Susín, sobre la financiación de la dependencia: “Atendemos a más personas, se conceden más prestaciones y el Gobierno central no cumple su parte”

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha participado por videoconferencia en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que se ha desarrollado este lunes en Madrid, en la sede del IMSERSO.

Sobre el proyecto de acuerdo para el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2024 del nivel acordado de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, Aragón ha lamentado que la prórroga de los PGE suponga de hecho "una congelación" de esa financiación y que el sistema de dependencia se gestione en un escenario de "desigualdad" entre las Comunidades Autónomas, divididas así en dos velocidades: "Por un lado están las CCAA donde están los socios que sostienen a Sánchez y por otro, el resto", ha deplorado Carmen Susín.

Susín ha recordado que en Aragón se ha registrado un aumento de personas valoradas dentro del sistema de la dependencia y, por lo tanto, de los servicios y prestaciones que reciben y se ha habilitado la compatibilidad entre ambos que estableció el Real Decreto 675/2023, de 18 de julio: “Todo esto hace que las CCAA tengamos que incrementar nuestros presupuestos para atender a la dependencia sin que el Estado haga lo mismo”. 

En este punto, el Departamento de Bienestar Social y Familia ha recordado que se están tramitando nuevas prestaciones recogidas por el mencionado Real Decreto, que supone un "importantísimo incremento de presupuesto sin cofinanciación por parte del Estado", un hecho a lo que ahora se suma esa "congelación de facto" de la financiación de la dependencia.

“Además sigue sin cumplirse la Ley que establece que el Estado debe asumir el 50% del nivel acordado de la dependencia”, ha añadido la consejera de Bienestar Social y Familia, si bien a Cataluña y País Vasco sí se les va a pagar ese 50%, lo que supone “un agravio”: “Para Sánchez también hay personas con dependencia de primera y de segunda”, ha afirmado Susín, “porque algunas CCAA sí tendrán la posibilidad de mejorar sus sistemas y otras estaremos lastradas por los acuerdos con los independentistas”. 

“En definitiva, las personas mayores y dependientes son las paganas de la política de Sánchez, que sacrifica a todos los españoles por mantenerse en el poder”, ha concluido Susín.

De acuerdo con datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales actualizados a 31 de mayo de 2024, en Aragón se ha superado el total de 51.000 prestaciones –tanto económicas como en servicio– para personas dependientes: en julio de 2023 sumaban 45.390 prestaciones y en mayo de 2024, han ascendido hasta las 51.026, un 12,4% más. “Aragón va a cubrir más 5.000 prestaciones de la dependencia más que hace un año y el Estado no va a acompañarnos en ese esfuerzo”, lamentaba Carmen Susín tras la reunión.

Dentro de ese total de más de 51.000 prestaciones en vigor que hay en Aragón, se ha registrado un aumento del número de aragoneses que acceden al servicio de promoción de la autonomía personal (4.237), teleasistencia (6.319), servicio de ayuda a domicilio o SAD (5.398), centro de día (1.771) o a una prestación económica para cuidados en el entorno familiar o PECEF (20.673).

Otros datos sobre dependencia en Aragón

El sistema público aragonés de la dependencia ha superado en mayo los 56.000 expedientes activos: el aumento desde el 31 de diciembre de 2023 ha sido de 1.452 usuarios, hasta llegar a los 56.234 registrados a 31 de mayo de 2024. Hay 49.012 personas valoradas, esto es, con una resolución de grado activa y vigente en la Comunidad, y el 96% de todas las altas dentro del sistema corresponden a Zaragoza.

En torno a 2.000 aragoneses han solicitado ser valorados para acreditar un posible grado de dependencia en los cinco meses –de enero a mayo– que llevamos de 2024, mientras que en la anterior legislatura se producían una media de 3.000 nuevas solicitudes cada año. Ese incremento del número de solicitudes que se registran obedece a un cambio de gestión: se ha optado por facilitar el acceso al proceso de valoración al mayor número posible de personas, sin topar las nuevas entradas, y se están poniendo en marcha medidas para conseguir aumentar la capacidad de resolución de expedientes con recursos técnicos y humanos, de modo que todos los aragoneses que lo necesiten puedan ejercer su derecho.

A mediados de 2023 se superó la barrera de las 40.000 personas con derecho a un servicio o prestación por su condición de dependientes y en mayo de 2024 se ha alcanzado las 41.052 beneficiarias: en cifras absolutas, en un año más de 3.000 aragoneses se han convertido en beneficiarios del sistema público de dependencia. La valoración de la situación de dependencia incluye la información, análisis de las prestaciones disponibles, el diagnóstico y una orientación a la persona que solicita esa evaluación; por último, se propone y valida el Programa Individual de Atención (PIA).