Olona aboga por que las medidas de prevención del riesgo de inundaciones se contemplen en los Presupuestos Generales del Estado

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha presentado el documento “Medidas urgentes para reducir los riesgos por inundación en el tramo aragonés de la ribera del Ebro” a la Comisión de municipios afectados por el río Ebro, que ha tenido lugar en la sede de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

El Gobierno de Aragón, haciéndose eco de las demandas de los ayuntamientos de los municipios afectados por las avenidas del Ebro, así como del sentir mayoritario de la población ribereña, ha elaborado este documento que desarrolla las medidas para prevenir y reducir el riesgo de inundación, basado en los objetivos que ya el Presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, trasladó al Gobierno de España y que cifraba en 80 millones.

Olona ha instado al Gobierno central a que las medidas de prevención se incorporen en los Presupuestos Generales del Estado. “La prevención exige actuar cuando no hay riadas”, ha señalado el consejero, quien ha recordado que “no por ello se quiere eludir la responsabilidad del Gobierno de Aragón”, que actúa en el ámbito de sus competencias y para paliar los efectos de las últimas riadas destinó 12,4 millones de euros para abordar los daños en producciones e infraestructuras agrarias. Al mismo tiempo, que ha puesto en marcha actuaciones de limpieza forestales en montes de utilidad pública, empezando por Pradilla y que se extenderá a otras localidades como Sobradiel.

A las medidas como el retranqueo, adecuación o eliminación de motas, la apertura de cauces de alivio, la creación de zonas de inundación controlada, así como la adaptación de los usos e infraestructuras agrarias; deben sumarse operaciones de limpieza del dominio público hidráulico, entendiendo por ello las operaciones de acondicionamiento, restauración y mantenimiento hidráulico y forestal.

En este sentido, el consejero ha señalado que para poder llevar a cabo estas medidas es “imprescindible ampliar el espacio público del río, para que sea realista la idea de dar espacio al río”. Por ello, Olona cree necesario aumentar la superficie de suelo público que en estos momentos es muy escasa, mediante la “compra de tierras en un proceso de oferta voluntaria de tierras de particulares para incorporarlas al patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y actuar mediante procesos de concentración parcelaria y actuaciones complementarias.”

Los elevados costes públicos, asociados a las indemnizaciones y restitución de infraestructuras, y privados, asociados a las pérdidas productivas y de bienestar, que se derivan de la elevada recurrencia de las avenidas del Ebro, justifican un incremento en el nivel de inversión en medidas de prevención y reducción del riesgo.

El ámbito geográfico de las actuaciones comprende el tramo medio de la ribera aragonesa del río Ebro con mayor afección e incidencia de riesgo de inundación, tramo comprendido entre los municipios de Novillas y Caspe, ambos incluidos y que abarca 32 términos municipales, con una población total de 731.000 habitantes que, excluida la ciudad de Zaragoza, incluye 64.400 habitantes.

El Gobierno de Aragón tiene el empeño de mejorar la cooperación y coordinación interadministrativas y con ese objetivo, desde el mismo inicio de la legislatura, ha venido impulsando reuniones periódicas de representantes de las tres administraciones públicas territoriales, en el nivel local (Ayuntamientos y Diputación Provincial de Zaragoza), autonómico (Gobierno de Aragón) y estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), lo que ha facilitado la interlocución entre los alcaldes y responsables del Gobierno de Aragón y de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el tratamiento de todas las cuestiones relacionadas con la gestión de la inundación.