Olona consigue en el Consejo Consultivo el apoyo casi unánime por parte de todas las CC.AA. para eliminar, por fin, los derechos históricos de la PAC

El consejero de Desarrollo Rural Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha participado este lunes en el Consejo Consultivo Extraordinario de Política Agrícola para debatir sobre la reforma de la PAC. Una vez más, el consejero ha insistido en la necesidad de suprimir el sistema de derechos como condición indispensable para abordar una reforma en profundidad de la PAC. “La eliminación de los derechos es un elemento clave para facilitar la entrada de jóvenes agricultores al sector. Y esta eliminación tiene que abordar desde los históricos o actuales, hasta lo que se puedan plantear como nuevos derechos en base a otro periodo temporal de referencia más actualizado”, ha insistido. En este sentido, y por vez primera, la posición aragonesa respaldada por las Cortes de Aragón ha conseguido un apoyo muy amplio, lo que el consejero ha calificado como una “excelente noticia” porque ha dejado de sentirse “diferente”.

Además, Olona ha valorado muy positivamente el trabajo de los últimos meses y el acuerdo en dos cuestiones relevantes. La primera: poner en marcha de forma urgente la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC sin esperar a que se terminen de aprobar los reglamentos comunitarios y con el propósito de llevar la iniciativa a escala europea. “Esta es una posición que desde Aragón manteníamos desde los iniciados para influir y tomar iniciativa”, ha recordado Olona. La segunda cuestión es el acuerdo unánime sobre la necesidad de establecer límites en los pagos, capping, o de poner en primer término la rentabilidad de las explotaciones. “Por lo que se ha decidido que el Plan Estratégico empiece por poner énfasis en los jóvenes y en la rentabilidad”, ha explicado.

El medio rural necesita armas para luchar contra el cáncer de la despoblación, al mismo tiempo que la agricultura precisa de un importante relevo generacional. Por ello, el consejero se ha centrado en la reforma de una PAC que ponga a los jóvenes como prioridad. Así, ha defendido la necesidad de una ayuda complementaria a la renta que priorice en favor de quienes, aún con los pagos directos percibidos, no alcancen la renta de referencia nacional corregida en función de las características del beneficiario. “El apoyo al relevo generacional debe establecerse especialmente en el primer pilar de la PAC, modificando el actual modelo de pagos en base a derechos históricos que da lugar a una discriminación injustificable de todo aquel que se incorpore a la actividad agraria o incremente su explotación”, ha declarado Olona.

Otro punto clave para el desarrollo de las zonas deprimidas o la fijación de población y en el que consejero ha hecho hincapié es la creación de regadío. En este sentido, Olona ha recordado que, durante esta legislatura, en Aragón se ha apostado y ha avanzado mucho en esta dirección a través de las medidas existentes en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, “y el potencial que ofrece el segundo pilar es muy importante, si bien es necesario una política específica nacional para el desarrollo de las grandes infraestructuras que exige el acceso a la sociedad de la información en todo el territorio rural”.

Sobre la necesidad de priorizar la equiparación de las rentas de los agricultores con los activos del resto de la economía, Olona ha dicho que “es necesario el apoyo específico y diferencial a la explotación familiar como base real del mantenimiento demográfico del nuestro medio rural, frente al riesgo creciente de una agricultura tendente hacia empresas o corporaciones gestoras de la tierra y de la producción primaria. Para ello, el consejero considera ineludible analizar la estructura de los beneficiarios actuales de la PAC atendiendo a 4 factores:

Los pagos directos en favor del “agricultor genuino”

En cuanto a la reforma de los pagos directos, Olona ha defendido la necesidad de definir al “agricultor genuino” como aquel que, asumiendo los riesgos propios de la actividad agraria, tiene una elevada dependencia económica de dicha actividad en términos de ingresos por ventas en relación con los ingresos totales. Todo ello, contemplando la pluriactividad siempre y cuando se justifique la vinculación a un régimen de la Seguridad Social y fiscal coherentes con la actividad en el marco de la explotación familiar agraria. En este sentido, el consejero también ha insistido en la obligación de definir “agricultor a título principal y profesional” en la vigente Ley de Modernización de Explotaciones, adaptando la terminología EUROSTAT.

En relación con lo anterior, Olona hecho hincapié en que todas estas medidas necesitan de una mayor atención hacia los instrumentos fiscales y de seguridad social a nivel del Estado que determinen, de una forma más precisa y coherente, quiénes y en qué condiciones pueden desempeñar la actividad económica agraria las personas físicas o jurídicas. “Asimismo, también debería propiciarse el desarrollo de Registros Oficiales de Agricultores y Ganaderos en los que se caracterice formalmente su perfil económico: ingresos, renta, dimensión socio laboral y ambiental…”, ha añadido.

El consejero también ha puesto sobre la mesa la de idea de articular alguna fórmula complementaria al pago por hectárea, aplicable en el pago redistributivo y/o en el de jóvenes, que asegure la compensación de las rentas agrícolas más bajas de los agricultores genuinos atendiendo a criterios estrictos de renta. “Por otra parte, la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la Sostenibilidad debería aplicarse en función de la renta y características del beneficiario. En particular, se propone compensar el déficit de quienes presentan una renta agraria procedente del mercado que, sumada a los pagos directos percibidos, no alcance la renta de referencia nacional corregida en función del grado de dependencia de la actividad agraria en términos de ingresos por ventas, de la dimensión económica de la explotación y de la contribución ambiental”, ha explicado. “En cualquier caso, para incrementar el importe de limitación de las ayudas debería exigirse justificación de contratos laborales y/o de pertenencia a un régimen de seguridad social compatible con la actividad agraria”, ha añadido.