El Gobierno da un paso adelante en la modificación del Código Foral para consolidar los derechos de los aragoneses con discapacidad

Construir un Aragón inclusivo que apoya la autonomía plena de todas las personas y que sabe ver en la diversidad una oportunidad para crecer: ése es el objetivo del Gobierno de Aragón en lo que respecta a las personas con discapacidad en esta legislatura. Así lo ha expuesto este miércoles la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ante los representantes de las 17 entidades que conforman CERMI Aragón.

"Las instituciones tenemos que acompañar a las personas con discapacidad", ha recordado Susín: "De lo que se trata es de que las instituciones pongamos todos los medios para que las personas con discapacidad puedan ejercer con plenitud sus derechos y puedan gozar de plena autonomía en la toma de sus decisiones". 

En esta línea, ha anunciado que "el día 30 de enero va a al Consejo de Gobierno la reforma de nuestro Código de Derecho Foral para adaptarlo a las modificaciones que ya hizo el Código Civil respecto a las personas con discapacidad y sus derechos en materia civil", una cuestión en la que ha trabajado en los dos últimos años la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Tras el Consejo de Gobierno, el anteproyecto de Ley de modificación del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad podrá ser remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

La mañana ha comenzado con una visita a la sede de Plena Inclusión Aragón, presidida por Santiago Villanueva, que cumple 60 años de trayectoria en 2024. Allí la consejera ha podido conversar con sus representantes y con varios miembros de Los que no se rinden, la primera asociación en España creada por personas con discapacidad intelectual el año 2015. A continuación se han trasladado a las instalaciones de CERMI Aragón junto a su presidenta, Marta Valencia, donde han compartido un encuentro de trabajo

El primer punto a tratar ha sido el impacto de la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" y reemplazarlo por el de "personas con discapacidad". Esta reforma constitucional fue propuesta en primer lugar por CERMI en 2018 a nivel nacional y que ha sido una demanda firme y sostenida del movimiento cívico de la discapacidad a lo largo de dos décadas.

“Uno de cada 10 aragoneses convive con algún tipo de discapacidad y cualquier decisión que mejore su día a día, sea del tipo que sea, es una buena noticia para todos”, ha recordado la Consejera en la reunión. Desde el Gobierno de Aragón se valora como un gran paso que va mucho más allá de la mera sustitución de una palabra por otra:  "No es sólo léxico", remarcaba Susín, "implica mucho más que el cambio de una palabra".

“Hemos conseguido una Carta Magna más inclusiva y respetuosa con los cuatro millones de españoles que conviven en su día a día con la discapacidad”, ha afirmado la responsable de Bienestar Social y Familia, que ha señalado que en casi el 20% de los hogares aragoneses encontramos a una persona con discapacidad; unas 117.000 personas. “La reforma constitucional nos ha permitido hablar sobre todas ellas, sobre sus necesidades y reivindicaciones, y darnos la oportunidad de seguir planteándonos mejoras en otros ámbitos”.

Los avances legislativos, una prioridad

El objetivo de la reunión de este miércoles ha sido establecer los retos inmediatos y a medio plazo que conforman la agenda de las entidades de la discapacidad en Aragón. Tal y como ha recordado Susín, el pasado mes de diciembre de 2023 se firmó el acuerdo entre el Gobierno de Aragón y CERMI para el desarrollo de la Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón. 

Dicho documento recoge las respuestas del actual Ejecutivo para impulsar la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en los términos acordados tras un proceso de escucha y diálogo con las entidades que implica a los Departamentos de Presidencia, Hacienda, Economía y Empleo, Educación, Sanidad y Bienestar Social y Familia. El acuerdo tiene una vigencia de cuatro años y articula espacios e instrumentos de colaboración entre el Gobierno de Azcón y las entidades de la discapacidad representadas por CERMI.

El acuerdo incluyó la creación de una Comisión de seguimiento de las políticas integrales de discapacidad en la Comunidad Autónoma de Aragón que va a reunirse el próximo 5 de febrero. Es un instrumento para garantizar el diálogo permanente entre el tejido asociativo de la discapacidad y el Gobierno de Aragón. La responsable de coordinar esa comisión es la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia, que se ha comprometido una vez más a trabajar por el mejor modelo posible de inserción para el colectivo en todos los ámbitos.