Colaboración Gobierno de Aragón y banca para la lucha contra la violencia hacia la mujer

Nuevamente la colaboración publico-privada, en este caso entre el Gobierno de Aragón, por medio del Instituto Aragonés de la Mujer e Ibercaja, sirve para trabajan en beneficio de los ciudadanos. Hoy concretamente el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván y la directora de la obra social de Ibercaja, María Teresa Fernández han suscrito un Convenio para el patrocinio de proyectos de mujer, especialmente aquellos que van  dirigidos a mujeres víctimas de violencia de genero y a sus hijas e hijos. La importancia de dicho convenio radica en que es la primera vez que una entidad bancaria participa conjuntamente con el Instituto Aragonés de la Mujer en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Según Oliván “La preocupación social y política existente hacia esta problemática exigen que los distintos ámbitos de la sociedad actúen de una forma coordinada y complementaria. De esta forma rentabilizaremos recursos, actuando de una manera más integral y contribuyendo en definitiva a la prevención, protección y asistencia a los casos de violencia de género”.

A través de dicho acuerdo va a ser posible complementar acciones del Instituto Aragonés de la Mujer en la educación en valores de igualdad, y consiguientemente de prevención de la violencia de género, a través de talleres que se impartirán en los distintos centros de Educación Secundaria de nuestra Comunidad Autónoma.

Así ha afirmado el consejero que “es muy importante resaltar que la lucha contra la violencia de género es una tarea en la que debe implicarnos a todos. Si bien es cierto que en mayor medida las mujeres sufren esta lacra social, mal enfoque estaremos dando a este problema si no somos capaces de involucrarnos todos en el objetivo común que perseguimos que no es otro que la erradicación total de cualquier tipo de violencia de género”.

En Aragón el número de denuncias en el año 2012 ascendió a 3.228 según datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial, teniendo que lamentar la muerte de 42 víctimas mortales en España, una de ellas en Aragón.