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Domingo, 24 de noviembre de 2024

Industria

El Gobierno de Aragón acude al Contencioso contra la explotación de la mina de Borobia

Esta decisión se toma después de que la Junta de Castilla y León haya desestimado el requerimiento previo formulado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

El Gobierno de Aragón ha decidido emprender acciones judiciales frente a la Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, que desestima el requerimiento previo formulado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón en contra de la explotación de una mina de magnesita en la localidad soriana de Borobia, al sur del Parque Natural del Moncayo.   Una última vía, la judicial, a la que recurre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, después de emprender numerosas acciones, tanto con argumentos técnicos y ambientales como de procedimiento, en contra de la puesta en marcha de este proyecto, dada la repercusión medioambiental negativa que pueda comportar en los acuíferos que dan nacimiento a cuatro ríos de la margen izquierda del Jalón (Manubles, Ribota, Aranda e Isuela). Todos ellos ríos que discurren por Aragón.   Concretamente, la oposición a la explotación de esta mina en Borobia se basa, entre otros argumentos, en que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), formulada en julio de 2010, no tiene en cuenta las posibles afecciones ambientales en Aragón. La pretensión del Gobierno de Aragón es que se efectúe una evaluación ambiental completa, es decir, que contemple también las afecciones en la Comunidad Autónoma de Aragón y su restauración.   Desde 2005 el Gobierno de Aragón se ha interesado y preocupado por el Proyecto que se estaba tramitando en la Junta de Castilla y León. También ha habido diversas iniciativas y proposiciones formuladas por las Cortes de Aragón que instan a mantener y formular la oposición al proyecto por sus notables afecciones en Aragón.

Por todo ello, desde el Ejecutivo Autonómico consideran razonable iniciar la puesta en marcha de las acciones judiciales pertinentes de orden contencioso administrativo para no permitir la explotación de la mina de Borobia, autorizada por  la Junta de Castilla y León.