Condenadas dos personas por un delito de envenenamiento de fauna silvestre en Aragón

El Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza ha condenado a dos columbicultores de una sociedad de Valmadrid (Zaragoza) a una multa de 5.760 € y el pago de 33.015 € en concepto de responsabilidad civil por el uso ilegal de cebos envenados, que en marzo de 2010 produjeron la muerte de un zorro y dos águilas perdiceras, especie esta última estrictamente protegida al estar incluida dentro de la máxima categoría de protección que establece el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, la de “En peligro de extinción”.

Desde el primer momento el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón tomó parte activa en este caso, pues fueron Agentes de Protección de la Naturaleza quienes recabaron las pruebas iniciales, recuperando los cadáveres en el paraje de El Rebollar de la localidad de Valmadrid, a escasos trescientos metros de las instalaciones de la sociedad de los ahora condenados, y localizando restos de tóxicos en las instalaciones donde estos desarrollaban su actividad. Los animales muertos fueron trasladados inmediatamente al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, donde los técnicos realizaron el oportuno informe pericial forense que demostraba que la sustancia ilegal encontrada en la sociedad de los columbicultores era la misma que había producido la muerte de los animales hallados en sus proximidades. Un informe toxicológico encargado por el Departamento al IREC (Instituto de Recursos y Estudios Cinegéticos) concluyó que efectivamente la muerte de los animales se había producido por la ingestión del producto encontrado. Por su parte, el Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza fue quien valoró el daño provocado por la pérdida de los ejemplares, tasando tanto el valor de estos como el coste de la reparación del daño causado.

Durante todo el proceso la colaboración ha sido total con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de la Comandancia de Zaragoza, que fue quien interpuso la denuncia ante el Juzgado de lo Penal por considerar que se hallaba frente a un delito tipificado en los artículos 334 y 338 del Código Penal. En el trámite judicial iniciado con esta denuncia se personaron como acusación tanto el Gobierno de Aragón como distintas organizaciones de defensa de la naturaleza (SEO/BirdLife, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y Ansar), así como la Federación Aragonesa de Caza, aunque finalmente esta última se retiró del procedimiento.

Aunque el Gobierno de Aragón solicitaba una pena mayor para las tres personas inicialmente acusadas de delito contra la fauna silvestre –una de ellas finalmente absuelta-, desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón se valora positivamente la sentencia emitida por la Juez en este delito de envenenamiento contra la fauna silvestre. En procedimientos de este tipo, resulta generalmente muy complicado recabar todas las pruebas que permitan demostrar fehacientemente la intencionalidad en la muerte de los ejemplares o incluso la autoría de los hechos. Es por ello que en Aragón el número de casos de condena por envenenamiento de fauna silvestre es muy reducido.  La aprobación y ejecución del Plan de Acción contra el uso ilegal del veneno en el medio natural en Aragón ha supuesto un significativo impulso de medidas dirigidas a la prevención y erradicación de esta lesiva práctica.

Esta situación hace especialmente valorable la resolución de este caso, en el que la colaboración entre todos los actores implicados debe servir de ejemplo para tratar de continuar en la lucha contra una práctica ilegal que provoca un buen número de pérdidas entre algunas de las especies de fauna más señaladas del patrimonio natural aragonés.

Plan de Recuperación del águila perdicera.

Hace un año el Gobierno de Aragón aprobó mediante el Decreto 326/2001, de 27 de septiembre, el Plan de Recuperación del Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en Aragón, una herramienta legal que es fundamental para tratar de garantizar la supervivencia de las últimas parejas reproductoras de este ave rapaz que durante las últimas décadas está sufriendo un generalizado retroceso poblacional en toda España.

En estos últimos doce meses el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Conservación del Medio Natural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ha reforzado aún más los trabajos que desde hace mucho tiempo se llevan a cabo para la conservación de esta especie animal silvestre catalogada como “En peligro de extinción”, dada la presencia en nuestra comunidad autónoma de tan sólo 26 parejas reproductoras.

Dentro del marco del Plan de Recuperación del Águila-azor perdicera, el Gobierno de Aragón trata de actuar con especial interés para revertir la grave situación que atraviesa esta especie prioritaria, adoptando medidas de conservación como son la corrección de tendidos eléctricos peligrosos en áreas de cría, distribución y expansión, incrementando la vigilancia para evitar el uso de venenos o de prácticas ilegales de caza, colaborando con algunos cotos cinegéticos para potenciar la disponibilidad de especies-presa como el conejo… o realizando análisis veterinarios en puestas fracasadas frente la posible existencia de agentes contaminantes dentro de la estructura biológica de los huevos.

A todo ello se añade un completo programa de seguimiento e investigación científica de la especie, que por décimo sexto año consecutivo se está llevando a cabo en todas las áreas de reproducción, marcando ejemplares adultos con emisores satélites o anillando pollos en nido –ya van 150 en total en Aragón-, actuaciones de control que, tras la reciente muerte de un ejemplar de Calanda y otro en Estadilla, ambas en este año 2012, han vuelto a poner de manifiesto que el águila-azor perdicera sufre a lo largo de este lustro un continuado descenso poblacional, especialmente notable en las parejas de la provincia de Zaragoza.