El Consejo Consultivo de Aragón avala la presentación del Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

Aragón tiene plena legitimidad para interponer un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Amnistía, porque dicha ley trata de borrar las consecuencias jurídicas derivadas de las actuaciones contrarias a la configuración constitucional del Estado. Así lo establece el dictamen elaborado por el Consejo Consultivo de Aragón, cuyas conclusiones han trasladado en sala de prensa el vicepresidente primero y coordinador del Grupo de Trabajo que prepara el Recurso de Inconstitucionalidad, Alejandro Nolasco; y la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero.

Nolasco ha transmitido que, según el dictamen, "los delitos que se pretenden amnistiar afectan a España en su conjunto como Estado". "Un Estado del que las Comunidades autónomas forman parte, por lo que Aragón, al ser una de las comunidades autónomas afectadas, tiene todas las razones fundadas para presentar este recurso. Hay razones de peso, tanto históricas, económicas, sociales y culturales para que el Gobierno de Aragón defienda la igualdad entre todos los españoles", ha incidido.

De hecho, en el preámbulo de la Ley Orgánica de Amnistía, se admite que es una ley que “exime de responsabilidad únicamente a las personas que cometieron ciertos hechos en un periodo de tiempo concreto”. Algo que ha calificado como "una situación de arbitrariedad que vulnera el mismo trato ante la justicia que merecen todos los españoles".

El vicepresidente primero ha analizado, en base al dictamen, que “la amnistía ha sido una exigencia de grupos políticos independentistas para otorgar sus votos en la investidura parlamentaria del presidente del Gobierno”. "Es decir, la causa eficiente de la ley no es ni la pacificación social, ni la justicia, ni el asentamiento de la democracia, ni la reconducción de las aspiraciones secesionistas dentro de la legalidad constitucional… simplemente es la contrapartida exigida por los votos que permiten el acceso al poder”, ha sintetizado.

Otro argumento del dictamen es que “ante unos mismos hechos tipificados como delitos o infracciones administrativas, hay quienes sí asumen las responsabilidades penales, administrativas y contables que establece la ley; y hay otros que quedan exentos dichas responsabilidades". Una circunstancia que Nolasco ha analizado como "un trato diferenciado entre ciudadanos que afecta al principio de seguridad jurídica".

Nolasco ha analizado que durante el 'procés' se produjeron "varios delitos y la alteración grave del funcionamiento de las instituciones de Cataluña", por lo que "el Estado respondió en consecuencia aplicando el artículo 155 de la Constitución Española para suspender la autonomía de Cataluña y convocar nuevas elecciones". Aludiendo al dictamen, ha enfatizado que "la normalización institucional de Cataluña fue posible gracias a la aplicación del artículo 155, por lo que es del todo incongruente apelar a la amnistía como un método para alcanzar la normalización de las instituciones, porque es algo que ya se ha obtenido".

Del mismo modo, el Consejo Consultivo de Aragón afirma que la amnistía por los actos delictivos cometidos en el ‘procés’ no afecta sólo a la realidad social y política de Cataluña; "sino a toda España". La Ley Orgánica de Amnistía responde únicamente al “interés particular de los partidos independentistas catalanes y sus líderes, y no al interés general de la sociedad española”. Con estas palabras lo expresa el dictamen, que recuerda también que se encuentra huido de la Justicia el expresidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Puigdemont.

Igualmente, el dictamen señala como “especialmente grave que los independentistas traten de justificar la amnistía por una supuesta represión ejercida por el Estado”. Nolasco ha añadido que "es justo lo contrario": "La Constitución española garantiza el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos a través de un Estado social y democrático de Derecho, basado en el principio de división de poderes. Ningún tribunal internacional ha condenado al Estado español por la vulneración de ningún derecho fundamental en las condenas por los hechos delictivos del proceso independentista catalán".

A su vez, el dictamen relata la serie de "contradicciones" del actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Nolasco se ha referido a los "distintos criterios" adoptados antes y después de las elecciones de noviembre de 2019 respecto a los indultos; así como a los "cambios de opinión" respecto a la amnistía expresadas antes y después de las Elecciones Generales del 23 de julio de 2023. Todo ello se encuentra detallado en el dictamen.  

El vicepresidente primero de Aragón ha concluido señalando que "Aragón luchará con todas las vías legales a su alcance para evitar que este atropello de la igualdad legal entre aragoneses y el resto de españoles se produzca". Ha lamentado que "La Ley Orgánica de Amnistía vulnera el principio de la división de poderes y supone un ataque contra la Constitución". "Todo ello para elaborar un traje a medida para que Pedro Sánchez contara con el apoyo de los independentistas en su investidura como presidente del Gobierno central", ha insistido.  

ESCUDO POLÍTICO

La vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha advertido que el Gobierno de Aragón será un “escudo político” y que “perseguirán por todos los cauces legales cualquier ataque y menoscabo a los intereses de los aragoneses”. “Ni nos callaremos, ni lo toleraremos”, ha subrayado Mar Vaquero, al tiempo que ha asegurado que “no sólo vamos a perseguir este caso, sino todos aquellos que, vengan de donde vengan, pretendan llevar a cabo este ataque al sistema político que nos dimos en 1978”.

En este sentido, la portavoz ha añadido que el Gobierno de Aragón “no va a tolerar ningún intento de romper nuestro país, ni para aceptar como normal el trato de favor a unos delincuentes por el mercadeo de unos votos en el Congreso de los Diputados”. Y con la aprobación de la Ley de Amnistía se produce un “ataque” a la Constitución, efectuado “fuera del ámbito de los derechos y libertades”, vulnerando asimismo la “libertad”.

“Cualquier gobernante debe saber que no está por encima ni es más importante que el pueblo al que gobierna”, ha señalado Mar Vaquero, ya que “si no se respeta la ley, no se respeta la libertad y la democracia”. “Nunca se había puesto tanto en peligro nuestro sistema democrático, el estado de derecho, la paz y convivencia de los españoles”, ha lamentado.