La propuesta de reforma de la Política Agraria Comunitaria realizada por Aragón se llevará a un grupo de trabajo que las comunidades autónomas crearán próximamente para reflexionar sobre el actual sistema de ayudas

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha defendido en la Conferencia Sectorial de Agricultura la propuesta de reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) realizada por su departamento en febrero pasado y que promueve una PAC “más justa y eficaz”.

Esta propuesta se trasladará a un grupo de trabajo que las comunidades autónomas crearán próximamente con el fin de promover el debate y la reflexión en torno al actual sistema de ayudas a la agricultura.

“Tenemos que conseguir un programa de ayudas a los agricultores y ganaderos que no discrimine a ninguno por la orientación de su actividad o por el territorio en que se encuentre”, ha manifestado el consejero a la salida de la reunión.

En la conferencia se ha debatido una propuesta de la Junta de Andalucía para cambiar las ayudas asociadas. En este sentido, Olona ha asegurado “valorar muy positivamente que una comunidad como Andalucía se sume a la petición que ya hicimos nosotros en su día a la ministra de que se aborde una reforma de la PAC”, pero Aragón no comparte el tipo de cambio parcial que propugnaba Andalucía porque, “tal y como se ha puesto de manifiesto, viene a crear dificultades entre sectores y entre territorios”.

El titular de Desarrollo Rural ha añadido que confía en que el grupo de trabajo que se cree sirva para que España pueda articular una posición proclive a una reforma sustancial de la PAC “que debe provenir de una reflexión pausada”.

La propuesta aragonesa. El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón mantiene que las ayudas basadas en los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva (estratos) tienen que ser sustituidas por una compensación de la renta de los agricultores en función del ejercicio real de la actividad agraria que realicen y de su renta personal agraria declarada en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Para fijar esta nueva forma de compensación se plantea establecer una renta agraria de referencia, de tal manera que los profesionales del campo que no la alcancen vean incrementados sus ingresos mediante ayudas públicas hasta completarla.

La proposición incluye a todos los agricultores y ganaderos independientemente de su orientación productiva y dimensión  y se modula mediante algunos factores correctores: grado de profesionalidad agraria, dimensión económica de la explotación y eficiencia productiva de la misma. El pago estará condicionado al cumplimiento de buenas prácticas agronómicas que deben definirse y a las que se pueden sumar determinadas exigencias de carácter ambiental o social.

Todo esto supone una modificación sustancial del enfoque del primer pilar de la PAC (ayudas directas a los agricultores y ganaderos), mientras que se mantiene la orientación actual del segundo pilar (desarrollo rural), del que se reforzaría su papel como impulsor de la mejora de las estructuras agrarias.

Del mismo modo, la propuesta mantiene el mismo nivel de asignación financiera para Estados y comunidades autónomas, aunque modifica, evidentemente, la distribución de esta entre los beneficiarios finales.

El planteamiento del Gobierno de Aragón tiene como objetivo principal terminar con la falta de equidad de la PAC actual y con los elementos que la convierten en una política ineficaz.

La compensación directa de las rentas mediante la fórmula planteada permitiría:

-          Incluir a todos los agricultores y ganaderos como beneficiarios de las ayudas.

-          Orientar las subvenciones a los segmentos de beneficiarios más dependientes de la actividad agraria y más implicados en su desarrollo.

-          Equiparar a todos los perceptores en derechos, acabando con desigualdades personales, territoriales, de orientación productiva o cualesquiera otras.

-          Primar la buena gestión de las explotaciones.

-          Mantener la capacidad financiera de Estados y comunidades autónomas.

-          Introducir exigencias medioambientales o sociales con criterio y viabilidad agronómicos.

-          Legitimar la política agraria por el valor intrínseco de la actividad agraria.

-          Transformar la PAC de presupuesto sin política a política con presupuesto.

-          Eliminar el exceso actual de burocracia.