Trabajos de emergencia para paliar y reparar los daños causados por la avenida extraordinaria del Ebro por 62.717,8 €

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha puesto en conocimiento del Consejo de Gobierno los contratos realizados mediante trámite de emergencia para paliar y reparar los daños causados por la avenida extraordinaria del Río Ebro en diciembre de 2021 y que ascienden a 62.717,8 euros (IVA incluido).

Las zonas declaradas como inundables en el plan de protección de la ribera del Ebro son zonas agrícolas, con numerosas explotaciones agrarias y ganaderas que se han visto afectadas, a las que hay que sumar los daños en las infraestructuras viarias y de riego. Los daños se extienden a lo largo de la ribera del Ebro a su paso por la provincia de Zaragoza, afectando en mayor o menor medida a todos los municipios. Las actuaciones más relevantes son las llevadas a cabo en Novillas, Gallur, Remolinos, El Burgo de Ebro, Quinto y Gelsa. Para su ejecución ha sido necesaria la contratación de varias empresas que han suministrado varios dumpers, camiones bañera, motoniveladoras o áridos, entre otras cosas. Asimismo, también ha sido necesario el apoyo técnico de SARGA.

Con el fin de proteger a personas y bienes, durante estos días ha sido imprescindible tomar medidas inmediatas para reducir en la medida de lo posible las afecciones, o en su caso, favorecer el restablecimiento de la normalidad y la reparación de los daños producidos en las zonas afectadas, a través de la ejecución de actuaciones de emergencia competencia del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Todo ello, en coordinación con el dispositivo de emergencias implantado por el Gobierno de Aragón a través del 112 y Protección Civil.

Para reparar los daños causados, se ha procedido a ordenar la ejecución de los servicios, mediante trámite de emergencia, de las actuaciones necesarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que permite la utilización de dicha tramitación cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimiento catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidad que afecten a la defensa nacional.