Díaz reclama una mayor financiación del Estado a la Universidad y mecanismos para garantizar su papel vertebrador del territorio

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, y el ministro de Universidades, Joan Subirats, han mantenido hoy un encuentro de trabajo en la sede del Gobierno aragonés. En la reunión, han estado presentes también el director general de Universidades, Ramón Guirado, y la directora de gabinete del ministro, Marta Cruells. El primer encuentro bilateral entre ambos responsables, tras el relevo producido en la cartera ministerial en diciembre, ha servido como primera toma de contacto y ha girado en torno a los retos del sistema universitario y su futura regulación, la financiación de la educación superior y su papel esencial, la investigación en los campus, así como nuevas medidas para avanzar hacia la gratuidad de los estudios universitarios y combatir la precariedad en las universidades. Durante la reunión, Díaz ha trasladado las sensibilidades de Aragón ante la gran reforma universitaria que quiere emprender Subirats y ha compartido la necesidad de hacer frente a los múltiples desafíos que afronta la educación superior y revertir los recortes que se impusieron en anteriores crisis y asfixiaron a los campus. Ambos han analizado el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que contempla, entre otras, medidas para reducir la temporalidad y precariedad del personal docente investigador; mejorar la gobernanza universitaria para favorecer la incorporación de más mujeres a los órganos de gobierno de las universidades españolas; luchar contra la endogamia y aumentar la calidad de la docencia, la investigación y la gestión. Y han coincidido en la necesidad de seguir avanzando “hacia una universidad de mayor calidad, igualitaria, generadora de conocimiento e investigación al servicio de la ciudadanía y que sea un espacio de libertad y desarrollo personal”. Uno de los retos que hay que afrontar en ese camino, ha dicho Díaz, es la correcta financiación de las universidades públicas. En este punto, la consejera ha puesto en conocimiento del ministro el acuerdo de financiación alcanzado con la Universidad de Zaragoza –que costeará el 100% de los gastos ordinarios del campus e inyectará 1.082 millones al campus en cinco años- y las peculiaridades del sistema aragonés, con campus públicos que vertebran el territorio y la problemática de titulaciones duplicadas por la oferta privada. Por ello, ha solicitado que la futura LOSU venga acompañada de una memoria económica rigurosa que garantice su implementación, y ha vuelto a reclamar “un mayor compromiso económico del Estado” con la enseñanza superior, ya que actualmente el 88% de la inversión pública en la Universidad la sustentan las Comunidades Autónomas. “Como país –ha asegurado al pedir mayores transferencias del Estado- tenemos que garantizar que los recursos humanos y financieros del sistema universitario son adecuados y suficientes para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendada nuestra universidad, como generadora de conocimiento, de innovación, de investigación y de riqueza, e importante ascensor social”.

El ministro ha lamentado que en los diez últimos años el presupuesto destinado a Universidades se haya reducido un 20% y ha ratificado su compromiso en lograr que se modifique esta lógica de descenso de financiación y se pueda llegar al menos a alcanzar el 1% del PIB para la educación superior. Y ha agradecido el “gran esfuerzo inversor” hecho desde Aragón para con el campus público.

Además, Subirats ha avanzado que continuará con el refuerzo normativo desde el Ministerio, avanzando en la tramitación de la LOSU, que confía en poder enviar al Congreso en este periodo de sesiones, tras un proceso de escucha con la comunidad universitaria que ya ha iniciado y en el que se enmarca el encuentro de hoy.  En el caso aragonés, Díaz ha sumado además el “vital papel de vertebración territorial” que desempeña la Universidad, por lo que ha pedido mecanismos que aseguren esa función en un momento en el que todas las instituciones se hayan inmersas en la lucha contra la despoblación. “La educación superior es un servicio esencial, no puede tratarse como un bien de mercado”, ha defendido. En este sentido, ha agradecido la sensibilidad del Ministerio en el desarrollo del proyecto piloto contra la despoblación en la provincia de Teruel, de la mano de la UNED y con el que colabora el Ejecutivo autonómico, para “dinamizar el territorio con ciencia y conocimiento”. En este campo, Díaz ha trasladado también a Subirats el interés de la provincia por acoger la futura Agencia Espacial Española, una candidatura en la que también se ha involucrado la universidad pública aragonesa. Otro de los horizontes deseables y compartidos desde Aragón con el Ministerio es la gratuidad de la educación superior en España, por lo que la consejera ha emplazado al ministro a seguir elevando los umbrales de renta de las becas al estudio –que han permitido un incremento sustancial de los beneficiarios los dos últimos años-, así como a continuar con una “política ambiciosa” en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria, que permita seguir reduciendo el precio de los grados universitarios. “Más becas y menos tasas”, ha reclamado, en la línea de lo efectuado en Aragón en los tres últimos cursos universitarios. En cuanto a investigación, Díaz ha abordado con Subirats cómo mejorar la estabilidad de las personas que trabajan en el sistema científico, ligado en gran parte a la universidad, y disminuir la precariedad. En concreto, ha urgido una solución para la convocatoria de las ayudas Margarita Salas, que ha suscitado quejas en varias Comunidades, entre ellas Aragón, al verse disminuidos los salarios de los investigadores porque los campus han detraído el coste patronal de la seguridad social. “Nos comprometimos a mediar una solución entre Universidad y Ministerio –ha recordado- y hemos solicitado al ministro que cuide y mejore las condiciones de vida de estos investigadores”. Además, le ha comunicado que desde el Departamento se está trabajando junto al campus en una vía que premie económicamente el retorno de estos investigadores a la Comunidad Autónoma.