El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba el Plan Económico Financiero de Reequilibrio planteado por el Gobierno de Aragón

El Consejo de Política Fiscal y Financiera que esta tarde se ha celebrado en Madrid bajo la presidencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha dado el visto bueno al Plan Económico Financiero de Reequilibrio que el Gobierno de Aragón ha planteado con el objetivo de asumir un esfuerzo de consolidación y austeridad del gasto que contribuya a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo, así como el objetivo de alcanzar un déficit público del 1,1% del PIB en 2013. En la actualidad, Aragón acumula un deuda del 5,7%, frente al 8,2% de la media nacional y muy por debajo de comunidades como Valencia (14,1%), Castilla La Mancha (11,6%) y Cataluña (11,5%). El compromiso del Gobierno de Aragón con la sostenibilidad de las finanzas públicas es notorio y prueba de ello es el hecho de que, hasta la última liquidación presupuestaria definitiva, la correspondiente a 2008, la Comunidad Autónoma no ha incumplido la normativa de estabilidad presupuestaria vigente. La estrategia para combatir la grave crisis económica y financiera, con fuertes estímulos fiscales desde todos los niveles de gobierno, ha sido, junto al desplome de los ingresos, responsable del desequilibrio actual de las cuentas públicas. Así lo ha manifestado esta tarde el consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón ante el resto de representantes económicos de las comunidades autónomas y administración central. En su opinión, ¿los efectos positivos de estas políticas han sido visibles a nivel global y también en España. A pesar de la necesidad de una estrategia de reequilibrio importantes organismos internacionales advierten contra una excesiva rapidez en la retirada de estímulos. La recuperación todavía descansa en gran medida en los estímulos públicos. Si bien en España ya no es momento de incrementarlos, el Gobierno de Aragón considera que su ajuste debería realizarse de forma gradual, de manera que no descanse el grueso de este año, con presupuestos ya aprobados (en el caso de Aragón con dichos ajustes ya incluidos) y todavía débil crecimiento de la economía¿. Alberto Larraz, ante la difícil situación que todavía atraviesa la economía española, ha asegurado que, pese a que considera lógico el ajuste que solicita el Ministerio y manifiesta el compromiso del Gobierno de Aragón de lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2013, ha insistido en la mejor posición de la economía aragonesa y en el hecho de que Aragón ha adoptado ya en el presupuesto de 2010 la mayor parte de las medidas de ajuste que se incluyen en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio aprobado hoy por el Consejo. En concreto, se han incorporado una serie de medidas en materia de gasto corriente (personal, transferencias corrientes, gasto corriente, además de la priorización de inversiones). Los recortes pactados, sin embargo, no afectarán, en ningún caso, a las políticas de carácter social que financia la Comunidad Autónoma ni a los incentivos establecidos para impulsar el empleo y favorecer la atracción y mantenimiento de las empresas.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera que esta tarde se ha celebrado en Madrid bajo la presidencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha dado el visto bueno al Plan Económico Financiero de Reequilibrio que el Gobierno de Aragón ha planteado con el objetivo de asumir un esfuerzo de consolidación y austeridad del gasto que contribuya a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo, así como el objetivo de alcanzar un déficit público del 1,1% del PIB en 2013. En la actualidad, Aragón acumula un deuda del 5,7%, frente al 8,2% de la media nacional y muy por debajo de comunidades como Valencia (14,1%), Castilla La Mancha (11,6%) y Cataluña (11,5%).

El compromiso del Gobierno de Aragón con la sostenibilidad de las finanzas públicas es notorio y prueba de ello es el hecho de que, hasta la última liquidación presupuestaria definitiva, la correspondiente a 2008, la Comunidad Autónoma no ha incumplido la normativa de estabilidad presupuestaria vigente.

La estrategia para combatir la grave crisis económica y financiera, con fuertes estímulos fiscales desde todos los niveles de gobierno, ha sido, junto al desplome de los ingresos, responsable del desequilibrio actual de las cuentas públicas. Así lo ha manifestado esta tarde el consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón ante el resto de representantes económicos de las comunidades autónomas y administración central. En su opinión, ¿los efectos positivos de estas políticas han sido visibles a nivel global y también en España. A pesar de la necesidad de una estrategia de reequilibrio importantes organismos internacionales advierten contra una excesiva rapidez en la retirada de estímulos. La recuperación todavía descansa en gran medida en los estímulos públicos. Si bien en España ya no es momento de incrementarlos, el Gobierno de Aragón considera que su ajuste debería realizarse de forma gradual, de manera que no descanse el grueso de este año, con presupuestos ya aprobados (en el caso de Aragón con dichos ajustes ya incluidos) y todavía débil crecimiento de la economía¿.

Alberto Larraz, ante la difícil situación que todavía atraviesa la economía española, ha asegurado que, pese a que considera lógico el ajuste que solicita el Ministerio y manifiesta el compromiso del Gobierno de Aragón de lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2013, ha insistido en la mejor posición de la economía aragonesa y en el hecho de que Aragón ha adoptado ya en el presupuesto de 2010 la mayor parte de las medidas de ajuste que se incluyen en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio aprobado hoy por el Consejo. En concreto, se han incorporado una serie de medidas en materia de gasto corriente (personal, transferencias corrientes, gasto corriente, además de la priorización de inversiones). Los recortes pactados, sin embargo, no afectarán, en ningún caso, a las políticas de carácter social que financia la Comunidad Autónoma ni a los incentivos establecidos para impulsar el empleo y favorecer la atracción y mantenimiento de las empresas.