecta", ha indicado. También se encuentra en estudio la creación de nuevos juzgados en las tres provincias aragonesas.

El vicepresidente primero ha defendido la independencia del poder judicial, como "un principio básico y pilar de nuestro Estado de Derecho y del orden constitucional". Ha incidido en que "ningún gobernante puede aplicar medidas que vulneren la división de poderes y supongan una intromisión en las competencias del poder judicial". 

Del mismo modo, ha trasladado que "no se debe culpar ni responsabilizar a los jueces de aquellas consecuencias de una incorrecta elaboración de las leyes; consecuencias percibidas por la sociedad en el momento en el que determinados delincuentes reciben ventajas o rebajas de condenas". "Son los gobernantes quienes deben asumir las consecuencias de las leyes que impulsan y aprueban", ha concluido.

Accede a la comparecencia:  https://www.youtube.com/watch?v=Hzae0aDpYh4