Arranca el proceso de participación para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación de Orientación Sexual en Aragón

El proceso de participación ciudadana para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por razón de Orientación Sexual (más conocida como Ley de Igualdad LGTB) ha arrancado hoy con una sesión informativa en las que han participado unas 50 personas, representantes de diferentes departamentos, administraciones y colectivos implicados.   La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha sido la encargada de abrir este acto, en el que ha estado acompañada por la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, y el director general de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado, Miguel Miranda.   Broto ha insistido en que “tenemos la obligación de garantizar con leyes los derechos de todos” y ha recordado que la elaboración de este anteproyecto de ley fue una demanda de los colectivos y asociaciones del sector al Gobierno de Aragón, que no solo querían un plan de igualdad sino que reclamaban una norma al respecto.   “El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales tiene claro que debe velar por la igualdad y los derechos de todos y quiere que esta ley responda a las necesidades de todos”, ha destacado en el transcurso de su intervención.   Ha asegurado que debe ser una “ley transversal”, ya que en ella se abordarán cuestiones relativas a la educación, a la sanidad, a la familia y, también, a la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar sobre las cuestiones que afectan a estos colectivos.   Primeros pasos El pasado 30 de noviembre de 2016, el Consejo de Gobierno tomó en conocimiento el texto del anteproyecto de Ley, elaborado por el IAM, y que va a servir de base para el trabajo en el proceso de participación. Este se elaboró gracias a las aportaciones presentadas por los colectivos el pasado mes de septiembre.   El documento incluye medidas específicas por ámbitos competenciales para garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Dentro de estas destaca el apoyo a colectivos vulnerables como las personas mayores, con discapacidad, inmigrantes o menores. Así, recoge la elaboración de planes de atención a personas que sufren discriminación por razón de orientación sexual.   En el ámbito sanitario, además de la protección al derecho a la salud, se incluye la obligatoriedad de elaborar campañas y planes de prevención de enfermedades de transmisión sexual y la formación de profesionales del ámbito sanitario. También se señala que se desarrollarán políticas de fomento de la igualdad y la no discriminación por razones de orientación sexual en el empleo público y privado.   La formación de docentes, la información al alumnado y la necesaria inclusión de la realidad LGTB en los contenidos educativos aparecen recogidas en el capítulo IV de la norma. Se añade la obligatoriedad de elaborar planes integrales sobre diversidad LGTB y protocolos de prevención contra la discriminación.   El capítulo V se refiere a la protección de todos los modelos de familias existentes, al acogimiento y adopción así como a la violencia dentro del entorno familiar, con mención especial a los menores. Políticas de juventud, medidas relativas al ocio, la cultura, el deporte y la cooperación internacional completan el texto.   El anteproyecto, en su capítulo IX, incluye medidas relativas al ámbito de la comunicación, sobre el tratamiento igualitario de la información y la obligatoriedad de trabajar en un código deontológico que recoja fórmulas propias de un lenguaje y expresión igualitarios.   El Título III del anteproyecto presta especial atención a la administración pública en lo que se refiere a la documentación, contratación, subvenciones, cláusulas sociales para fomentar el desarrollo de medidas de igualdad y respeto a la diversidad…   Medidas sancionadoras También recoge regímenes sancionadores que persiguen robustecer las normas y dotarles de una mayor garantía. Estas sanciones van de leves a muy graves y prevén multas de 200 a 45.000 euros, pudiéndose incrementar por la agravante de reincidencia. Dichas sanciones pretenden castigar desde insultos y acciones discriminatorias leves hasta violencia por razón de orientación sexual o identidad de género.