Olona denuncia la instrumentalización de los últimos incendios aun siendo intencionados

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha confirmado que los últimos incendios acaecidos en Aragón han sido provocados e intencionados. Eso es lo que se deduce de las investigaciones llevadas a cabo por Agentes para la Protección de la Naturaleza una vez que han localizado los puntos de origen de los fuegos y han comprobado que se corresponden con lugares sin actividad agrícola o ganadera, que no existen tendidos eléctricos, que no están asociados a actividades, usos o  circunstancias de las que pudieran derivarse accidentes o negligencias y que tampoco han concurrido causas naturales puesto que no se han producido tormentas en esos días.

Es llamativo que en los primeros l0 días de este mes de diciembre se hayan producido 9 incendios con más de 200 hectáreas quemadas cuando el promedio de los últimos años es de 8 incendios para todo el mes, con superficies quemadas insignificantes. La situación de sequía en absoluto justifica por sí misma este aumento dadas las condiciones de humedad, temperatura, altitud, orografía y características específicas de las zonas incendiadas y de los incendios producidos, en particular los horarios en los que se han desarrollado.

Para el consejero “estamos ante un hecho gravísimo que ha llevado al Ejecutivo aragonés a extremar la vigilancia, tanto directamente, a través de los técnicos del Departamento de Desarrollo Rural, como a través de la colaboración con la Guardia Civil competentes en nuestra Comunidad”. Todo ello con el propósito reforzar las labores de investigación que “permitan identificar cuanto antes a los responsables para ponerlos a disposición de la justicia, así como para luchar contra estas acciones delictivas que atentan contra el medio ambiente y ponen en peligro la seguridad de las personas y sus bienes”.

Olona ha recordado que provocar incendios forestales de forma intencionada es un delito tipificado en el código penal (Capítulo II, sección 2, artículos 352 a 354) con penas de prisión de 1 a 5 años y que pueden ser de 10 a 20 años cuando hay peligro para las personas. Se consideran agravantes que el incendio se produzca cerca de lugares habitados o los ponga en riesgo, que afecte a espacios o recursos naturales, que haya un beneficio económico o que se produzca en momentos de prealerta por riesgo de incendios.

Asimismo, Olona ha desmentido rotundamente el desmantelamiento del operativo forestal. “Nunca antes ha habido tantos medios como ahora mismo”. El operativo forestal a día de hoy está compuesto por 962 personas, de las cuales 544 están contratadas por la empresa pública Sarga y 418 corresponden a los medios propios del Gobierno de Aragón entre los que se encuentran técnicos, APNS y conductores. No sólo no se ha desmantelado el operativo forestal sino que la realidad es que en este mes de diciembre hay 485 personas más de las que hubo el año pasado.

Igualmente, el consejero Olona ha asegurado "que todos los trabajadores de Sarga pueden ser movilizados para un incendio si se considera necesario puesto que quienes ahora mismo desarrollan trabajos selvícolas no han cambiado su categoría profesional". Asimismo, ha precisado que basta una declaración de excepcionalidad para ordenar a Sarga la movilización del   personal necesario, con independencia de la adscripción actual, en el horario y días que sean precisos, anulando o retrasando días de libranza y vacaciones y tomando en general cuantas disposiciones considere oportunas el Departamento siempre y cuando resulte necesario para garantizar la operatividad de dichos medios en función de las necesidades y más si estas, como ahora ocurre por las circunstancias expresadas, responden a condiciones extraordinarias.

El consejero ha insistido en que el Gobierno de Aragón, a través de Sarga, gestiona los medios que integran el Operativo forestal “atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia y seguridad habilitando en cada momento las soluciones técnicamente más apropiadas y atendiendo siempre al interés general, no al de los intereses de ningún colectivo profesional en particular”.

En cualquier caso, “contamos y debemos seguir contando con medios aéreos y especializados del MAPAMA, de las comunidades autónomas vecinas y del ejército (UME) conforme a los convenios establecidos. Se trata de medios públicos altamente especializados al servicio del interés público. Los hemos usado y lo seguiremos haciendo siempre que haga falta, de la misma forma que otras comunidades pueden contar con los nuestros”.

Asimismo, como Gobierno “estamos obligados a hacer un uso racional, eficaz y eficiente del gasto público, que debe estar siempre justificado, no resultar desproporcionado, ni atender a intereses distintos del general y público. Mantener el dispositivo de extinción del verano durante todo el año carece de justificación técnica y supondría sobrecostes inadmisibles”. No obstante, para 2017 se incrementó el presupuesto en 3,7 millones de euros, hasta llegar a los 26,3 millones de euros que se han invertido en total en la prevención y extinción de incendios

Debe saberse, por ejemplo, que un helicóptero como el de Teruel o el de Ejea cuesta 5.000 €/día lo que hace que su uso deba ajustarse a lo estrictamente necesario, que las Comunidades colaboremos unas con otras en el uso de tales medios y que todas hagamos uso de los medios aéreos que pone a nuestra disposición el MAPAMA.

Respecto de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de Sarga el consejero Olona ha señalado "que no han hecho más que mejorar a lo largo de esta legislatura" recordando que el presupuesto destinado por el Departamento al operativo forestal de Sarga ha aumentado un 50% con respecto al de 2015 lo que ha permitido ampliar el tiempo de trabajo, adaptar la cotización a la Seguridad Social a las exigencias históricamente reivindicadas y mejorar las retribuciones, que se sitúan entre 1.629 € y 1.960 € brutos mensuales.

Finalmente, el consejero ha lamentado que haya agentes sociales y políticos que traten de aprovechar estos incendios provocados e intencionados en beneficio de intereses particulares que no tienen nada que ver con el interés general ni con la defensa del monte ni del medio ambiente.