Aragón y Castilla-La Mancha intercambian experiencias en materia de servicios sociales

Los gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha mantienen hoy en Toledo una reunión de trabajo para intercambiar experiencias en diferentes temas vinculados al ámbito de los servicios sociales.   A la reunión han asistido la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; la de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez; los secretarios de Ciudadanía, José Antonio Jiménez, y del departamento castellanomanchego, Natividad Zambudio; el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos; y los directores generales de Acción Social y Cooperación, Familias y Menores y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, Ramón Lara, María Ger Martos y Ana Saavedra, respectivamente.   Entre otras cuestiones, se ha abordado el marco de concertación del Gobierno de Castilla-La Mancha con las entidades locales para la prestación de servicios sociales de atención primaria.   María Victoria Broto ha recordado a los medios de comunicación que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales firma todos los años convenios con las comarcas y los ayuntamientos grandes para la gestión de los servicios sociales generales. Por ello, ha querido conocer el marco de gestión que utiliza el Gobierno de Castilla-La Mancha con conciertos con las entidades locales con una duración de cuatro años. “Debemos reflexionar sobre este tema, porque si pusiéramos en marcha un sistema similar con convenios que duraran una legislatura en Aragón, daríamos seguridad al propio Gobierno de Aragón, a las entidades locales y a los ciudadanos”, ha dicho María Victoria Broto.   Además, ha destacado la importancia de la colaboración interinstitucional e interadministrativa para poder poner en común programas y experiencias que se llevan a cabo.   Por su parte, la consejera de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha recordado que no hace mucho tiempo se trasladó a Zaragoza para conocer en profundidad la Ley de Concertación Aragonesa que evita que las entidades sociales tengan que competir con empresas mercantiles en concursos para la gestión de programas públicos, sobre todo en el ámbito de la discapacidad y de menores. “Es un tema que queríamos conocer y aprender porque nos parece muy interesante todo lo que se ha desarrollado al respecto en Aragón”, ha dicho.   Aurelia Sánchez también ha señalado que su equipo explicará a los responsables aragoneses el sistema de coordinación entre la Consejería de Bienestar Social y los servicios sociosanitarios en todo lo relativo al sistema de dependencia.