Díaz reclama al Ministerio una memoria económica que garantice el desarrollo de la futura ley del Sistema Universitario

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, ha mantenido hoy un encuentro de trabajo con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, en el que han abordado el desarrollo normativo impulsado en los últimos meses desde el Gobierno central y cómo afecta al sistema universitario aragonés. Durante la reunión -que se ha producido de forma telemática y en la que ha participado también el director general de Universidades del Ejecutivo autonómico, Ramón Guirado-, la consejera ha agradecido el esfuerzo del Ministerio por tratar de hacer frente a los retos de la Universidad y revertir los recortes que se impusieron en anteriores crisis y asfixiaron a los campus, con consecuencias que aún se están pagando. En este sentido, ha dicho compartir, en líneas generales, el espíritu del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en cuanto a la reducción de temporalidad y precariedad del personal docente investigador; o a las medidas encaminadas a luchar contra la endogamia –con el “innovador portal de plazas” basado en Euraxess- o las mejoras en la gobernanza universitaria, para favorecer “romper el techo de cristal y la incorporación de más mujeres a los órganos de gobierno de las universidades españolas”. Aun así, la consejera ha reclamado una memoria económica que acompañe a la ley, con un “mayor compromiso económico del Estado” en su financiación y un “incremento de las transferencias a las Comunidades Autónomas” para el desarrollo efectivo de la norma. A este respecto, Pingarrón se ha comprometido a presentarla en las próximas semanas para garantizar la financiación necesaria que ayude a reducir la precariedad en la universidad. En este punto, la responsable autonómica ha puesto en valor el nuevo modelo global de financiación acordado recientemente entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, que cubrirá el cien por cien de los gastos ordinarios del campus con un montante de más de 1.000 millones en cinco años, como modelo a seguir por otras instituciones académicas españolas, para acercarse así a los objetivos de financiación que marca el anteproyecto. Y ha solicitado al Estado “un mayor compromiso económico” con la enseñanza superior. Desde el Ministerio han puesto de manifiesto que están alineados con la política llevada a cabo en Aragón y reconocen la necesidad de tener un mapa de titulaciones, como el que ya está ultimando la Dirección General de Universidades en Aragón para ganar en transparencia e información al estudiantado, u otros conceptos como estructuras específicas curriculares que puedan adaptar las universidades, como la mención dual, estrategias de innovación docente, dobles titulaciones o enseñanzas de grado con itinerario académico abierto. La consejera ha celebrado también la política de captación de talento para jóvenes investigadores impulsada desde el Ministerio con programas directos de ayudas de tres años de contrato, como el Margarita Salas, y ha aplaudido el novedoso plan de estancias de personal docente en centros extranjeros, que inyectará al campus público aragonés 10,7 millones en tres años. El encuentro ha servido también para debatir sobre el destino de fondos europeos en el ámbito universitario y abordar la digitalización de las universidades públicas a través de un paquete de ayudas directas, por el que el campus público aragonés recibirá algo más de 2,2 millones de euros durante este año y el próximo.