"Las diputaciones no pueden sustituir al mercado"

“La Administración no le sacará las castañas del fuego al sector”, ha afirmado el economista agrario Tomás García Azcárate en referencia a la reciente crisis de la fruta de hueso. “Han pasado los tiempos de mirar a las diputaciones, ahora hay que mirar al mercado”, ha añadido para defender su apuesta por lo que ha denominado “factor humano” y que se traduce, entre otras cosas, en la opción que el sector de la fruta debe tomar para ordenar la oferta por sí mismo.

Para este experto en política agraria y en organizaciones de productores, se puede hacer mucho en este terreno de ordenación de la oferta salvando de las normas de competencia, que son la línea roja que no se puede traspasar. “Hay muchos instrumentos disponibles, pero falta una voluntad clara en el sector de sentarse a discutir y pensar en el futuro”, ha concluido.

Su intervención ha tenido lugar en la mesa redonda que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha organizado dentro de las jornadas de análisis del sector de la fruta dulce y que han tenido su primera sesión en Alcañiz. La siguiente es el miércoles 4 en La Almunia.

En términos parecidos se ha expresado José Antonio García, director de Ailimpo (Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo), quien ha explicado el funcionamiento de una interprofesional que centra sus esfuerzos en la ordenación de la oferta y que ya empieza a ser conocida como “el caso de éxito del limón”.

García ha indicado que una interprofesional no es la solución, pero es una herramienta útil con muchas funciones. “Hemos conseguido meter en la cabeza de los clientes que un kilo de limón no puede comprarse en almacén por debajo de un euro, ese es el patrimonio más importante que tenemos”, ha comentado.

El reto no es fácil y la carrera ha sido larga, según su relato, pero los integrantes de la asociación han tenido claro que “para hacerse respetar en el mercado hay que gestionar la oferta”. Aunque otras interprofesionales se centran en la promoción de sus productos, García indica que ellos han renunciado a influir en la demanda, pero no en la oferta.

De acuerdo con este experto, todo debe partir de un examen autocrítico dentro del sector, que debe dejar de culpar a enemigos externos, porque el principal está dentro. “La época de sacar tractores y quemar neumáticos ha pasado”, opina, para añadir que precisamente cuando no tienen competencia internacional es cuando más bajos están los precios.

En este aspecto coincide con Azcárate, que, con respecto a la crisis, mantiene que “la hemos provocado los españoles solos, sin ayuda de nadie”. No ha habido importaciones dañinas y la culpa ya no es de los rusos: “hemos tenido un exceso de oferta frente a la demanda y a partir de ahí han salido una serie de falsos culpables y falsas soluciones”.

Y entre estas falsas soluciones se encuentran la retirada, que ha comparado con una aspirina que quita el dolor pero no soluciona el problema, y el arranque de plantaciones. Estas medidas, en todo caso, pueden ser contempladas, según ha dicho, en un marco global en torno a la ordenación de la oferta.

Lo que se haga, de todos modos, ha de nacer del sector, no de la Administración, según ha precisado José Antonio García, para quien es fundamental que exista en este “una conciencia colectiva de que lo necesario es buscar el beneficio y el equilibrio de toda la cadena”.

Plan de inspecciones

El tercer participante en la mesa ha sido José Miguel Herrero, quien ha anunciado que la AICA (Agencia de Información y Control Agroalimentarios) va a lanzar un plan específico de vigilancia de los contratos y los plazos de pago en el sector de la fruta de hueso que tendrá una especial incidencia en Aragón, donde “según se cuenta, se ha entregado mucha fruta sin contrato”.

Perseguir esta práctica prohibida es una de las funciones de la agencia y su consejo asesor, en el que están representados los productores, fue el que pidió este plan en el que ahora se trabaja.

Herrero ha lamentado que el miedo de la parte más débil de la cadena alimentaria haga que esta no se atreva a presentar denuncias, lo que dificulta el trabajo, pero ha indicado, no obstante, que la AICA también actúa de oficio “cuanto tiene indicios de que alguien está vulnerando la ley de la cadena alimentaria”.

El plan de vigilancia contempla visitas a entidades comercializadoras y a productores y quienes hayan recogido fruta sin contrato serán sancionados. En este punto, el director de la AICA, indica que las sanciones nunca son para los productores salvo que se nieguen a colaborar, ya que la ley interpreta que ellos son el eslabón débil de la cadena y únicamente sanciona al fuerte.

“Nuestro objetivo es que las transacciones se hagan de una manera leal, transparente y equilibrada”, afirma Herrero, quien en todo caso es consciente que pasar del trato al contrato no se hace de un día para otro: “es un cambio cultural que necesita hacerse tranquila pero firmemente”. La transición, eso sí, hay que compaginarla con una actuación inmediata cuando es preciso.

Un compromiso del Gobierno de Aragón

Las jornadas han sido abiertas por el director general de Producción Agraria, José María Salamero, quien ha explicado que responden a un compromiso del consejero de Desarrollo Rural para ayudar al sector a diagnosticar el problema y elaborar un plan de acción.

Salamero ha recordado que una vez surgida la crisis, “durante todo el verano el contacto del departamento con el sector y con el ministerio ha sido continuo” y que gracias a esa coordinación la Comisión Europea admitió una ampliación del cupo de retirada de fruta de casi 20 000 toneladas.

En cualquier caso, ha afirmado que el problema es estructural y que desde este punto de vista hay que analizarlo. “Las jornadas son el inicio de este trabajo y es imprescindible que participe todo el sector en sus debates”, ha requerido.