Aragón reafirma su corresponsabilidad ante la crisis migratoria y dará las respuestas que no ofrece el Gobierno de España

Aragón ha aceptado este miércoles la acogida de 20 menores no acompañados de los 347 que recoge el acuerdo planteado a las Comunidades Autónomas. Ha sido en la reunión del pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que ha tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife por la tarde y en la que ha participado a través de videoconferencia la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín.

Para asumir la acogida de estos 20 menores migrantes no acompañados, Aragón recibirá una financiación de 1.068.375,89 euros del global de 20 millones acordado para todas las CCAA, a excepción de País Vasco y Navarra, tal y como establece el mecanismo que rige el Plan de Respuesta pactado con las Comunidades Autónomas en 2022 ante la crisis migratoria cuyos efectos padecen Ceuta y las islas Canarias.

En esta reunión Susín ha reiterado que la atención a los menores migrantes “no es sólo una cuestión de solidaridad, sino de corresponsabilidad” ante un asunto de Estado que adolece de “una falta de planificación manifiesta por parte del Gobierno central”, mientras las CCAA están siendo quienes están ofreciendo respuestas a la altura de las circunstancias. 

“Si seguimos tensionando el sistema de protección de menores y poniendo a prueba la capacidad de acogida, lo que cabe preguntarse es qué trabajo está haciendo el Gobierno de España en origen para evitar que estos menores se jueguen la vida en una patera”, ha aseverado.

La Consejera ha recordado que los recursos para la protección de menores en la Comunidad están tensionados: con la llegada de los 20 menores del acuerdo suscrito hoy, Aragón ya estará prácticamente al 150% de su capacidad. En la actualidad hay 309 menores bajo la tutela del Gobierno de Aragón en acogimiento residencial, de los cuales 134 son menores migrantes no acompañados y las plazas con las que cuenta el sistema para atenderlos son 104. 

Para contabilizar esta cifra total de 309 menores, se incluye a los 24 menores que corresponden a Aragón en el reparto acordado con las CCAA para 2023; los 8 que aún no han llegado lo harán antes de final de mes y su plaza está reservada: “Si no están ya en tierras aragonesas ha sido debido a la incapacidad de Canarias para ejecutar los traslados”, ha afirmado la Consejera.

Hasta hoy, ha insistido Susín, el Gobierno de Aragón ha sido “sumamente respetuoso y cauto” con todos los asuntos relacionados con la actual crisis migratoria por tratarse de “un tema tan delicado como el de la tutela de personas menores y también por solidaridad con la Comunidad Autónoma de Canarias, que está totalmente desbordada ante esta crisis migratoria”.

Ante lo que la Consejera del Gobierno autonómico ha definido como “la lamentable utilización política de la personas migrantes, las mentiras y el ataque indiscriminado de los Ministros del Gobierno de España” –ha aseverado– “tenemos que denunciar que si los menores que las CCAA nos hemos comprometido a acoger desde el año 2022 no han llegado a la mayoría de ellas ha sido por la incapacidad de los servicios de menores de Canarias", unos servicios que el Gobierno de España "no ha reforzado" para agilizar esos traslados y desahogar así la situación que están viviendo en territorio canario.

Hasta ahora, tal y como ha remarcado la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia, Aragón ha estado acogiendo “a todos los menores migrantes que han entrado en la Comunidad, tanto los que nos ha correspondido por reparto como los que han llegado camuflados entre los adultos y los que llegan por otras vías”. Para atenderlos “con garantías y con dignidad” durante todo el tiempo que estos niños pasan dentro del sistema –algunos hasta 6 años, puesto que se les acompaña en todo el proceso hasta la emancipación y éste se puede prolongar hasta los 23 años– se necesita una financiación suficiente y sostenida, ya que los fondos que acompañan el reparto acordado este miércoles sólo cubren el primer año de permanencia en el sistema de protección de menores. “Es necesaria esa financiación no sólo para ese primer momento de acogida, sino para todo el proceso de acompañamiento hasta la transición a la vida adulta de estos menores”, ha defendido Susín.

“La inmigración es un asunto de Estado y por lo tanto requiere una respuesta de Estado que se acometa con planificación, coordinación y recursos suficientes”, ha afirmado la Consejera: “La situación de los menores no acompañados no puede disociarse de la política migratoria en su conjunto, por lo que, garantizada la solidaridad de las CCAA, la pregunta que hemos reiterado una y otra vez y sigue sin respuesta es qué está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez para trabajar en origen y evitar que miles de personas se jueguen la vida a diario en el mar”.

“No podemos admitir el ataque en bloque y las mentiras de un Ejecutivo irresponsable que no sabe qué hacer para atajar esta crisis migratoria y como única respuesta orquesta un ataque indiscriminado hacia las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular”, ha deplorado Susín. “Nada dice el Gobierno de España de que Cataluña no quiera participar en el reparto, y tampoco dijo nada en 2022 cuando Castilla la Mancha y otras CCAA socialistas se negaron a acoger menores migrantes”, ha recordado.

Otra de las cuestiones clave para Aragón en esta Sectorial ha sido la igualdad en la respuesta en esta coyuntura de crisis: “No vamos a compartir ninguna solución que no garantice en primer lugar que todas las Comunidades Autónomas participen en igualdad en la respuesta ante la crisis migratoria, y, en segundo lugar, que no comporte una financiación adecuada y suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema aragonés de protección de menores”, ha afirmado Carmen Susín: “Eso supone que el Estado asuma el coste de todo el acompañamiento hasta la emancipación”.

Corresponsabilidad y altura de miras

Aragón ha señalado que entre los migrantes adultos que se trasladaron dentro del programa humanitario que gestiona el Gobierno de España hubo 98 personas que se declararon menores de edad a su llegada a la Comunidad. El Gobierno de Aragón, en el ejercicio de su responsabilidad y competencia, activó la emergencia administrativa el pasado noviembre para crear las plazas necesarias para su atención, que ha tenido un coste superior a los 800.000 euros que el Ejecutivo central no ha querido asumir, porque a día de hoy "sigue negando que llegaran menores entre esos adultos", ha precisado Susín. De ellos, tal y como se desprende de las pruebas de edad realizadas, sólo 10 han resultado finalmente ser menores cuya tutela y acogida “está financiando la Comunidad Autónoma, sin ningún apoyo económico del Estado”, ha remarcado.

Por último, y ante las recientes declaraciones del Delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, en las que afirmaba que la acogida de menores migrantes es una cuestión de voluntad y de búsqueda de recursos (sic), la consejera de Bienestar Social y Familia ha apuntado que “poco puede aportar el señor Delegado en esta cuestión cuando ni su propio Gobierno tiene la deferencia de avisarle del traslado de personas migrantes a la Comunidad Autónoma; no es un interlocutor válido”, ha valorado.

En este sentido, Susín le recuerda a Beltrán que está faltando a su compromiso de intermediar con el Gobierno de España para que asuma el coste de las ya mencionadas plazas extraordinarias que hubo que activar para atender, separados de los adultos, a ese centenar de personas que se declararon menores el pasado invierno. “La voluntad del Gobierno de Aragón de ofrecer respuestas ha quedado patente; la duda es cuál es la voluntad del Gobierno de España y del representante de Pedro Sánchez en Aragón”, ha concluido la Consejera.